Acceso a la Justicia Ambiental

“El mundo no pertenece a una determinada especie, pertenece al mundo”: Libro de Lüh-Shih, IV siglo a.C.

Isidro H. Cisneros

Los recientes derrames de petróleo en Veracruz y Tabasco como consecuencia del mal estado en que se encuentran los oleoductos de Pemex han provocado importantes daños en el ecosistema de la región. Hasta el momento no existen culpables y a pesar de que el desastre ambiental ha sido calificado por algunas organizaciones como “ecocidio” sólo han sido clausurados algunos ductos y pozos petroleros. La empresa estatal ha minimizado el accidente y se ha limitado a justificarlo señalando que su infraestructura es obsoleta dado que la ausencia de “reformas estructurales” le han impedido realizar inversiones para renovarla. Como si fuera posible reducir todo a cuestiones meramente económicas, ha anunciado que limpiará las lanchas y manglares y que indemnizará a pescadores y residentes cuyas viviendas se mancharon del combustible. Es preocupante la irresponsabilidad de Pemex ante los impactos nocivos que provoca. Esta situación se agrava por la indiferencia de los funcionarios a distintos niveles, empezando por el titular de la Semarnat, quien considera que el derrame no representa graves daños “dado que fue de petróleo ligero del que queda por encima de la superficie y por lo tanto no baja a los mantos freáticos”, y por la ineficacia de la autoridad representada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se encarga de la aplicación de las leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en la materia. El Procurador ha brillado por su ausencia. Es de resaltar el trabajo del Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat, y de muchos voluntarios, quienes se dieron a la tarea de auxiliar y limpiar a las aves que quedaron presas del hidrocarburo. Aproximadamente 350 pelícanos y 130 aves de otras especies están siendo rehabilitadas y reintegradas a su entorno. Pemex tiene un promedio de tres accidentes por semana y al de Veracruz se han sumado en los últimos días otro derrame en Tabasco y un incendio en Michoacán. Observamos devastación ecológica y alteraciones ambientales en diversas regiones del país con deforestación, erosión de suelos, contaminación de cuerpos de agua, mortandad de peces y desertificación creciente como principales características. La política de aprovechamiento de los recursos naturales se ha fundamentado en el uso de tecnologías que afectan las cadenas biológicas y los ecosistemas. Además el deterioro ambiental ha impactado en la autosuficiencia alimentaria ocasionando una creciente presión sobre los recursos naturales. Por estas razones es que la democratización mexicana ha encontrado en el tema del medio ambiente una de sus más importantes debilidades. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano que plantea el derecho a la vida, a la salud, al bienestar y a vivir con calidad de vida adecuada manteniendo las condiciones de sustentabilidad. El derecho a un medio ambiente sano exige la protección de las tierras y territorios contra la degradación ambiental y el uso irracional de los recursos por parte de particulares o del gobierno. El derecho al medio ambiente sano representa un derecho colectivo que implica la obligación del Estado de promover la calidad de vida y de la sociedad civil la oportunidad de reivindicarla. En nuestro país no existen prácticamente procesos judiciales en los que se ventilen intereses ambientales. Esto denota la existencia de fuertes obstáculos para la participación social y para acceder a la justicia administrativa, civil y penal en demanda de la aplicación de la legislación ambiental, y además, evidencia fuertes restricciones al reconocimiento por parte del Estado del derecho que tienen los ciudadanos o grupos para la defensa y protección del medio ambiente. La injusticia ecológica se produce cuando la explotación de los recursos no incluye la reparación del daño ambiental ocasionado. El respeto a los derechos humanos constituye la base y el fundamento para el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía, y dentro de ellos es posible incluir también los “derechos de la naturaleza” que se relacionan con la necesidad de preservarla en todas sus expresiones tanto de fauna y flora como de medio ambiente en general. Esta temática cobra angustiante realidad en el caso mexicano en donde la pérdida y degradación de nuestros recursos y del entorno natural no sólo limitan nuestro potencial de desarrollo presente y futuro, sino que comprometen el bienestar de la población y el destino del país. Que el tema de los derechos humanos esté en la agenda política de nuestros días debería inducir al gobierno a reconocer que la democracia no es solamente un sistema electoral sino que es fundamentalmente un modo de vida en donde la cultura de la legalidad y de la civilidad, así como del respeto de los derechos de la naturaleza, son aspectos centrales de la vida democrática del país.