DIMENSIÓN URBANA DE LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
Hoy 14 de marzo 2013 se cumplen los primeros 100 días de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con una aprobación de los capitalinos del 57% a este tramo de su gestión. En las elecciones del primero de julio de 2012 tuvo un triunfo tan holgado, que en su campaña no requirió ni de la presencia, ni del apoyo, de López Obrador o de Marcelo Ebrard. Este último obtuvo en las elecciones de 2006 poco más de 2.2 millones de votos que representaron el 46.3% del total, mientras que Mancera ganó abrumadoramente, obteniendo casi un millón más de sufragios que su antecesor. Siendo candidato de la izquierda recibió poco más de 3 millones de votos, equivalentes al 63.5% de la votación.
Mancera representa, en la Ciudad de México, una voz nueva y una imagen pública ciudadana alejada de las formas tradicionales de hacer política. En su primer día de gobierno delineó 40 compromisos articulados en torno a programas sociales, seguridad pública, escuelas de tiempo completo, internet gratuito, transporte y movilidad urbana eficientes, así como simplificación de trámites y servicios en todo el gobierno. Pero quizá uno de sus principales aciertos, en este corto período al frente de la administración pública capitalina, ha sido la creación de la Agencia de Gestión Urbana, a partir de la cual se pretende dar consistencia práctica a su principal proyecto político para la ciudad, sintetizado en la frase: Decidamos Juntos. El establecimiento de este órgano desconcentrado constituye una importante transformación de las modalidades, tiempos, contenidos y formas de administrar y proveer los servicios públicos en el Distrito Federal. Representaría una nueva forma de gestión pública orientada a producir importantes instrumentos de legitimación y reorientación de las políticas de gestión del territorio. Ahora el City Manager tiene el enorme desafío de concretar iniciativas participativas para hacer realidad la cercanía con los ciudadanos.
La participación ciudadana es un método para conocer las exigencias de la gente, para cooperar en la gestión de los servicios y para hacer posible la creatividad social. Los habitantes de la ciudad nos encontramos cada vez más desligados de nuestro entorno, incapaces de entender, arreglar y transformar, aceptando lo que se nos presenta como incontestable porque no somos conscientes de la complejidad de los procesos, causas y consecuencias que implica cada decisión. El espacio público ha dejado de ser un lugar para el encuentro y se ha convertido en un espacio marginal, diseñado conforme a los requerimientos privados. Impera un modelo de ciudad en el que prevalece el interés económico, con un ocio limitado basado primordialmente en el consumo, ligado a la movilidad motorizada y que da como resultado un espacio público carente de calidad ambiental. En este problemático contexto, el mandato electoral que recibió el Jefe de Gobierno se encuentra estrechamente articulado con la idea de la participación ciudadana. Decidir juntos quiere decir socializar la toma de decisiones. En nuestras sociedades masificadas y complejas, el ejercicio real del poder ciudadano pasa necesariamente por diversos mecanismos de consulta y democracia directa.
Es necesario romper los vínculos feudales de dependencia, a la larga paralizantes, de la acción de gobierno respecto de los grupos políticos. La integración de un gabinete alejado de las tribus perredistas, sin cuotas de poder y con mayor autonomía para gobernar ha sido otra característica de este periodo. La Ciudad de México requiere de una izquierda renovada, moderna y democrática que acepte todas las críticas y que no se encierre en su mundo, sino que se abra lo más posible a la sociedad civil. El Jefe de Gobierno sabe que el gran apoyo ciudadano que respalda su gestión representa, también, una oportunidad para modernizar al PRD en su principal bastión político, para dejar de ser un partido clientelar y convertirse en una organización en perfecta sintonía con sus electores. En esta ruta se encuentra la necesidad de otorgar a la capital del país de una Constitución Política propia que establezca nuevas instituciones, reglas y garantías para el conjunto de los actores que aspiran a gobernarla. El Distrito Federal siempre ha sido una entidad con características específicas dado que no forma parte de los 31 estados a pesar de que es parte integrante de la Federación. No cuenta con el mismo régimen jurídico porque nuestra norma suprema sigue conservando disposiciones que otorgan facultades de carácter local a órganos federales. La reforma política para el Distrito Federal debe ser una prioridad. Debido a la magnitud de los problemas que enfrenta la ciudad, impulsar el proceso de democratización significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las diversas formas de participación como instancias de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. Es necesario disminuir la distancia entre gobernantes y ciudadanos, creando espacios deliberativos y participativos para mejorar la calidad de la democracia en la capital del país.
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