CIUDAD DE MÉXICO: REFORMAR LAS INSTITUCIONES

La Ciudad de México es una de las megalópolis del mundo y la zona metropolitana más grande del sistema urbano nacional. El crecimiento de la ciudad, en todos los campos, es uno de los más veloces del país, sin embargo, las desigualdades socioeconómicas y las condiciones de pobreza y exclusión social en las que viven grandes sectores de su población, se ven ampliadas por los procesos de segregación residencial que impiden que la ciudad cumpla con una de sus funciones básicas, que es ser un mecanismo de integración. Por el contrario, estos procesos generan condiciones propicias para la desintegración familiar, el incremento de la violencia y la inseguridad social. Para modificar esta situación se requiere de una reforma política de las instituciones. Cuando se habla de “ciudad” la referencia es a un espacio habitado, con variados usos públicos, con una vocación racionalizadora y organizadora del mundo. Se refiere tanto al espacio físico, como al ámbito simbólico en cuya carga de significados destaca el de centralidad urbana. La ciudad, denominada polis por los griegos y civitas por los romanos, es el resultado de una asociación previa, que como tal elabora el mito de su fundación para compartirlo con sus habitantes quienes poseen la categoría de ciudadanos. La ciudad es el espacio de la política, el gobierno y la ciudadanía. El principal patrimonio de una ciudad son sus ciudadanos y es en la ciudad, en donde la política se constituye como actividad propia y el individuo define su pertenencia al conjunto social.

La ciudad se ha convertido en el espacio público donde alcanza su plenitud la autoridad del Estado, la participación organizada, así como la comunión de derechos y deberes que son marcas distintivas de la ciudadanía.

La historia de la ciudad es la de su espacio público, en donde las relaciones entre el poder y la ciudadanía, se materializan y se expresan en la conformación de calles, plazas, monumentos, parques y otros lugares de encuentro social. El espacio público no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. La ciudad es un sistema de redes que ordenan cada zona de la metrópoli y le dan sentido, son el ámbito físico de la expresión ciudadana y de la diversidad social y cultural. Es un espacio físico, pero también político que representa un derecho ciudadano de primer orden, ya que garantiza, en términos de igualdad, su apropiación por parte de los diferentes grupos sociales.

El espacio público es un indicador de calidad urbana y un instrumento de la política para “hacer ciudad sobre la ciudad”, es decir, para mantener y renovar los antiguos espacios y producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las infraestructuras. El ciudadano debe reivindicar su papel como actor principal, trascendiendo su rol de mero espectador. A través de su capacidad crítica y creativa, el ciudadano es el constructor activo de su ciudad. Lo que le pase a nuestras ciudades, le sucede a sus habitantes. En este contexto, uno de los principales aciertos de la administración pública capitalina, ha sido la pretensión de dar consistencia práctica a su principal proyecto político para la ciudad, sintetizado en la frase: Decidamos Juntos.

La reforma política del Distrito Federal es una prioridad para sus habitantes. Las democracias contemporáneas se apegan cada vez más a la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben ser iguales por lo que no caben las distinciones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad. El ciudadano moderno ha ganado derechos que le permiten acceder en igualdad de oportunidades a la función política. Que el poder se distribuya entre los ciudadanos es una de las aspiraciones de la democracia de todos los tiempos. Es una aspiración que permite imaginar el diseño de una sociedad más libre y más igualitaria. Sin instituciones fuertes y representativas no hay ciudadanía. La Ciudad de México ha hecho progresos en su democracia local que, históricamente, han contribuido al progreso de la democracia política del Estado moderno nacional. Siendo la Ciudad de México la aglomeración urbana más importante del continente americano y la ciudad hispano-hablante más poblada de la tierra, requiere de un cambio en su estatus jurídico y político.

En esta ruta se encuentra la necesidad de dotar a la capital del país de una Constitución Política propia que establezca nuevas instituciones, reglas y garantías para el conjunto de los actores que aspiran a gobernarla. Debido a la magnitud de sus problemas, impulsar el proceso de democratización de la Ciudad de México significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las diversas formas de participación ciudadana.