UN PACTO POLÍTICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Miguel Ángel Mancera es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en tal condición tiene la oportunidad de llevar a cabo un gobierno más propositivo en relación con el que se desempeña a nivel federal. Tiene ante sí la oportunidad histórica para suscribir e impulsar un pacto que otorgue a la capital del país una propia Constitución republicana que establezca nuevas instituciones, reglas y garantías para el conjunto de los actores que aspiran a gobernarla y representarla.

Se requiere de un “Pacto Político para la Ciudad de México” que permita refundar los órganos de gobierno y de la representación política en la capital. Debido a la magnitud de los problemas que enfrenta el Distrito Federal, pensar en un Pacto por la Ciudad que impulse el proceso de democratización significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las nuevas formas de participación ciudadana como instancias de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política.

Un pacto que fortalezca la gobernabilidad y que es necesario para acortar la distancia entre autoridades y ciudadanos, creando espacios deliberativos y participativos. A pesar de sus diferencias políticas e ideológicas, los políticos deben ofrecer a los ciudadanos alternativas reales y compromisos concretos para mejorar la calidad de la democracia en la capital del país.

En su artículo 44 nuestra Constitución Política señala que “la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos”. El Distrito Federal siempre ha sido una entidad con características propias dado que no forma parte de los 31 estados a pesar de que es parte integrante de la Federación. No cuenta con el mismo régimen jurídico ya que nuestra norma suprema sigue conservando disposiciones que otorgan facultades de carácter local a órganos federales. Durante la mayor parte de su existencia la capital fue gobernada exclusivamente por la Federación. Gobernar la Ciudad de México actualmente significa atender la necesidades de una de las metrópolis más complejas del mundo con casi nueve millones de habitantes, aunque si incorporamos la zona metropolitana, es decir, a los 59 municipios conurbados que rodean al Distrito Federal, la población se incrementa a casi 19 millones siendo la segunda ciudad del planeta por número de habitantes solo precedida por Tokio que cuenta con una población cercana a 36 millones.

La historia de la democratización de la Ciudad de México ha sido bastante accidentada. Desde 1824, con la adopción del sistema federal se determinó la necesidad de establecer un territorio que fuera sede de los poderes federales ubicándose en el Valle de México y no en Querétaro como se pretendía. Bajo la Constitución centralista de 1836 se suprimió el sistema federativo y, consecuentemente, el Distrito Federal. Con la Constitución de 1857 se repuso el sistema establecido en 1824 y con la Constitución de 1917 se cohesionó al sistema jurídico de gobierno estableciéndose el régimen municipal. En 1928 la Constitución es nuevamente reformada para suprimir los municipios y encomendar su gobierno a un Jefe del Departamento, denominado “Regente”, nombrado por el Presidente de la República.

En sustitución de las municipalidades se crearon las delegaciones cuyos titulares eran a su vez designados por el Jefe del Departamento. Este régimen se mantuvo hasta 1988 cuando por primera vez se eligió y se instaló la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, un cuerpo deliberante con escasas atribuciones. La ambivalencia entre capital de la República y entidad federativa con personalidad jurídica que le atribuyó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en 1994, homologó a la Ciudad de México con el Distrito Federal, constituyendo un discreto avance en materia de autonomía y representación política pero que auspició diversos problemas que aún no se han resuelto. En 1997 se estableció la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con mayores facultades que su antecesora, y en este mismo año se eligió por primera ocasión y para un periodo de tres años a un Jefe de Gobierno. En 2000 se eligió a un nuevo titular del Ejecutivo local, ahora por seis años, y por primera vez a los Jefes Delegacionales con un periodo de tres años. Así poco a poco los capitalinos hemos ido recuperando la facultad de elegir a nuestras autoridades por lo que es tiempo de ampliar y perfeccionar nuestros derechos ciudadanos.