NEVADO DE TOLUCA: ¿GENOCIDIO AMBIENTAL?

Quizá la principal característica de nuestra imperfecta democracia, sea la costumbre ancestral de nuestros políticos de tomar decisiones socialmente significativas sin consultar a los ciudadanos. En esta ruta, el pasado primero de octubre el presidente Peña Nieto expidió un decreto, que entró en vigor ese mismo día, para el cambio de la situación legal del Nevado de Toluca que pasó de ser considerado un Parque Nacional a convertirse en un Área de Conservación de Flora y Fauna, abriendo la puerta a distintas formas de especulación de la tierra y a proyectos privatizadores. Protegido desde 1936, el “Xinantécatl”, como también se le conoce, es un volcán cuyos bosques son fundamentales: “debido a su enorme capacidad de captación de agua, el Parque Nacional es estratégico para el abasto de agua a la ciudad de Toluca, su zona metropolitana y parte del Valle de México”, como reconoce el Estudio Justificativo para la Modificación de la Declaratoria del Área Natural Protegida elaborado por el gobierno. El impacto que esta decisión tendrá, afectará a la ciudad de Toluca y al Distrito Federal. El cambio de categoría abre la puerta a la recategorización de la protección ambiental para permitir actividades económicas no necesariamente sustentables. Desde hace tiempo se han intentado llevar a cabo proyectos “ecoturísticos” como la construcción de un centro de esquí en 1990, o cuando en 2003 se proyectó un campo de golf, cabañas y un centro corporativo, que no se pudieron realizar por las limitaciones legales entonces existentes. El cambio en su estatus legal ocurre en un momento en el que se observa un incremento de la devastación ecológica y de alteraciones ambientales: deforestación, erosión de suelos, contaminación, sobreexplotación de cuerpos de agua y desertificación creciente.

El acceso al medio ambiente sano representa un derecho común de la humanidad que está constituido por un conjunto de elementos naturales que en modo alguno pueden ser mercantilizados, privatizados o patentados, pues al ser propiedad colectiva no se encuentran bajo custodia de una persona en particular. El acceso universal a esos bienes es un derecho humano. La sustentabilidad ecológica es la base de la reproducción de la vida y un requisito imprescindible de solidaridad para con las generaciones futuras. El derecho al medio ambiente sano contempla el derecho a la vida, a la salud y a vivir con calidad de vida, el reconocimiento del acceso y disfrute, así como la protección de las tierras contra la degradación ambiental y el uso irracional de los recursos. Representa un derecho colectivo que implica obligaciones para el Estado. México cuenta con 176 áreas naturales protegidas bajo distintos regímenes establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las cuales van desde reservas de la biósfera hasta santuarios. Estas áreas representan 25 millones de hectáreas equivalentes al 12.9% de la superficie del territorio nacional. La mayor parte de la superficie protegida se encuentra como reserva de la biósfera e incluye manglares, bosques, arrecifes, dunas, selvas y algunos de los ecosistemas más emblemáticos del país, como los hábitats de la mariposa monarca y el tiburón ballena, los Montes Azules y el Pinacate, recién nombrado Patrimonio Mundial por la Unesco. Sin embargo, en materia ambiental México tiene dos pendientes: los derechos de los pueblos originarios y la participación democrática.

En efecto, por un lado, las principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios indígenas, que son además, zonas sagradas y ceremoniales, con presencia de sitios arqueológicos que los pueblos indígenas custodian y reclaman como suyos. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas identifica 127 áreas prioritarias, de las cuales 51 se encuentran en zonas indígenas. No obstante, la riqueza generada no los beneficia dado que han visto afectadas sus tierras de cultivo, no reciben compensaciones por obras de utilidad pública, y en ocasiones, sufren despojos y expropiaciones de sus tierras y territorios. Por el otro, el ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano se ve obstaculizado por la falta de democratización del proceso de toma de decisiones en la materia. Si en el pasado existía la necesidad de centralizar la política sobre el medio ambiente, hoy es urgente promover la descentralización democrática de la gestión pública ambiental.

Las políticas públicas sobre el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental deben complementarse con la participación social. La democratización implica la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos en el manejo sustentable de la naturaleza. Las comunidades deben hacerse cargo del control, conservación y regeneración de los recursos naturales de su entorno, tomando en consideración las culturas, usos, costumbres, formas de organización y de toma de decisiones en el diseño y aplicación de los programas para su aprovechamiento. Un tema que reclama nuestro proceso de cambio político, es la creciente participación ciudadana en los diferentes espacios de la vida colectiva. Por tal razón, en el caso del Nevado de Toluca es necesaria una consulta ciudadana.