UNA LEY PARA LOS PARTIDOS

La reforma política recientemente aprobada, estableció modificar el artículo 73 de la Constitución para “expedir las leyes generales que distribuyan las competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales”, fijando como fecha límite para estos propósitos el próximo 30 de junio de 2014. En este contexto, es necesario resaltar la importancia que tiene una ley de partidos para nuestro proceso de transformaciones políticas. Una ley que limite la opacidad, la carencia de democracia interna y la escasa transparencia en el manejo de los recursos públicos. Una ley de partidos para “democratizar a los democratizadores”, a través de una intervención legislativa que permita ampliar los espacios de la democracia interna, respetar los derechos de la militancia, fortalecer la cultura de la legalidad en sus procedimientos, estableciendo mecanismos eficaces de justicia intrapartidista, así como de rendición de cuentas. En el momento actual, una ley de partidos políticos podría contribuir a estos objetivos estableciendo claramente tanto los derechos y obligaciones de los militantes, como la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia interna. De esta manera, se contribuiría a la consolidación de los procedimientos democráticos para la integración de sus órganos directivos y la postulación de sus candidatos, así como de los mecanismos para garantizar el acceso directo a la información de los partidos políticos y sus obligaciones en materia de transparencia.

Los partidos se caracterizan por un elemento común y esencial, representado por la búsqueda del poder. Son una proyección representativa del conjunto de la comunidad política de la cual permiten su libre expresión, sometiéndose competitivamente a recurrentes pruebas electorales. Su aparición como actor de la democracia, fue un elemento indispensable para el funcionamiento de los modernos regímenes políticos. Desde Moisey Ostrogorski y “La democracia y los partidos políticos” de 1902, hasta Angelo Panebianco y sus “Modelos de partido” de 1993, en todos los casos, el partido político aparece como una respuesta organizativa al desarrollo de la competencia electoral. Los antiguos partidos de notables y poco estructurados que existían en el pasado, hoy representan pujantes agrupaciones que se caracterizan por la presencia de un personal político profesional y de tiempo completo. Los partidos pertenecen a la “instrumentalidad” de la representación democrática por el importante papel que desempeñan en la intermediación entre los ciudadanos y el Estado. Además de que representan un medio eficaz a través del cual la sociedad manifiesta sus demandas a quienes tomas las decisiones políticas. Esto ha permitido su desarrollo como una de las principales instituciones de la democracia. El termómetro del cambio en las sociedades contemporáneas, lo determina la confrontación política que se sustenta en el sistema de partidos, los cuales no sólo representan la conflictualidad social latente, sino que también desempeñan un importante papel en términos de gobernabilidad y cohesión política de la población. Las continuas reformas que han intervenido a nuestro sistema electoral, permiten sostener que ya no es el viejo sistema hegemónico que Giovanni Sartori caracterizó a principios de los años setenta del siglo pasado, sino que actualmente aparece en la perspectiva de un régimen fundado en el pluralismo organizativo. Para fortuna de México, la rotación pacífica en el poder entre los distintos grupos que integran nuestra vida política se encuentra indisolublemente vinculada a los procesos electorales.

México ha escogido el camino de las urnas para promover el cambio político. Dado que un sistema de partidos democrático solo puede ser resultado de la competencia electoral entre diversas opciones políticas, los partidos deben consolidarse a través del perfeccionamiento de los procesos electorales. Este componente reformista ha sido típico de nuestro sistema político y representa el elemento distintivo de la estabilidad que hemos conocido en las últimas décadas. Se ha desarrollado un sistema en donde los partidos aparecen como organizaciones unificadoras de las tendencias centrífugas que caracterizan a la clase política y, al mismo tiempo, como organizaciones estructuradoras del voto que muestran versatilidad y capacidad de inclusión, difícil de encontrar en otras agrupaciones. Esta capacidad incluyente aparece tanto en la representación política como en la agregación de los intereses sociales. En este sentido, los partidos deben atender el enorme consenso ciudadano en torno a las obligaciones democráticas de los partidos. La reciente reforma electoral promueve una ley de partidos políticos, complementaria al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que resulta necesaria en el actual contexto de grandes transformaciones. Esperamos que se apruebe una ley de partidos que establezca los mecanismos adecuados para que las agrupaciones y las organizaciones partidistas rindan cuentas públicas de su quehacer cotidiano y del uso de los recursos públicos que les son asignados, y que al mismo tiempo, facilite, promueva y amplíe los procesos de democratización al interior de los partidos, garantizando los derechos de sus militantes y candidatos como una parte sustantiva, que no se había abordado, de nuestro proceso de cambio político.