REFORMA ELECTORAL: ¿MÁS LIBRES O MÁS IGUALES?

El tema cardinal de la democratización mexicana hoy, es la igualdad política. Sobre nuestro sistema electoral se han llevado a cabo infinidad de diagnósticos independientes e institucionales acerca de la situación que guarda, los problemas que enfrenta y las soluciones para mejorarlo. Ha llegado el momento de tomar decisiones, en un contexto en el cual el punto central de la discusión se articula sobre la necesidad de un órgano nacional electoral que sea garante de la equidad política. La equidad está establecida como mandato constitucional y legal en materia electoral, y es un principio esencial de la contienda electoral que se debe garantizar a través de la determinación de estrictas reglas para el financiamiento público y privado de la política. Sin embargo, en los hechos se observa que la equidad política en México no es adecuada a los objetivos de la democratización. El tipo de fiscalización electoral vigente no contribuye al propósito de promover la equidad política, ni a legitimar los resultados de los procesos electorales. La experiencia reciente muestra un desfase entre la entrega del informe consolidado de fiscalización y la calificación jurisdiccional de la elección. Si las elecciones no garantizan la equidad, la democracia no avanza. En México existen muchas inequidades, hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que en los últimos años ha aumentado la desigualdad social dado que actualmente existen 53.3 millones de pobres. Si nuestro proceso de cambio político aún no ha encontrado la respuesta al problema de cómo reducir los niveles de pobreza y ampliar la igualdad socioeconómica entre los ciudadanos, entonces, como país tenemos la obligación ética y moral de contribuir a ampliar los espacios y los instrumentos de la igualdad política. La inequidad es uno de los pendientes de la “gran transformación mexicana”.

Del conjunto de valores que acompañan a los procesos de cambio hacia la democracia, uno muy importante es la equidad política. Prácticamente todas la transiciones a la democracia de los últimos decenios, frente a la imposibilidad de resolver en lo inmediato la desigualdad socioeconómica, han debido abrir las puertas y las ventanas del sistema político, ampliando la participación de los ciudadanos y la igualdad de condiciones en la contienda por el poder entre los diferentes actores. Así ocurrió en las transiciones políticas de América Latina, del sur de Europa, de Asia y del norte de África, así como en los sistemas que se democratizaron después de la caída del muro de Berlín. Ahora mismo, frente a la crisis financiera que enfrentan algunas democracias consolidadas en Europa Occidental, la respuesta ha sido la ampliación de oportunidades para acceder al poder político para los actores emergentes. Así es como funcionan las democracias modernas.

Lo único que no podemos permitir es que se profundice tanto la desigualdad social como la desigualdad política. Si nuestros gobernantes no toman esta tarea seriamente, se estaría ampliando el espacio del malestar social y reduciendo la legitimidad de nuestro ordenamiento político. Ampliar la igualdad política involucra distintas problemáticas, como la participación ciudadana o la centralización de la organización electoral, pero quizá el tema más relevante sea la fiscalización de los recursos como uno de los indicadores de la igualdad democrática que debe existir entre los actores políticos y sus electores. La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación ética y política de los partidos. Pero también una obligación legal. La fiscalización de los recursos se encuentra establecida en el COFIPE y el punto nodal es la reducción de los plazos previstos en los artículos 83, 84 y 85 del mismo ordenamiento. Los plazos actuales afectan la legitimidad del candidato ganador y del partido que lo postuló, dado que no permiten conocer, en las fases previas a la calificación de la elección, los resultados sobre cómo se ejercieron los recursos que los partidos políticos utilizaron para llevar a cabo sus campañas electorales.

La creación del Instituto Nacional de Elecciones puede contribuir a cerrar esta brecha de desigualdades. Un órgano nacional que pueda fiscalizar en tiempo real, a través de un sistema de registro en línea, mucho ayudará a la democratización mexicana. La igualdad no es un mero postulado para enaltecer los discursos políticos, sino que es la condición para una mejor realización de los derechos de libertad. Si en una sociedad se llega a una distribución más equitativa de la riqueza, los individuos serán también más libres. La equidad política es la precondición para el desarrollo de los derechos político-electorales. La justicia es el medio y la libertad es el fin, en cuanto la plena libertad solo puede asegurarse garantizando la equidad política. Este es el punto: los derechos nacieron para hacer más libre a la persona y para dar más fuerza a la equidad. Si nos resignamos a las desigualdades las haremos más grandes.