VENEZUELA: LA DEMOCRACIA ES UN DERECHO

Realicé un viaje de estudios a Venezuela y pude constatar la difícil situación por la que atraviesa ese importante país sudamericano. Dialogué con académicos, empresarios y políticos tanto del gobierno socialista como de la oposición cívica y democrática. El resultado fue, como sostenía el gran antropólogo Claude Lévi-Strauss, una “mirada desde afuera” que sintetizo como sigue. A un año, que se cumplió este fin de semana, de la asunción de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, el saldo de su gestión ha sido la conjunción de tres profundas crisis: una de tipo económico, otra marcadamente social y finalmente, una de carácter político. Estas crisis han colocado al borde de la ingobernabilidad y el colapso a esa nación. Heredero directo de Hugo Chávez, quien en su lecho de muerte lo proclamó para continuar con la obra del “socialismo del siglo XXI”, Maduro ha llevado al país a un callejón sin salida, transformando una situación de abundancia para pocos, en otra muy distinta de penuria para todos.

La crisis económica es evidente, la escasez de alimentos se agrava todos los días obligando a maratónicas filas en los supermercados durante horas, tiene la inflación más elevada del mundo la cual, según el Fondo Monetario Internacional, podría llegar al 75% a finales de 2014 lo que, de acuerdo con la Confederación Venezolana de Industriales, ha generado el cierre de cuatro de cada diez fábricas, las empresas que aún funcionan redujeron drásticamente la jornada laboral y suspendieron a buena parte de sus trabajadores por falta de materias primas. A lo anterior, se suman las erróneas medidas de política económica del gobierno, como la Ley de Costos y Precios Justos de 2011 que se presentó como una medida de “transición hacia el socialismo”, y que plantea la expropiación de las empresas que no cumplan con el férreo control político de los precios. A diferencia de otros controles existentes desde 2003, los congelamientos dejaron de circunscribirse a los bienes de primera necesidad para extenderse a toda la economía, desde las medicinas hasta el negocio automotriz. Además, las restricciones a la compra de divisas y los múltiples tipos de cambio, impiden la importación de insumos para la producción.

A este escenario se suma una grave crisis social en la que confluyen violencia e impunidad, y que está representada principalmente por una criminalidad desbordada que produjo durante el último año 24,763 asesinatos, que representan 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia en ese país muere una persona cada veinte minutos víctima de los delincuentes. Lo anterior ha obligado a los ciudadanos a una especie de “auto toque de queda” por lo que las calles de las ciudades se vacían apenas oscurece. El derecho a la información no existe. El gobierno censura y controla todos los medios de comunicación. De once canales de televisión ocho transmiten anuncios oficiales de manera continua, mientras que el resto promueve un burdo y abierto adoctrinamiento sobre la población, y por si faltara algo, la escasez de papel ha obligado a los periódicos a reducir sus tirajes significativamente.

Por su parte, la crisis política está representada por la brutal persecución del disenso. El gobierno hace un uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia y promueve a bandas paramilitares para reprimir el derecho a la protesta pacífica. El más destacado líder de la oposición democrática, Leopoldo López, se encuentra en prisión desde que iniciaron las manifestaciones, dos gobernantes de la oposición recién electos se encuentran presos y según la Asociación de Alcaldes de Venezuela, veintitrés más tienen procedimientos judiciales abiertos, indiciados por instigación a la manifestación. Otros importantes líderes opositores son la diputada María Corina Machado, quien fue depuesta arbitrariamente de su investidura parlamentaria acusada de representar a Panamá para solicitar la intervención de la OEA y Antonio Ledezma, actual Alcalde Mayor de Caracas, quien ha dado una lucha cívica sin precedentes por la defensa de los derechos humanos.

Los cuerpos policíacos y la Guardia Nacional Bolivariana recorren las calles de las principales ciudades haciendo ostentación de su armamento, el cual usan contra civiles desarmados a la primera oportunidad. Abundan denuncias por tortura, allanamientos de morada y detenciones arbitrarias desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 12 de febrero. Esto ha dejado un saldo al momento, de 42 muertos, 674 heridos y 2,419 detenidos.

 

Es necesaria la liberación de todos los presos políticos y cesar de inmediato la represión, abrir a un diálogo público con la oposición y respetar las competencias de las autoridades locales. El gobierno mexicano no puede continuar a imaginar que en Venezuela ocurren hechos aislados. No, en ese país hermano se está derramando sangre por la libertad y la democracia. Sería deseable un papel diplomático más activo para contribuir a la solución de esta crisis que afecta la estabilidad política de toda la región latinoamericana.