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20 febrero 2013

DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU a partir de 1994 con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en cuestiones como derechos humanos, procuración de justicia, participación política, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. México tiene la población indígena más numerosa del Continente Americano.




















De acuerdo con datos del último Censo de Población y Vivienda, la población indígena en México es de 15.7 millones personas que representan el 14% de la población total. Los indígenas se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional y cada vez tienen mayor presencia en las zonas urbanas. Sin embargo, cerca del 80% de la población indígena se concentra en ocho entidades: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Yucatán, Campeche, Veracruz y San Luis Potosí. En México existen más de 156 mil asentamientos dispersos en 803 municipios en los que más del 30% de la población habla una lengua indígena. Si se toma en consideración el criterio lingüístico se estiman 62 pueblos y comunidades indígenas, aunque en el país se hablan más de 85 lenguas y sus variantes dialectales. Al referirse a estos pueblos y a sus derechos humanos resulta inevitable hablar de situaciones de inequidad, marginación, desigualdad, pobreza extrema, injusticia y persistente discriminación. Los indígenas viven en desventaja frente al resto de la población, son víctimas frecuentes de la exclusión social, económica, política y cultural. En pleno siglo XXI más del 95% de las localidades donde viven los pueblos indígenas son de alta y muy alta marginación. En estas regiones, generalmente apartadas de los grandes centros económicos, se mantiene con frecuencia una agricultura de subsistencia. A pesar de que cuentan con recursos naturales, la falta de asesoría técnica y apoyos económicos no les permite aprovecharlos. Los pueblos indígenas representan el sector social que registra los mayores índices de pobreza y marginación en nuestro país. Se calcula que el ingreso de la mayoría de ellos es de poco más de 3,000 pesos al año, lo cual significa 250 pesos al mes y 8.30 por día, con lo que deben satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y vestido. Esta situación se remonta al tiempo de la colonia.


En materia de derechos humanos el principal problema es la falta de reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos. No contamos con un adecuado marco normativo para salvaguardar estos derechos colectivos de los pueblos indígenas y es notoria la ausencia de políticas públicas específicas para ellos. Las reformas legales no han propiciado soluciones estructurales a las violaciones de estos derechos que afectan a los indígenas. Precisamente los problemas que sufren estos pueblos, como la secular pobreza extrema, los conflictos agrarios, la disputa por el uso preferente de los recursos naturales, el ejercicio de su autonomía, entre otros, no pueden solucionarse con el marco jurídico existente. La razón es que dicha normatividad establece para los indígenas sólo políticas de asistencia social, pero no los reconoce como sujetos colectivos de derecho, y menos aún reconoce sus derechos fundamentales como la libre determinación a través de la autonomía. Además, la información que existe sobre ellos, aún es precaria. No se fomenta la investigación sobre su historia, su vida presente, su cosmovisión, sus formas de organización, sus recursos, sus demandas y sobre los problemas que enfrentan. Poco se ha avanzado en el reconocimiento de sus formas de gobierno y de sus “usos y costumbres” en los procesos de participación política.





Todo esto a pesar de existir un amplio marco de derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que México ratificó desde 1990. Este Convenio es uno de los principales instrumentos internacionales para la defensa, promoción y reconocimiento de los derechos indígenas. Incluye definiciones importantes respecto al término “pueblo” como sujeto de derecho. Es deseable que ante esta grave situación, el Poder Ejecutivo que asumirá próximamente la conducción del país, instrumente y ponga en marcha un amplio programa de “acciones afirmativas” contra la discriminación estructural que padecen los pueblos indígenas. Esta estrategia antidiscriminación debe garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. México es una nación pluricultural y pluriétnica y, por tanto, es prioritario construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en el diálogo entre culturas y en el respeto de las diferencias. Ésta es la única manera como podrán erradicarse formas ancestrales de desigualdad y discriminación que tanto han lastimado la libertad y la dignidad de las personas. La temática de los derechos colectivos plantea para México la necesidad de imaginar un nuevo pacto social y político que reconozca el pluralismo jurídico y los derechos humanos, no sólo individuales, sino también colectivos de los pueblos indígenas.