REFORMA POLÍTICA PARA LOS CIUDADANOS

La reforma político-electoral que se propone para nuestro país debe establecer un objetivo concreto: otorgar más poder al ciudadano. Una reforma que modifique la relación entre política y sociedad, y que haga posible una ciudadanía activa. La relación entre democratización y construcción de ciudadanía es un proceso inescindible, que se refiere al pacto fundamental de libertad y equidad entre las personas. La democracia debe permitir la influencia de los ciudadanos sobre la toma de decisiones y constituir el espacio para que las políticas reformistas puedan manifestarse, haciendo posible el desarrollo de instituciones adecuadas para favorecer la integración política, la representación de los intereses sociales y la transformación de los sistemas de gobierno. Sería deseable que contara con el mayor consenso posible, sin embargo, el principio rector de la democracia es el derecho de ser tratado equitativamente respecto a la formación de las decisiones colectivas, pero una vez tomadas éstas, los gobernados deben respetar la legitimidad de las opciones resultantes de la deliberación entre iguales, y los gobernantes deben actuar para promover las decisiones con eficacia y transparencia. En el contexto mexicano, la ciudadanía se desarrolla y ya no solo implica la igualdad de los votos, la regla de la mayoría y el escrutinio secreto, como instrumentos que permiten la renovación periódica del consenso, sino que también involucra la necesidad de una mayor participación y la aceptación de la diversidad política.

La ciudadanización de las instituciones es un proceso en continuo desarrollo. En la antigüedad la ciudadanía hacía referencia a una forma de membrecía política a la que se accedía a través del vínculo individuo-ciudad. De esta forma, el ciudadano ateniense representaba una persona libre que reunida en asambleas deliberativas decidía sobre importantes cuestiones de la vida pública. Allí se agotaba la ciudadanía. Por lo tanto, era libre y soberana la asamblea pero no el individuo. Posteriormente, en Roma la idea de ciudadano se oponía al Peregrinus quien no había nacido en la ciudad y en ocasiones representaba la imagen del extranjero en su doble dimensión: como huésped que acepta las reglas y valores de la ciudad o como hostis, es decir, como un extraño que puede ser un potencial enemigo. Sin embargo, es la República romana la que por primera vez hace posible la extensión de los derechos de ciudadanía a otros grupos anteriormente excluidos.

En su largo recorrido histórico, la idea de ciudadanía fue incorporando distintos significados. Inició con una dimensión limitada relacionada con el conjunto de derechos y obligaciones de la persona en cuanto integrante de un Estado, superponiendo ciudadanía y nacionalidad circunscribía los derechos del individuo a una condición jurídica determinada por su relación con las instituciones. Es decir, su sometimiento a la autoridad del Estado, el libre ejercicio de los derechos previstos por la ley y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ella. Prosiguió con una dimensión vertical representada por una concepción “altimétrica de la política”, en donde el vínculo individuo-Estado se establecía a través de una relación de sujeción, imposición y sometimiento. Para construir una sociedad política, diría Rousseau, las personas deben someter su libertad individual a su libertad colectiva. Por lo tanto, esta dimensión de la ciudadanía sólo se concebía colectivamente, estableciendo que las obligaciones preceden a los derechos, y manteniendo un nexo de dependencia entre las instituciones y la sociedad. Con el tiempo también se desarrolló una dimensión amplia de la ciudadanía expresada, principalmente, en el derecho de los integrantes de la comunidad para participar en la vida política. En este enfoque, la participación representaba el componente principal de la ciudadanía dado que la pertenencia a una colectividad se originaba, justamente, en la intervención directa de quienes pueden votar y ser elegidos a los cargos públicos. Desde entonces, la ciudadanía ha evolucionado, transformando la vieja relación súbdito-soberano, típica de los grandes absolutismos del pasado, en una moderna relación ciudadanos-Estado, dando lugar a una dimensión horizontal de la ciudadanía que encarna una aspiración de igualdad no sólo de los derechos individuales, sino también de los derechos colectivos, representados por el señalamiento de la filósofa alemana Hannah Arendt, según la cual: “la ciudadanía es el derecho a tener derechos”.

Sin embargo, en las sociedades democráticas aún existen distintas formas de exclusión y negación de derechos que tienen su origen en actitudes de rechazo a la diversidad política. Frente a estas barreras se está desarrollando una ciudadanía societaria que representa “la política de los ciudadanos”, que es diferente de la política de los políticos, como un conjunto de actores, valores e identidades colectivas que son fuente creativa de nuevas formas de democratización política. Requerimos de políticas reformistas que atiendan las expectativas ciudadanas de más y mejor democracia. México necesita de una ciudadanía que dé forma política a la cohesión social. Una reforma para los ciudadanos involucra una visión de futuro con inclusión. Reformar la política actualmente, quiere decir ciudadanizar la democracia.