DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA LA REFORMA ENERGÉTICA

El debate sobre la reforma energética se ha intensificado ante la presentación de las iniciativas de los partidos y el probable escenario de convertirnos en un país energéticamente dependiente. El petróleo es la mayor fuente mundial de energía y un elemento estratégico en el crecimiento de las naciones. En México ha sido el principal motor del desarrollo y el sostén de las finanzas públicas, pero este esquema se ha agotado. Es vital una reorganización de la industria petrolera que permita, entre otras cosas, tener estimaciones confiables sobre las cantidades de petróleo disponible. Aún desconocemos el alcance de las reservas que puedan estar en nuestro subsuelo, aunque se estiman 681 billones de pies cúbicos de gas natural y 44 mil millones de barriles de petróleo. A pesar de estas enormes reservas, importamos anualmente cerca de 60 mil millones de dólares en gasolinas, gas y petroquímicos, existe rezago tecnológico y en su mayoría, las plantas se encuentran obsoletas. Contamos con un organismo paraestatal que explota casi toda la cadena productiva de petróleo y gas, con un régimen jurídico restrictivo, una burocracia excesiva y costosa, así como un sindicato que representa un paradigma de la corrupción y el clientelismo. En tal contexto, la Agencia Internacional de Energía, informa que la oferta petrolera en EU crecerá durante 2012-2018. El año pasado su producción aumentó al ritmo más acelerado de su historia, superando los 7 millones de barriles diarios, sólo detrás de Arabia Saudita y Rusia. Los estadounidenses alcanzarán la autosuficiencia energética en los próximos años y con ello dejarán de importar petróleo crudo mexicano, mientras tanto, seguimos importando enormes cantidades de productos petroleros refinados.

Las propuestas de reforma energética que formulan los diferentes partidos tocan aspectos importantes sobre el futuro de México. La reforma que vendrá, requerirá de un enorme consenso social y político que sólo puede provenir de mecanismos democráticos. México debería someter estas decisiones tan relevantes, a consulta popular, para que el ciudadano participe directamente en la reforma que el país requiere. Pero para que esta consulta popular ocurra, es necesario cumplir con la reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en nuestra Constitución. Las reformas en la materia fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012. De acuerdo con los artículos transitorios, la actual legislatura federal debe reglamentar la reforma constitucional aprobada, y expedir las adecuaciones a las leyes secundarias, en un plazo que se cumple la próxima semana. La reforma no obliga a que el conjunto de modificaciones adjetivas concluyan y entren en vigor en una fecha determinada. Incluso, es jurídicamente posible que la legislación secundaria establezca fechas de aplicación que la posterguen nuevamente, sin que ello dé lugar a contravenir la reforma. Sería deseable que en este tema, tanto el gobierno como los legisladores, antepusieran el interés de México. Una vez reglamentado, el artículo 35 constitucional hace posible el derecho ciudadano de votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las cuales serán convocadas por el Poder Legislativo a petición del Poder Ejecutivo, del 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, o de los mismos ciudadanos quienes deberán representar al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Cuando la participación total en la consulta popular alcance el 40% de la votación efectiva, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. El IFE tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito del porcentaje mínimo de ciudadanos para solicitarla, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma.

Democracia representativa y democracia participativa no se contraponen, sino que se complementan. La consulta popular es una forma de democracia directa mediante la cual los ciudadanos emiten su opinión y ésta tiene consecuencias jurídicas, y puede ser sobre cualquier tema público, decisión de gobierno e incluso una ley. Las consultas populares permiten que los ciudadanos decidan sobre asuntos complejos y puedan expresar su parecer sobre los grandes temas nacionales, acercándose, de esta manera, al poder político, y permitiendo que su voz, a través del voto, sea escuchada en la construcción de la agenda pública y en la dirección que adopten las instituciones. Los instrumentos de participación ciudadana son cada vez más utilizados en las democracias representativas. Actualmente, el núcleo de la democracia consiste en que todas las decisiones importantes dependan, directa o indirectamente, de la opinión expresada por los ciudadanos. Hoy se reivindica la democracia participativa en el ejercicio tolerante y razonado, en la deliberación pública y en la solución de los grandes problemas de México. La complementariedad entre democracia representativa y democracia participativa radica en que la primera permite elegir a los gobernantes, mientras que la segunda, permite que los ciudadanos decidan sobre las políticas públicas que les conciernen.