CLIENTELISMO POLÍTICO

La suspensión temporal de las actividades públicas del Pacto por México, el debate sobre el uso clientelar de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la solicitud de juicio político a la Secretaria de Desarrollo Social y al gobernador de Veracruz, invitan a reflexionar sobre un fenómeno que afecta a todos los sistemas políticos, tanto a los desarrollados como a los que se encuentran en vías de modernización: el clientelismo político. El intercambio de favores por votos es una práctica en la que incurren todos los partidos políticos independientemente de su ideología. Es un modo de ejercicio del poder y una práctica antidemocrática que denota el intercambio de obras públicas y programas sociales por apoyo político. La mayoría de las veces, el intercambio es forzado por las precarias circunstancias en que se encuentran algunas comunidades en las regiones más pobres del país. El clientelismo político representa un intercambio de favores, en el cual los empleados públicos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su encargo o de contactos relacionados con el, a cambio de apoyo electoral. En un sistema de este tipo, el poder sobre las decisiones de la administración pública se utiliza para obtener beneficios privados y, por lo general, los recursos que facilitan los intercambios clientelares provienen del Estado. El funcionario, u otra persona dotada de suficiente autoridad como para influir sobre los integrantes de la administración pública, puede tomar decisiones que favorezcan a sus electores quienes, a su vez, compensan con la perpetuación en el poder del partido implicado. Esta relación puede incluir la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboran políticamente. Los sistemas clientelares surgen donde la necesidad de integrar a numerosos participantes en el sistema político favorece la formación de mecanismos de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades sociales.

El clientelismo político está cambiando de rostro. El clientelismo tradicional se ha transformado en un moderno clientelismo institucionalizado, desarrollando sofisticados mecanismos de dominación y de consenso. En sus orígenes era de tipo vertical que descendía del político hacia el elector en lo individual. Actualmente, se ha convertido en un clientelismo horizontal que involucra a importantes grupos sociales, es un clientelismo de masas, organizado, eficiente y planificado centralmente. En el clientelismo individual la relación de intercambio tiene un carácter instrumental, y en ella el funcionario funge como “patrón” con un estatus de poder más elevado que utiliza su influencia y sus recursos para ofrecer protección o ventajas a una persona de estatus inferior. A su vez, “el cliente” ofrece apoyo específico, en este caso, su voto, existiendo una reciprocidad directa, interpersonal y desigual. Es un intercambio caracterizado por formas rituales de disponibilidad. Por su parte, el clientelismo de masas proyecta una relación altamente organizada que opera a nivel del sistema político.

El clientelismo de masas se desarrolla a partir de la organización del partido como “máquina política”, en donde las personas y grupos disponen de cierta información que les permite medir y comparar los costos y beneficios del intercambio. Este clientelismo establece un vínculo que no es simétrico, sino de dominación y subordinación entre la masa y el poder político, es una relación motivada por intercambios de tipo material o simbólico. El clientelismo político expresa una particular modalidad de ejercicio del poder que tiene tres componentes: es una asociación con una estructura dual caracterizada por el “dar para recibir”, es una relación fundada sobre vínculos de poder, y representa un factor condicionante del desarrollo económico y social en determinadas circunstancias. El clientelismo es un mecanismo para la adquisición de consensos mediante la compra y venta de ventajas institucionales. Debemos evitar que nuestro régimen político restaure el viejo Estado clientelar, en donde la relación de intercambio de bienes públicos sustituía al derecho como instrumento de gobierno.

La disposición del presidente Peña Nieto para evitar el uso electoral de los programas sociales y la voluntad política de los actuales liderazgos de los partidos de oposición, evitarán la ruptura del esquema de diálogo político que representa el Pacto por México. Pero será necesario que instituciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, actúen inmediatamente, y que los legisladores realicen adecuaciones al Código Penal para actualizar los delitos electorales de compra y coacción del voto. Requerimos de una gobernabilidad democrática de “nuevo tipo”, en donde se reconozca el papel que desempeñan los valores políticos de la transparencia, la honestidad, la prevalencia del interés colectivo sobre los intereses privados, la rendición de cuentas, así como la influencia de la sociedad civil sobre el actuar de los políticos. Mientras que nuestro Estado de derecho debe combatir radicalmente cualquier forma de clientelismo político y de instrumentalización de las personas, los partidos y los gobernantes deben convertirse en autoridades con una orientación ética basada en un proyecto común de nación dirigido al bienestar social.

