EL CLIMA SE TRANSFORMA: ¿Y LA POLÍTICA?

La democratización mexicana ha encontrado en el tema de los derechos humanos una de sus más importantes debilidades. Respetarlos constituye el fundamento para el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía, dentro de los que también podríamos incluir otro tipo de derechos que se vinculan con el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Nacen así los denominados “derechos de la naturaleza” relacionados con la necesidad de preservar el medio ambiente en todas sus expresiones. Numerosos estudios científicos demuestran que los fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes y destructivos a causa de las transformaciones globales del clima: inundaciones, temperaturas extremas, prolongadas sequías y crecientes desertificaciones son una constante a lo largo del planeta. En México esta temática cobra angustiante actualidad frente a la degradación de los recursos y del entorno natural que limitan nuestro potencial de desarrollo presente y futuro, además de comprometer el bienestar de la población y el destino del país. En este contexto, termina en Durban, Sudáfrica, la 17 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en la que se reunieron cerca de 20 mil delegados y observadores de 195 países para abordar las amenazas que representa el cambio climático cuyos efectos observamos prácticamente todos los días. Uno de los más importantes acuerdos internacionales en la materia es el Protocolo de Kioto, firmado en 1997 y en vigor desde 2005, que estableció compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados, con excepción de EU que no asume responsabilidades concretas.

El Protocolo vence el próximo año y los negociadores intentan llegar a otro acuerdo que sirva de transición hacia un nuevo pacto internacional jurídicamente vinculante. Rusia, Japón y Canadá han adelantado que no renovarán el tratado en tanto que China, EU y la India no adquieran compromisos similares dado que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. La Unión Europa ha propuesto un nuevo convenio que, firmado en 2015 y vigente en 2020, obligue por igual a países desarrollados y emergentes. Mientras todos se ponen de acuerdo, el deterioro del medio ambiente continúa. Nunca antes la catástrofe del ecosistema planetario fue tan meticulosamente anunciada. Desde hace tiempo, las amenazas de “geocidio” y de asesinato de la tierra se multiplican. No son profecías apocalípticas sino fríos reportes científicos.

En México la problemática ecológica todavía no se ha convertido en un asunto que involucre al conjunto de la población. No existe en la sociedad civil y ni siquiera en la clase política y los partidos, una seria preocupación al respecto. Se requieren ciudadanos sensibles a la tutela de la naturaleza en virtud de que defender el ambiente no sólo es responsabilidad del Estado. Una política de carácter democrático asume en la cultura ecológica un fin social y el bienestar colectivo. Todos los habitantes desean gobiernos democráticos pero también aire limpio, agua suficiente y protección al medio ambiente de alta calidad. Ante el dramático deterioro ambiental en nuestro país es necesario impulsar programas que defiendan a la naturaleza de los “imperativos del progreso”. El filósofo alemán Hans Jonas señala que la supervivencia humana depende de nuestros esfuerzos para cuidar el planeta y su futuro. Ha propuesto una ética de la naturaleza y un principio de responsabilidad en donde las normas morales induzcan a los individuos a renunciar a sus intereses inmediatos para abrazar los intereses colectivos.

Resulta pertinente promover un diseño político-institucional de carácter incluyente, una forma de cooperación social en defensa del medio ambiente, que complemente las obligaciones del Estado y haga sentir a los individuos que forman parte de una colectividad. La preocupación ecológica debe formar parte de la vida diaria de las personas evitando que se reduzca a un tema de moda o de campañas electorales. Entre más pospongamos la generación de una conciencia ecológica entre los ciudadanos, más perderemos riqueza y biodiversidad. El debate debe abarcar diversos temas como ahorro de energía, reciclaje de desechos y ampliación de zonas verdes. En la lucha contra la contaminación y en defensa de nuestro entorno ambiental la sociedad civil tiene que desempeñar un rol activo. Por ello, en el tema de los derechos de la naturaleza es de vital importancia que prevalezca el acceso a la justicia ambiental, es decir, la obtención de soluciones expeditas e integrales por parte de las autoridades judiciales a conflictos jurídicos que involucran al medio ambiente. Que el tema de los derechos humanos esté en la agenda política de nuestros días debería inducir a reconocer que la democracia no es solamente un sistema electoral sino que es, fundamentalmente, un modo de vida en donde la cultura de la civilidad y el respeto por la naturaleza son aspectos centrales de la vida cotidiana.

Es por eso que aplica a México la demanda social expresada en Durban: “El clima cambia. La política debe cambiar”.