VENEZUELA: UN PAÍS SIN PRESIDENTE

De acuerdo con la Constitución, el pasado 10 de enero Hugo Chávez debió tomar posesión como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, hasta la fecha esto no ha ocurrido. Sin importar la ideología, los actores políticos frecuentemente olvidan que la solemnidad y la forma son componentes imprescindibles de todo acto jurídico en cualquier Estado democrático de derecho. La reelección es un mecanismo contemplado por el máximo ordenamiento legal de ese país, que fija una fecha precisa para la toma del cargo y sin este acto jurídico no se puede ejercer legalmente el poder político. La legitimidad de los gobernantes proviene tanto de la voluntad popular como del respeto a la legalidad. No hay ningún artículo constitucional que hable de continuidad, pero si hay un artículo, el 231, que establece: “El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”. Este artículo ofrece la posibilidad de modificar el lugar en caso de una contingencia, pero no para la fecha. Lugar y fecha no son dos aspectos independientes, sino uno solo que establece con precisión cuándo y dónde deberá tomar posesión el Presidente electo: ¿cuándo? el 10 de enero; ¿dónde? en la Asamblea Nacional, o frente a eventualidades, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Aplazando indefinidamente la toma de protesta de Chávez, el Tribunal abdicó a su función de control de la constitucionalidad. Bajo la tesis de la “continuidad administrativa del gobierno”, y ante la ausencia del Presidente quien se encuentra hospitalizado en Cuba desde hace más de un mes, también la Asamblea Nacional tomó la decisión de postergar su juramento hasta que el propio mandatario “de constancia del cese de los motivos sobrevenidos” que forzaron su ausencia. Se afirma que, dado que el Presidente electo es el mismo Presidente saliente, no hace falta un acto protocolario como la juramentación y, por lo tanto, Chávez es automáticamente el Presidente en ejercicio. Así mismo, estableció que el vicepresidente, ministros y demás integrantes del actual Poder Ejecutivo seguirán en el cumplimiento cabal de sus funciones. De esta forma, se produjo una cobertura jurídica a la extensión “de facto” que las autoridades han dado a sus propios cargos.

Sobre la autonomía del Poder Judicial en Venezuela, la organización de derechos humanos Human Rights Watch afirma que con Chávez inició un proceso de subordinación de la magistratura. En 1999 la Asamblea Nacional, al redactar la nueva Constitución, declaró que el Poder Judicial se encontraba en estado de emergencia por lo que creó una comisión para reformarlo que provocó la destitución de cientos de jueces. En 2000 se integró un nuevo Tribunal Supremo de Justicia con 20 magistrados entre aliados y opositores de Chávez con un relativo equilibrio de fuerzas. Pero en 2002 Chávez sufrió un intento de golpe de Estado, y con ese pretexto, desarmó nuevamente los controles constitucionales para restar influencia al Poder Judicial. En 2004 se aprobó otra reforma que incorporó a 12 jueces chavistas, con lo que obtuvo mayoría para convertir al Tribunal en un apéndice del Ejecutivo.

La oposición denuncia esta interpretación de la Constitución como una usurpación de funciones y de la voluntad popular. Agrupada en la Mesa de Unidad Democrática dirigió una carta al titular de la Organización de los Estados Americanos presentando sus argumentos legales sobre “la violación de la Constitución”. La OEA señaló que respeta la decisión tomada por los poderes constitucionales de ese país, lo que fue calificado como impertinente, irrespetuoso e indebido. En este contexto, Brasil, Colombia y EU anunciaron que apoyarían nuevas elecciones en 30 días si Chávez fallece, lo que “garantizaría una transición democrática y pacífica”. Otro factor es el papel que desempeñará el régimen cubano ante una eventual sucesión en Venezuela, en donde tiene 50 mil operadores que actúan en las misiones de asistencia social, apoyo que es correspondido por el gobierno con envíos subsidiados de 100 mil barriles diarios de petróleo. Es de esperarse que en esta coyuntura internacional el gobierno mexicano pugne por un respeto a la legalidad. Hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre el llamado hecho por la oposición para que intervenga por el aplazamiento de la asunción del Presidente Chávez. Mal haríamos como país si mantenemos los postulados del pasado, según los cuales, la mejor política exterior es la que no existe. A la luz de lo que se observa en Venezuela, debemos recordar al gran jurista Luigi Ferrajoli, quien considera que la democracia constitucional requiere del respeto de la legalidad en cuanto condicionante de la validez y eficacia de los actos que prevé la misma ley. La democracia es, ante todo, un “Estado legal”.