TERRORISMO CIEGO

Los atentados contra civiles en el maratón de Boston merecen una condena unánime. Las explosiones en ese evento deportivo son el último episodio sangriento en la historia del terror ciego. Una serie de deflagraciones acabaron con tres vidas y causaron heridas a centenares de personas, reavivando el fantasma del terrorismo en un país que no sufría un atentado en su territorio desde el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono en septiembre de 2001. Esta intimidación acontece, justamente, cuando el Senado de los EU ha acordado iniciar un debate legislativo para una nueva ley que endurezca las restricciones para la libre venta de armas de fuego en ese país. Un acto de terrorismo como el que observamos, puede paralizar todo.

No se debe olvidar que el terrorismo, como las bacterias virales, se encuentra en todas partes. Hay una diseminación del terror que se desarrolla en el corazón mismo de la cultura que lo combate. Un nuevo terrorismo que no ataca más al sistema en términos de relaciones de fuerza, sino que se presenta como una forma de acción individual o colectiva que busca perturbar profundamente a la sociedad. El terrorismo es tan antiguo como la injusticia o la violencia misma, y puede ser clasificado en cuatro formas complementarias: 1) el “terror simbólico” que se sustenta en una política de intimidación dirigida contra la sociedad pero orientada a coaccionar al gobierno, es una táctica y una forma de violencia con fines políticos; 2) el “terror libertario” que se dirige a una misión “superior” representada por la futura construcción de un orden político sin clases sociales; 3) el “terror nacionalista” llevado a cabo por grupos que buscan la “pureza de la sociedad” y la expulsión de quienes son percibidos como cuerpos extraños y nocivos para la comunidad dada su pertenencia a grupos culturalmente no asimilables; y 4) el “terror dirigido desde el Estado” que se ejerce contra grupos opositores considerados desleales al régimen, es el terror que busca imponer el llamado “consenso total” que elimina el disenso al interior del régimen político. En cualquiera de sus formas, el terrorismo ciego implica destrucción, violencia e intolerancia.

Nuevamente, la lucha contra el terrorismo ocupará un lugar privilegiado en la agenda interna de los EU, colocando en segundo lugar temas tan relevantes para México como la reforma migratoria o la regulación del tráfico de armas. La aparición de un ambiente de psicosis colectiva y de guerra antiterrorista justificará la censura, la intercepción de correo electrónico y el espionaje telefónico, como ya ha ocurrido en el pasado. La teoría de la conspiración terrorista legitimará nuevas guerras y sacrificios económicos para la población, en un contexto en el que recientemente se redujo significativamente el presupuesto para la defensa de ese país. En estas circunstancias, el terror se enfrenta al temor y se proyecta mucho más allá de cualquier ideología política.

Existe una distinción entre terror y terrorismo, el primero se refiere a un instrumento de emergencia al que apela un gobierno dictatorial para mantenerse en el poder a toda costa, mientras que el segundo representa una estrategia de guerra a la que recurren ciertos grupos disidentes para combatir al Estado. Históricamente, la “guerra justa” se ha legitimado aduciendo que el Estado enfrenta una amenaza de agresión que puede poner en peligro su integridad territorial o su independencia política, por lo que adquiere el “derecho a la guerra”. El concepto de guerra justa implica la celebración del terror y la violencia: de un lado, la guerra es reducida al estatus de acción policiaca y del otro, se fortalece un poder facultado para ejercer funciones punitivas “éticamente” justificadas.

