Derechos Políticos en México

Cambio Político, Reforma del Estado y Derechos Humanos. La alternancia política que significó el arribo de Vicente Fox al poder Ejecutivo fue un acontecimiento que marcó históricamente a la sociedad mexicana. Por vez primera, en 71 años, la administración federal quedó bajo la responsabilidad de un partido de oposición. Al mismo tiempo, el Congreso de la Unión se habría de conformar de manera tal que ninguno de los partidos más representativos contaría en el futuro inmediato con mayorías absolutas. Las elecciones del 2000 inauguraron formalmente la posibilidad de modificar, a fondo, el legado de un régimen que violentó sistemáticamente los derechos políticos y que sentó las bases de un modelo económico que ha devenido en la agudización de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy se entiende que un gobierno democrático no se cimienta únicamente en los votos sino que su legitimidad deriva de la observancia de la integralidad de los derechos humanos [1]. Para dar plena vigencia a estos derechos se requiere, necesariamente, de una Reforma del Estado, y no solamente de una Reforma en el Estado, no sólo una Reforma del Ejecutivo sino también una Reforma del Legislativo y del Judicial. Una Reforma del Estado que haga verdadera la separación de los poderes como parte del desarrollo político y democrático del país [2]. Una Reforma del Estado que en todas las esferas de gobierno se ponga como eje el desarrollo humano, la participación ciudadana y la equidad. Elecciones y Partidos. La transición a la democracia en México se ha centrado en una transformación profunda de la arena electoral. De manera particular se pueden identificar dos procesos que condensan la profundidad y el ritmo de los cambios electorales: 1) el paso de una competencia partidista limitada desde el poder, a una libre, transparente y equitativa y, 2) el tránsito de elecciones poco o nada disputadas a elecciones competitivas. Este proceso ha implicado el nacimiento de un sistema de partidos plural y competitivo aunque no necesariamente estable y consolidado, capaz de garantizar que los partidos que forman parte de él cumplan con sus funciones institucionales y de representación. Tal parece que los partidos mexicanos han sido incapaces de cambiar y consolidar sus procesos y reglas internas, esto es, dejar de ser partidos de la transición para convertirse en partidos de la democracia. El proceso de consolidación democrática que hoy necesita México requiere de la activa participación de los partidos políticos. Sin embargo, en un marco de fragmentación e inestabilidad interna como el que hoy los caracteriza, difícilmente están en condiciones de contribuir a dicha tarea. A ello se añade la necesidad de redefinir las reglas de interacción entre los partidos, en la medida en que las que prevalecen hasta ahora, si bien hicieron posible la transición política, no son todavía suficientes para garantizar la consolidación democrática. En las pasadas elecciones federales de julio de 2003, en medio de un ambiente político desfavorable, los partidos mostraron un desempeño ciertamente muy por debajo de las expectativas de actores sociales y ciudadanos, pero, muy en sintonía con su endeble institucionalización, con los crecientes problemas internos que enfrentan y, en suma, con su corta experiencia en contiendas democráticas. La incapacidad de los partidos mexicanos para llevar a cabo sus funciones de representación e institucionales, imprescindibles en las democracias modernas, revela en gran medida las condiciones en las que se desenvuelven actualmente.

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[1] El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a la función pública. Cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado, el Pacto impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara. El artículo 25 apoya el proceso del gobierno democrático basado en el consentimiento del pueblo y de conformidad con los principios del Pacto: Cfr. Comité de Derechos Humanos, Comentario sobre el contenido del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 57° período de sesiones, 1996. Observación general Nº 25 .

[2] La Reforma “en el” Estado en México ha sido de liberalización y apertura política y ha establecido un modelo formal de democracia con elecciones libres, auténticas, periódicas, con sufragio universal, libre, secreto y directo, con financiamiento público de los partidos y de sus campañas electorales, con una institución pública y autónoma, el IFE, que busca garantizar condiciones de equidad en la competencia política: Cfr. El Sistema Mexicano de Justicia Electoral. Proceso Electoral Federal 2002-2003, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, julio 2003, p. 163.