LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

En México es peligroso defender la libertad de expresión y los derechos humanos. Este es uno de los temas que afectan al Estado de Derecho y que forma parte de la agenda pendiente de nuestra democratización. En los últimos tiempos diversos informes de organizaciones de la sociedad civil, han documentado un aumento de los actos de hostigamiento contra periodistas y organismos defensores de los derechos humanos. Este acoso tiene distintas manifestaciones que van desde amenazas, intimidaciones anónimas, vigilancia de sus domicilios, hasta el homicidio. Los amagos, la intervención telefónica, los allanamientos de oficinas, los constantes robos y los atentados contra periodistas y defensores de los derechos humanos están a la orden del día, sobre todo, en el ámbito local. Llama poderosamente la atención que la mayoría de estos actos de hostigamiento nunca son esclarecidos del todo. Hasta ahora el elemento distintivo es el muro de impunidad prevaleciente y la ineficiencia del gobierno para garantizar su trabajo. Además, existe la fundada sospecha de que, en muchos casos, son las mismas autoridades quienes promueven el acoso y la persecución. Los niveles de hostigamiento abarcan la desinformación que se genera entre las dependencias gubernamentales sobre la labor de los periodistas y de los organismos civiles de derechos humanos, creando un ambiente hostil y muchas veces riesgoso para su profesión. En este escenario, destaca la vulnerabilidad de los defensores indígenas que deriva de los contextos en donde deben realizar su labor enfrentando cacicazgos, operativos policiacos y, en ocasiones, la tortura y el asesinato. En la misma situación se encuentran los defensores de derechos humanos que trabajan con migrantes irregulares, principalmente de Centroamérica, quienes se encuentran expuestos a diversas amenazas. Las intimidaciones ocurren en distintas partes de México, pero se acentúan en aquellas regiones como Oaxaca, Veracruz, Guerrero o Chihuahua en donde la pobreza extrema, la desigualdad y la corrupción a nivel local provocan protestas sociales. Por su parte, los periodistas representan un grupo extremadamente indefenso que sufre secuestros y desapariciones forzadas y, por si esto fuera poco, también se han llevado a cabo atentados contra las instalaciones de los medios de comunicación.

Los defensores de los derechos humanos actúan de muchas formas para hacer realidad las libertades fundamentales y los derechos reconocidos internacionalmente. Ellos parten del principio de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. La ONU tiene desde 1998 una Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos en la que sus Estados Miembros, incluido México, reafirman que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos”. En virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, el Estado debe rendir cuentas de los ataques y homicidios perpetrados por funcionarios o particulares contra periodistas y defensores. El Estado tiene la obligación de actuar contra quienes los amenazan, y si no interviene con la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar estos abusos, es responsable de acuerdo con el derecho internacional. En México, recientemente se han emitido una serie de procedimientos e iniciativas para proteger a las personas que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión. Es el caso del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, establecido por la ley en la materia que fue aprobada recientemente. Una vez que se instaló el Mecanismo, procede la evaluación del desempeño de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, en cuanto instancias responsables ante la sociedad.

Este Consejo podrá realizar evaluaciones independientes sobre la atención brindada desde las instituciones del Estado, a la problemática de la violencia contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, así como contra los defensores de los derechos humanos. Se prevé que el Ejecutivo Federal publique el reglamento de esta ley a mediados de diciembre, una vez que Enrique Peña Nieto tome posesión como nuevo Presidente de México, con lo que se espera que se fortalezcan las instituciones democráticas y se formulen políticas públicas en derechos humanos que reviertan el deterioro de las garantías constitucionales producto del combate a la delincuencia organizada. La sociedad civil debe aumentar su presencia en la vida pública nacional, para exigir a las autoridades que brinden las garantías que establecen nuestras legislaciones, para garantizar la integridad física y psicológica de los defensores de los derechos humanos, así como de los periodistas. Es necesario aumentar el reconocimiento social y la importancia crucial del trabajo que llevan a cabo. En la situación actual debemos considerar prioritaria esta tarea.