SE ESCRIBE HOMOFOBIA; PERO SE LEE PREJUICIO

La homofobia es un término que describe el rechazo, miedo, repudio, discriminación o estigmas hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales. También incluye a los demás individuos que integran la diversidad sexual, como las personas bisexuales o transexuales, y a quienes mantienen actitudes o hábitos comúnmente asociados al otro sexo. La palabra homofobia (fobia, del griego “pánico”) proyecta un obsesivo sentimiento de repugnancia contra la homosexualidad.

Hace apenas 24 años la Organización Mundial de la Salud consideraba a la homosexualidad como una enfermedad mental. Fue el 17 de mayo de 1990 cuando su Asamblea General decidió retirarla de la lista de trastornos psicológicos. Aunque todavía hoy, muchos manuales de psiquiatría la consideran una “patología de la identidad sexual”. La homofobia es una exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género.

La homofobia forma parte de la intolerancia. Los crímenes por homofobia son muy comunes en las sociedades de nuestro tiempo. Actualmente, alrededor de 70 países criminalizan a la homosexualidad con duras penas de prisión como Rusia, Nigeria y Uganda o con cadena perpetua como Pakistán. Otros como Afganistán, Mauritania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Yemen, mantienen la pena de muerte.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, recita la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada hace 65 años por la ONU. Sin embargo, la discriminación por homofobia aún persiste incluso en los sistemas democráticos. El declive de las sociedades homogéneas ha permitido la aparición de nuevos grupos y movimientos con su propia identidad. Para hacer realidad los derechos humanos se precisan cambios a las leyes, aplicando nuevas políticas y adaptando las prácticas institucionales.

Es urgente que la acción de los gobiernos busque la ampliación de los derechos y garantías de protección para todas las personas, estableciendo mecanismos de justiciabilidad que aseguren su realización efectiva, así como mayores condiciones de equidad y desarrollo humano. La vocación democrática se expresa en la capacidad para tomar decisiones en campos donde la ley no existe, es insuficiente o se carece de instancias jurisdiccionales para salvaguardar los derechos fundamentales.

Los derechos ciudadanos adquieren sentido, cuando la democracia atiende las reivindicaciones de los grupos étnicos, migratorios, sexuales, de género y de identidad religiosa o cultural, y amplía el andamiaje institucional de protección para todas las personas.

Para consolidar en nuestro país un auténtico Estado democrático de derecho, debemos erradicar la homofobia en los espacios de convivencia humana construyendo esquemas de inclusión. Los desafíos de una nueva ciudadanía se relacionan con la progresividad de los derechos humanos, con la institucionalización de políticas públicas bajo los principios de equidad de género, no discriminación, igualdad de oportunidades, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, y con un profundo proceso de reconocimiento de las diferencias.

En México, por Decreto Presidencial, se celebrará por primera vez el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia este sábado 17 de mayo. Nuestra democracia avanza propiciando procesos de apertura institucional y de reconocimiento de nuevos derechos civiles.

EL IDEAL DEL ESTADO TRANSPARENTE

Cuando hablamos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas la referencia es a un paquete específico de derechos ciudadanos. Ellos van más allá del simple hecho de publicar documentos y datos existentes, y promueven que la información sea de fácil acceso, comprensiva, homogénea, relevante y confiable. La transparencia en los asuntos del Estado no es una moda, ni una ocurrencia académica de última hora, por el contrario, es un reclamo que tiene un largo recorrido en la historia de las instituciones y de las doctrinas políticas. No debemos olvidar que la misma palabra República deriva de “res-publica” que significa la cosa pública, en el doble sentido de gobierno del público y de gobierno en público.

 

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas conforman un mecanismo que proyecta la continua preocupación por la existencia de controles y contrapesos para la supervisión y la restricción del poder. Representan instrumentos y principios democráticos que permiten informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por los sujetos obligados. Es una tarea permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre la opacidad en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones a que está sujeto todo servidor público.

La nuestra es una democracia en construcción, que busca el establecimiento de instituciones transparentes y prácticas efectivas de rendición de cuentas, no como una concesión generosa o un acto voluntario del soberano sino como una obligación de los gobernantes.

El principal problema para ejercer el derecho humano a la información y a la transparencia en México se localiza a nivel local. Aún existen estados que no rinden cuentas, que no informan lo que gastan y como lo gastan, bajo argumentos carentes de toda credibilidad como que se pondría en riesgo la estabilidad de las instituciones e incluso, la seguridad del estado. Lo grave del asunto es que los entes locales garantes de la transparencia, muchas veces legitimaban esas reservas a la información pública.

La reciente reforma constitucional en transparencia que dota de autonomía al IFAI, permitirá homologar los criterios para hacer pública la información en el ámbito de todos los poderes del país. Amplía los sujetos obligados a rendir cuentas por lo que no solo abarcará a los entes públicos, sino también a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos. El organismo garante de la transparencia tendrá capacidad de atracción sobre asuntos relevantes. La reforma constitucional y la nueva Ley General de Transparencia aumentan sus facultades y atribuciones, fortalece el acceso a la información y a la rendición de cuentas, contribuyendo a consolidar un estado democrático de derecho. Sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, haciendo prevalecer el principio de máxima publicidad.

