GEOGRAFÍA POLÍTICO-ELECTORAL

El territorio representa una dimensión fundamental de la política. La geografía electoral hace referencia al ámbito espacial del comportamiento político y lo estudia a partir de unidades agregadas en distintas escalas de organización territorial. El sufragio universal no es solamente una decisión individual y racional, sino que también es una conducta social, interactiva, colectiva y territorial. La distribución geográfica de los comportamientos electorales se podrá observar el próximo 7 de julio cuando se llevarán a cabo comicios en catorce entidades de nuestro país: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En conjunto, podrán votar cerca de 30 millones de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores, quienes representan al 37% del electorado nacional.

Con excepción de Hidalgo, en todas las entidades habrá renovación de ayuntamientos, y excluyendo a Coahuila, en ellas también se celebrarán comicios para reemplazar al poder legislativo. El único gobernador que se elegirá será el de Baja California. En su conjunto, el proceso electoral ha resentido acusaciones de clientelismo político y de inoperancia de las autoridades electorales quienes actuarían subordinadas a los poderes locales. Lo cierto, es que estas elecciones serán el primer ejercicio general después de la modificación de los equilibrios políticos opositores producto de los resultados de la elección federal de 2012.

Una de las desventajas de nuestro “federalismo electoral” se refiere a la duración de las campañas, que son variables dependiendo de la entidad en que se realicen, y que van desde los 10 días en los municipios cuya lista nominal no exceda los 20 mil ciudadanos, como en Coahuila, hasta los 60 días como ocurrirá en Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo. Otro aspecto discordante es que en algunas entidades la toma de posesión demoraría hasta siete meses, como en Puebla, mientras que en otras, como Durango, la transición ocurrirá 30 días después de las elecciones. Estarán en juego 1,348 ayuntamientos, 441 diputaciones locales y una gubernatura. Los estados en donde se disputarán más cargos son Oaxaca con 612 puestos, entre alcaldes y diputados, y Tlaxcala con 483, de los cuales 391 son candidatos a presidentes de comunidad. Para elegir representantes populares en México es necesario, como lo establece nuestra Carta Magna, hacerlo a través del voto libre, secreto, directo y universal, siendo para ello indispensable la organización de las elecciones dependiendo de su determinación territorial, es decir, atendiendo a la geografía electoral.

La geografía electoral estructura la división política del territorio, y su estudio corresponde a un campo interdisciplinario de las ciencias sociales, cuyo objetivo consiste en analizar la dimensión espacial de los procesos político-electorales. La geografía electoral involucra un conjunto de recursos, normas, tecnologías, políticas, marcos legales, administrativos y organizacionales que son necesarios para la efectiva creación, recopilación, manejo, acceso, distribución y uso de datos sobre el territorio. La geografía electoral mexicana deriva de los tres niveles de gobierno, y señala cuántos distritos conforman cada uno y que elección es la que determinan, para llegar a conclusiones sobre las fuerzas político-electorales que actúan en el territorio. La geografía electoral representa un método cartográfico para describir el reparto regional de las fuerzas partidarias. Beneficiándose del desarrollo de bases informáticas de datos, de la cartografía automatizada y de sistemas de información geográfica cada vez más sofisticados, actualmente, diversos estudios politológicos se encuentran explorando las nuevas dimensiones espaciales del voto en México.

A nivel federal, nuestra geografía electoral obedece a la división político-administrativa que establece la Constitución en sus artículos 52 y 53, referidos a la conformación de la representación política electa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y de circunscripciones de representación proporcional, así como el artículo 41, que faculta al IFE para que tenga a su cargo la geografía electoral a través del Registro Federal de Electores, debiendo mantener actualizada la cartografía electoral nacional, clasificada por entidad, distrito, municipio y sección electoral. Para garantizar el principio de igualdad del voto, la autoridad electoral federal tiene el mandato de ajustar periódicamente la división del territorio para llevar a cabo los comicios, e integrar permanentemente el registro de ciudadanos con derecho a voto. El factor poblacional constituye el criterio, tanto para determinar la distribución de los 300 distritos uninominales entre las 32 entidades federativas, como para delimitar geográficamente las cinco circunscripciones plurinominales en las que se elige la representación proporcional. La movilidad de la población obliga a realizar una revisión periódica de la división política del territorio, lo que todavía está pendiente. La redistritación debe reflejar los cambios sociodemográficos del último lustro. Necesitamos consolidar un sistema electoral modelo, constantemente perfeccionado y a prueba de intervenciones indebidas, que logre garantizar los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La importancia de lo anterior radica en que la delimitación del espacio geográfico asociado a la representación política, es la base organizativa de los modernos procesos electorales.