CLIENTELISMO POLÍTICO

La suspensión temporal de las actividades públicas del Pacto por México, el debate sobre el uso clientelar de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la solicitud de juicio político a la Secretaria de Desarrollo Social y al gobernador de Veracruz, invitan a reflexionar sobre un fenómeno que afecta a todos los sistemas políticos, tanto a los desarrollados como a los que se encuentran en vías de modernización: el clientelismo político. El intercambio de favores por votos es una práctica en la que incurren todos los partidos políticos independientemente de su ideología. Es un modo de ejercicio del poder y una práctica antidemocrática que denota el intercambio de obras públicas y programas sociales por apoyo político. La mayoría de las veces, el intercambio es forzado por las precarias circunstancias en que se encuentran algunas comunidades en las regiones más pobres del país. El clientelismo político representa un intercambio de favores, en el cual los empleados públicos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su encargo o de contactos relacionados con el, a cambio de apoyo electoral. En un sistema de este tipo, el poder sobre las decisiones de la administración pública se utiliza para obtener beneficios privados y, por lo general, los recursos que facilitan los intercambios clientelares provienen del Estado. El funcionario, u otra persona dotada de suficiente autoridad como para influir sobre los integrantes de la administración pública, puede tomar decisiones que favorezcan a sus electores quienes, a su vez, compensan con la perpetuación en el poder del partido implicado. Esta relación puede incluir la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboran políticamente. Los sistemas clientelares surgen donde la necesidad de integrar a numerosos participantes en el sistema político favorece la formación de mecanismos de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades sociales.

El clientelismo político está cambiando de rostro. El clientelismo tradicional se ha transformado en un moderno clientelismo institucionalizado, desarrollando sofisticados mecanismos de dominación y de consenso. En sus orígenes era de tipo vertical que descendía del político hacia el elector en lo individual. Actualmente, se ha convertido en un clientelismo horizontal que involucra a importantes grupos sociales, es un clientelismo de masas, organizado, eficiente y planificado centralmente. En el clientelismo individual la relación de intercambio tiene un carácter instrumental, y en ella el funcionario funge como “patrón” con un estatus de poder más elevado que utiliza su influencia y sus recursos para ofrecer protección o ventajas a una persona de estatus inferior. A su vez, “el cliente” ofrece apoyo específico, en este caso, su voto, existiendo una reciprocidad directa, interpersonal y desigual. Es un intercambio caracterizado por formas rituales de disponibilidad. Por su parte, el clientelismo de masas proyecta una relación altamente organizada que opera a nivel del sistema político.

El clientelismo de masas se desarrolla a partir de la organización del partido como “máquina política”, en donde las personas y grupos disponen de cierta información que les permite medir y comparar los costos y beneficios del intercambio. Este clientelismo establece un vínculo que no es simétrico, sino de dominación y subordinación entre la masa y el poder político, es una relación motivada por intercambios de tipo material o simbólico. El clientelismo político expresa una particular modalidad de ejercicio del poder que tiene tres componentes: es una asociación con una estructura dual caracterizada por el “dar para recibir”, es una relación fundada sobre vínculos de poder, y representa un factor condicionante del desarrollo económico y social en determinadas circunstancias. El clientelismo es un mecanismo para la adquisición de consensos mediante la compra y venta de ventajas institucionales. Debemos evitar que nuestro régimen político restaure el viejo Estado clientelar, en donde la relación de intercambio de bienes públicos sustituía al derecho como instrumento de gobierno.

La disposición del presidente Peña Nieto para evitar el uso electoral de los programas sociales y la voluntad política de los actuales liderazgos de los partidos de oposición, evitarán la ruptura del esquema de diálogo político que representa el Pacto por México. Pero será necesario que instituciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, actúen inmediatamente, y que los legisladores realicen adecuaciones al Código Penal para actualizar los delitos electorales de compra y coacción del voto. Requerimos de una gobernabilidad democrática de “nuevo tipo”, en donde se reconozca el papel que desempeñan los valores políticos de la transparencia, la honestidad, la prevalencia del interés colectivo sobre los intereses privados, la rendición de cuentas, así como la influencia de la sociedad civil sobre el actuar de los políticos. Mientras que nuestro Estado de derecho debe combatir radicalmente cualquier forma de clientelismo político y de instrumentalización de las personas, los partidos y los gobernantes deben convertirse en autoridades con una orientación ética basada en un proyecto común de nación dirigido al bienestar social.