Los poderes locales han demostrado su resistencia para asumir comportamientos democráticos. Por ello el nuevo federalismo que se construye en México busca garantizar la estructura institucional que permita el desarrollo del poder democrático sobre el territorio, inhibiendo la formación de feudos políticos.

VENEZUELA: LA DEMOCRACIA ES UN DERECHO

Realicé un viaje de estudios a Venezuela y pude constatar la difícil situación por la que atraviesa ese importante país sudamericano. Dialogué con académicos, empresarios y políticos tanto del gobierno socialista como de la oposición cívica y democrática. El resultado fue, como sostenía el gran antropólogo Claude Lévi-Strauss, una “mirada desde afuera” que sintetizo como sigue. A un año, que se cumplió este fin de semana, de la asunción de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, el saldo de su gestión ha sido la conjunción de tres profundas crisis: una de tipo económico, otra marcadamente social y finalmente, una de carácter político. Estas crisis han colocado al borde de la ingobernabilidad y el colapso a esa nación. Heredero directo de Hugo Chávez, quien en su lecho de muerte lo proclamó para continuar con la obra del “socialismo del siglo XXI”, Maduro ha llevado al país a un callejón sin salida, transformando una situación de abundancia para pocos, en otra muy distinta de penuria para todos.

La crisis económica es evidente, la escasez de alimentos se agrava todos los días obligando a maratónicas filas en los supermercados durante horas, tiene la inflación más elevada del mundo la cual, según el Fondo Monetario Internacional, podría llegar al 75% a finales de 2014 lo que, de acuerdo con la Confederación Venezolana de Industriales, ha generado el cierre de cuatro de cada diez fábricas, las empresas que aún funcionan redujeron drásticamente la jornada laboral y suspendieron a buena parte de sus trabajadores por falta de materias primas. A lo anterior, se suman las erróneas medidas de política económica del gobierno, como la Ley de Costos y Precios Justos de 2011 que se presentó como una medida de “transición hacia el socialismo”, y que plantea la expropiación de las empresas que no cumplan con el férreo control político de los precios. A diferencia de otros controles existentes desde 2003, los congelamientos dejaron de circunscribirse a los bienes de primera necesidad para extenderse a toda la economía, desde las medicinas hasta el negocio automotriz. Además, las restricciones a la compra de divisas y los múltiples tipos de cambio, impiden la importación de insumos para la producción.

A este escenario se suma una grave crisis social en la que confluyen violencia e impunidad, y que está representada principalmente por una criminalidad desbordada que produjo durante el último año 24,763 asesinatos, que representan 79 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia en ese país muere una persona cada veinte minutos víctima de los delincuentes. Lo anterior ha obligado a los ciudadanos a una especie de “auto toque de queda” por lo que las calles de las ciudades se vacían apenas oscurece. El derecho a la información no existe. El gobierno censura y controla todos los medios de comunicación. De once canales de televisión ocho transmiten anuncios oficiales de manera continua, mientras que el resto promueve un burdo y abierto adoctrinamiento sobre la población, y por si faltara algo, la escasez de papel ha obligado a los periódicos a reducir sus tirajes significativamente.

Por su parte, la crisis política está representada por la brutal persecución del disenso. El gobierno hace un uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia y promueve a bandas paramilitares para reprimir el derecho a la protesta pacífica. El más destacado líder de la oposición democrática, Leopoldo López, se encuentra en prisión desde que iniciaron las manifestaciones, dos gobernantes de la oposición recién electos se encuentran presos y según la Asociación de Alcaldes de Venezuela, veintitrés más tienen procedimientos judiciales abiertos, indiciados por instigación a la manifestación. Otros importantes líderes opositores son la diputada María Corina Machado, quien fue depuesta arbitrariamente de su investidura parlamentaria acusada de representar a Panamá para solicitar la intervención de la OEA y Antonio Ledezma, actual Alcalde Mayor de Caracas, quien ha dado una lucha cívica sin precedentes por la defensa de los derechos humanos.

Los cuerpos policíacos y la Guardia Nacional Bolivariana recorren las calles de las principales ciudades haciendo ostentación de su armamento, el cual usan contra civiles desarmados a la primera oportunidad. Abundan denuncias por tortura, allanamientos de morada y detenciones arbitrarias desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 12 de febrero. Esto ha dejado un saldo al momento, de 42 muertos, 674 heridos y 2,419 detenidos.

 

Es necesaria la liberación de todos los presos políticos y cesar de inmediato la represión, abrir a un diálogo público con la oposición y respetar las competencias de las autoridades locales. El gobierno mexicano no puede continuar a imaginar que en Venezuela ocurren hechos aislados. No, en ese país hermano se está derramando sangre por la libertad y la democracia. Sería deseable un papel diplomático más activo para contribuir a la solución de esta crisis que afecta la estabilidad política de toda la región latinoamericana.