RESISTENCIA CIVIL Y HARTAZGO CIUDADANO

“Allí donde acaba la ley empieza la tiranía, quien ejerciendo autoridad se excede en el poder que le fue otorgado por la ley, y se sirve de la fuerza que tiene al mando suyo para cargar sobre sus súbditos obligaciones que la ley no establece, deja por ello mismo de ser un magistrado y se le puede ofrecer resistencia, lo mismo que a cualquiera que atropella por la fuerza el derecho de otro”: John Locke, Ensayo Sobre el Gobierno Civil.

Tradicionalmente, la resistencia civil puede expresarse en diferentes formas: desde la negativa al pago de impuestos hasta la desobediencia de las leyes, y en casos extremos puede incluso convocar a la violencia. El derecho a la expresión pública y la manifestación pacífica del disenso por parte de los ciudadanos proyecta un uso persuasivo de la resistencia civil en un sistema de reciente democratización como lo es el nuestro que prevé además escasos mecanismos de consulta directa. Dentro del marco legal vigente la resistencia civil se presenta como una forma de protesta dentro de las posibilidades que ofrecen los métodos políticos democráticos tradicionales. La resistencia civil cuestiona la eficacia del orden constituido sin meterlo en crisis y es representativa de la amplia gama de modalidades de protesta social frente a las incapacidades del poder público. La resistencia civil busca deslegitimar al gobierno por su ineficacia en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad y no es resultado de ninguna manera de la “politización de la inseguridad pública” como sostienen algunos. Esta forma de protesta es considerada “civil” justamente porque acentúa el componente ciudadano en oposición al de la sociedad política y porque pone en evidencia el carácter público, pacífico y demostrativo de los actos de resistencia ciudadana. En la historia del pensamiento político existen dos maneras de concebir la degeneración del poder: de un lado, el abuso en el ejercicio del poder (tyrannus quoad exercitium) y del otro, el defecto de legitimación (tyrannus absque titulo) que puede derivar, entre otras cosas, de la ineficaz gestión del poder político.

El malestar social se incrementa rápidamente cuanto más aumenta la conciencia social sobre la ineficacia e ineficiencia del gobierno sin importar su carácter local o nacional. En el pensamiento democrático el deber de la desobediencia civil se encuentra implícitamente contrapuesto al deber de la obediencia civil, es decir, al deber de obedecer la ley planteado como un principio de cualquier orden democrático. Las justificaciones de la resistencia civil se encuentran en una ley moral superior a las leyes de cualquier gobierno y en la necesidad de oponerse a violaciones flagrantes de los derechos humanos o a la incapacidad manifiesta del gobierno. La eficacia de la desobediencia civil radica en que es una forma de oposición a las políticas de los gobiernos que se fundamenta en motivaciones de conciencia y legitimidad. La resistencia civil tiene objetivos no destructivos sino más bien innovativos del orden jurídico por lo que el gran filósofo de la política John Rawls considera que “la desobediencia civil representa un acto político consciente, público y pacífico contra la ley, realizado con la intención de cambiar la ley o la política del gobierno”. Se considera que la resistencia civil se debe emprender como último recurso y cuando han ya fracaso los caminos de la persuasión y del diálogo. El “deber de la obediencia” y el “derecho a la resistencia” han sido dos temas clásicos de la teoría política. El estudio de las formas de adquisición, ejercicio y conquista del poder, nunca abandonó la reflexión sobre las modalidades de resistencia a la opresión y a la ineficacia de los gobiernos. La pregunta: ¿cómo puede el ciudadano de los modernos regímenes democráticos resistir a los dictámenes de un gobierno considerado injusto, opresivo o ineficaz?, plantea las dimensiones del problema de la violencia institucionalizada y de la enorme capacidad destructiva y organizativa de la delincuencia. La práctica de la resistencia ciudadana es quizá la única forma de presión legitima que sirve en última instancia para modificar las relaciones de poder vigentes en el interés de los gobernados. No hay duda de que el viejo tema de la resistencia civil adquiere actualidad en el contexto que estamos viviendo de fracaso de las instituciones. La saludable reactivación de la sociedad civil encarna, sin embargo, el riesgo latente de un despertar caracterizado por las convocatorias fundamentalistas a la “antipolítica” y al rechazo de las instituciones y de sus representantes.