NI OLVIDO, NI PERDÓN

Se cumplieron cuarenta años del golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Un golpe de Estado promovido por los comandantes de las fuerzas armadas, que terminó con el gobierno constitucional. Unidades blindadas y de infantería atacaron el Palacio de la Moneda mientras que aviones de la fuerza aérea lo bombardeaban. Allende, quien buscaba el establecimiento de un socialismo por medios legales, se suicidó antes de que las tropas ingresaran a la sede presidencial. Ministros del gobierno y colaboradores cercanos del Presidente fueron detenidos y llevados a centros ilegales de detención. Inmediatamente se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional. Se silenciaron las radios y los periódicos. Muchos dirigentes sociales fueron ejecutados en el lugar de su detención. Un día después las fuerzas armadas promulgaron unilateralmente el “Estado de Guerra Interna”. Se declararon ilegales los partidos, se disolvió el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, los registros electorales fueron quemados y se ordenó el cese de funciones de alcaldes y regidores. Miles de personas fueron detenidas, sin importar clase social, género, ocupación, estado civil o edad. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, habrían sido detenidas cerca de 250 mil personas, es decir, el 2.7% de la población chilena en ese momento. Fue una ruptura de la legalidad que cambió la historia de América Latina.

Durante el régimen militar de Augusto Pinochet, se cometieron innumerables violaciones a los derechos humanos y se llevaron a cabo acciones de persecución, represión y terrorismo de Estado por parte del ejército y civiles al servicio de los organismos de seguridad. El régimen golpista habría de durar casi 17 años hasta su conclusión el 11 de marzo de 1990. De acuerdo con el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la cifra de víctimas directas de violaciones de los derechos humanos ascendió a 35 mil personas, de las cuales 28 mil fueron torturadas, 2,279 ejecutadas y 1,248 continúan desaparecidas. Además unas 200 mil personas sufrieron el exilio y un número no determinado habría pasado por centros clandestinos de detención.

Un golpe de Estado es la toma del poder político, de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad constitucional establecida por el Estado y las normas legales para la sucesión política. La influencia preponderante del poder militar sobre el gobierno civil, deriva en sistemas de gobierno pretorianos que violentan los derechos humanos. En todo tiempo y lugar, es reprobable que un gobierno constitucionalmente electo sea derrocado para instaurar un régimen militar a través de la violencia. La mayoría de las transiciones políticas desde un sistema dictatorial, despótico y militarista se han caracterizado porque, tarde o temprano, llega el momento en que el nuevo orden democrático necesita hacer las cuentas con el pasado. Sobre todo, en aquellos lugares en donde las “políticas de seguridad nacional” se impusieron sobre la población, violando toda clase de derechos humanos y en donde aún existen decenas de desaparecidos. Las Comisiones de la Verdad han sido el principal mecanismo para esclarecer los hechos de represión empleados por los gobiernos autoritarios. Así ha ocurrido en Ghana, Sierra Leona y Timor Oriental, y son celebres las Comisiones de la Verdad de Sudáfrica y Nigeria. En América Latina han sido necesarias en El Salvador, Guatemala, Perú, Uruguay, Argentina y, desde luego, en Chile.

Ante la inminente llegada de los gobiernos democráticos los diferentes regímenes militares en retirada, buscaron promulgar leyes de “pacificación nacional” para otorgar amnistía e impunidad a los integrantes del gobierno y a los mandos de los ejércitos, invocando la necesidad del perdón y la reconciliación nacional, lo que significaba aceptar la idea de que los asesinos de Estado no habían hecho otra cosa que obedecer órdenes superiores para torturar y desaparecer a los disidentes políticos. La reparación del daño cometido por la dictadura chilena se concentró en indemnizaciones y apoyos para los familiares de las víctimas. Sin embargo, la gran fractura social se mantiene. El 40 aniversario del golpe de Estado recuerda que además de las responsabilidades penales para muchos de los criminales, siguen pendientes otras reparaciones de orden político y moral para las víctimas. A diferencia del sistema autoritario en donde los militares eran juez, parte y verdugo, los principios establecidos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos establecen que es obligación del Estado la investigación de la verdad sobre lo ocurrido y el castigo a las violaciones de los derechos humanos, que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, y que, para que el ciclo de la verdad y la justicia esté completo, es imprescindible la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas es sólo un primer paso, le siguen la persecución y el castigo de los responsables.