AUTONOMÍA INDÍGENA

Ayer se cumplieron veinte años de la insurrección indígena en Chiapas, un movimiento que fue político antes que militar. Veinte años en los que casi nada ha cambiado para los indígenas y que planteó a nuestro régimen político el dilema fundamental de la calidad de la democratización que se ha venido construyendo. No sólo puso en entredicho las promesas de justicia social y modernidad política emanadas de la Revolución mexicana, sino que también evidenció la situación de aguda pobreza que padece este importante sector de la población calculado en aproximadamente 16 millones de personas. El principal postulado de este movimiento social fue un reclamo de autonomía, al poner sobre la mesa el problema de cómo hacer compatible un único y mismo Estado para diversas naciones, y por lo tanto, el desafío sobre cuál estatuto político puede reconocerse para las minorías indígenas en nuestro país. En el contexto de un diálogo suspendido, en 2003 un conjunto de comunidades se declararon autónomas como una muestra de organización indígena contraria al sistema ordinario de gobierno. Nacieron así los Caracoles como sedes de la Juntas de Buen Gobierno en Chiapas.

La cuestión de la autonomía ilustra uno de los temas centrales en la construcción de los sistemas políticos democráticos en distintas partes del mundo, y México no es la excepción. Un análisis crítico sobre lo que actualmente representa la cuestión indígena en nuestro país, se expresa en un conjunto de problemas dentro de los que destacan: la reconstitución de las identidades políticas tradicionales, los reclamos de las minorías para su inclusión en el espacio público, la definición de estrategias novedosas para el diseño de políticas públicas orientadas al combate contra las formas cambiantes de discriminación y exclusión, y la ampliación de los derechos de ciudadanía. La cuestión étnica concierne al estatuto jurídico y social de los pueblos y comunidades originarias y, por lo tanto, a la necesaria extensión de los derechos ciudadanos para amplios grupos de la población mexicana, hasta ahora sólo ejercidos parcialmente.

El conflicto étnico proyecta las tensiones existentes en nuestras sociedades que son pluralistas, complejas y multiculturales. El reclamo de distintos proyectos de autonomía y de libertad presentes al interior de la nación, plantea el problema de la convivencia a través de la autonomía entre pueblos diferentes que viven en un mismo territorio y tienen una misma organización política. La autonomía es el ejercicio del derecho a la libre determinación en el marco de un Estado nacional y comprende la autoafirmación, la autodefinición, la autodelimitación y la autodisposición del sujeto que la ejerce. A lo largo de la historia bajo el nombre de autonomía hemos visto florecer tanto importantes tradiciones democráticas como feroces regímenes autoritarios. De acuerdo con Jean-Jacques Rousseau, autonomía significa gobernarse sin intermediarios y bajo leyes que la misma comunidad se impone. En nombre de la autonomía se han construido grandes proyectos y nuevas ideas acerca de la inclusión de los individuos como sujetos con iguales derechos en la vida política. La autonomía plantea las nuevas dimensiones de la ciudadanía pluriétnica en los tiempos de la globalización. Si por política se entiende la esfera relativa al poder y al gobierno, la “globalización de la democracia” debiera permitir la inclusión de las minorías en el espacio público.

El reconocimiento de los derechos indígenas en las diferentes constituciones políticas de la región inició en Panamá (1971), y prosiguió en Brasil (1988), Colombia (1991), El Salvador, Guatemala, México y Paraguay (1992), Perú (1993), y Argentina, Bolivia y Ecuador (1994). En dichas reformas se incluyeron elementos característicos de la diversidad étnica con la idea central de fortalecer el reconocimiento positivo de derechos específicos sobre la identidad, uso y tenencia de la tierra, lenguas indígenas, educación, procuración y administración de justicia, y valoración general de las culturas desde una perspectiva multiétnica y pluricultural. La ola reformista surgió a causa del agotamiento del tradicional esquema liberal-democrático de los derechos individuales. Hoy más que nunca, es necesaria una nueva concepción pluralista de los derechos indígenas que ponga el acento en sus derechos colectivos.

Este tema representa uno de los mayores desafíos que debe atender el proceso de transformaciones por el que transita México. Debemos incorporar en la agenda pública, la problemática relacionada con el pleno reconocimiento de los derechos de ciudadanía hacia grupos excluidos y discriminados históricamente. La autonomía requerida por el movimiento indígena parte del rechazo de una larga tradición de asimilación cultural etnocéntrica que efectivamente colocó los derechos indígenas en una segunda categoría. Ha llegado el momento de corregir esta desigualdad. Tenemos una enorme deuda social y política con los indígenas de nuestro país y es necesario saldarla a la brevedad posible. Pero todo este debate que se ha desarrollado sobre la “calidad de la democracia”, es indispensable mencionarlo, no habría sido posible sin el levantamiento zapatista en Chiapas y el reclamo de justicia que hizo al conjunto de la sociedad mexicana.