EL IDEAL DEL ESTADO TRANSPARENTE

Cuando hablamos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas la referencia es a un paquete específico de derechos ciudadanos. Ellos van más allá del simple hecho de publicar documentos y datos existentes, y promueven que la información sea de fácil acceso, comprensiva, homogénea, relevante y confiable. La transparencia en los asuntos del Estado no es una moda, ni una ocurrencia académica de última hora, por el contrario, es un reclamo que tiene un largo recorrido en la historia de las instituciones y de las doctrinas políticas. No debemos olvidar que la misma palabra República deriva de “res-publica” que significa la cosa pública, en el doble sentido de gobierno del público y de gobierno en público.

 

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas conforman un mecanismo que proyecta la continua preocupación por la existencia de controles y contrapesos para la supervisión y la restricción del poder. Representan instrumentos y principios democráticos que permiten informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por los sujetos obligados. Es una tarea permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre la opacidad en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones a que está sujeto todo servidor público.

La nuestra es una democracia en construcción, que busca el establecimiento de instituciones transparentes y prácticas efectivas de rendición de cuentas, no como una concesión generosa o un acto voluntario del soberano sino como una obligación de los gobernantes.

El principal problema para ejercer el derecho humano a la información y a la transparencia en México se localiza a nivel local. Aún existen estados que no rinden cuentas, que no informan lo que gastan y como lo gastan, bajo argumentos carentes de toda credibilidad como que se pondría en riesgo la estabilidad de las instituciones e incluso, la seguridad del estado. Lo grave del asunto es que los entes locales garantes de la transparencia, muchas veces legitimaban esas reservas a la información pública.

La reciente reforma constitucional en transparencia que dota de autonomía al IFAI, permitirá homologar los criterios para hacer pública la información en el ámbito de todos los poderes del país. Amplía los sujetos obligados a rendir cuentas por lo que no solo abarcará a los entes públicos, sino también a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos. El organismo garante de la transparencia tendrá capacidad de atracción sobre asuntos relevantes. La reforma constitucional y la nueva Ley General de Transparencia aumentan sus facultades y atribuciones, fortalece el acceso a la información y a la rendición de cuentas, contribuyendo a consolidar un estado democrático de derecho. Sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, haciendo prevalecer el principio de máxima publicidad.

Los poderes locales han demostrado su resistencia para asumir comportamientos democráticos. Por ello el nuevo federalismo que se construye en México busca garantizar la estructura institucional que permita el desarrollo del poder democrático sobre el territorio, inhibiendo la formación de feudos políticos.