Al espectáculo del terrorismo se sobrepone el terrorismo del espectáculo. La violencia terrorista adopta nuevas formas: terrorismo tecnológico, terrorismo biológico, terrorismo del rumor, terrorismo financiero y el peor de todos: terrorismo de la información. La vieja maquinaria de propaganda ha evolucionado hasta convertirse en un refinado arte de la guerra psicológica. El filósofo italiano, Norberto Bobbio, consideraba que el terror representa la guerra como prolongación de la ausencia de política, mientras que el terrorista “es o cree ser, ante todo, un justiciero”. En la era de la globalización asistimos a una revolución en los asuntos militares que busca paralizar al posible enemigo, anticiparse a sus decisiones y operar con plena efectividad sobre la totalidad de los objetivos, eliminándolos a larga distancia y desde el primer instante. En el pasado, un obstáculo importante estaba constituido por la distancia y lo inaccesible de los objetivos militares. En términos bélicos ambos elementos han desaparecido, dado que actualmente, el poder militar tiene un alcance global.

El nuevo terrorismo ya no es solamente internacional sino también doméstico, y en cualquiera de sus modalidades siempre busca imponer sus condiciones a la sociedad en su conjunto. Si no se logra detener al terrorismo ciego estaremos avanzando, inevitablemente, hacia la destrucción de la convivencia civilizada.

UN PACTO POLÍTICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Miguel Ángel Mancera es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en tal condición tiene la oportunidad de llevar a cabo un gobierno más propositivo en relación con el que se desempeña a nivel federal. Tiene ante sí la oportunidad histórica para suscribir e impulsar un pacto que otorgue a la capital del país una propia Constitución republicana que establezca nuevas instituciones, reglas y garantías para el conjunto de los actores que aspiran a gobernarla y representarla.

Se requiere de un “Pacto Político para la Ciudad de México” que permita refundar los órganos de gobierno y de la representación política en la capital. Debido a la magnitud de los problemas que enfrenta el Distrito Federal, pensar en un Pacto por la Ciudad que impulse el proceso de democratización significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las nuevas formas de participación ciudadana como instancias de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política.

Un pacto que fortalezca la gobernabilidad y que es necesario para acortar la distancia entre autoridades y ciudadanos, creando espacios deliberativos y participativos. A pesar de sus diferencias políticas e ideológicas, los políticos deben ofrecer a los ciudadanos alternativas reales y compromisos concretos para mejorar la calidad de la democracia en la capital del país.

En su artículo 44 nuestra Constitución Política señala que “la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos”. El Distrito Federal siempre ha sido una entidad con características propias dado que no forma parte de los 31 estados a pesar de que es parte integrante de la Federación. No cuenta con el mismo régimen jurídico ya que nuestra norma suprema sigue conservando disposiciones que otorgan facultades de carácter local a órganos federales. Durante la mayor parte de su existencia la capital fue gobernada exclusivamente por la Federación. Gobernar la Ciudad de México actualmente significa atender la necesidades de una de las metrópolis más complejas del mundo con casi nueve millones de habitantes, aunque si incorporamos la zona metropolitana, es decir, a los 59 municipios conurbados que rodean al Distrito Federal, la población se incrementa a casi 19 millones siendo la segunda ciudad del planeta por número de habitantes solo precedida por Tokio que cuenta con una población cercana a 36 millones.

La historia de la democratización de la Ciudad de México ha sido bastante accidentada. Desde 1824, con la adopción del sistema federal se determinó la necesidad de establecer un territorio que fuera sede de los poderes federales ubicándose en el Valle de México y no en Querétaro como se pretendía. Bajo la Constitución centralista de 1836 se suprimió el sistema federativo y, consecuentemente, el Distrito Federal. Con la Constitución de 1857 se repuso el sistema establecido en 1824 y con la Constitución de 1917 se cohesionó al sistema jurídico de gobierno estableciéndose el régimen municipal. En 1928 la Constitución es nuevamente reformada para suprimir los municipios y encomendar su gobierno a un Jefe del Departamento, denominado “Regente”, nombrado por el Presidente de la República.

En sustitución de las municipalidades se crearon las delegaciones cuyos titulares eran a su vez designados por el Jefe del Departamento. Este régimen se mantuvo hasta 1988 cuando por primera vez se eligió y se instaló la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, un cuerpo deliberante con escasas atribuciones. La ambivalencia entre capital de la República y entidad federativa con personalidad jurídica que le atribuyó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en 1994, homologó a la Ciudad de México con el Distrito Federal, constituyendo un discreto avance en materia de autonomía y representación política pero que auspició diversos problemas que aún no se han resuelto. En 1997 se estableció la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con mayores facultades que su antecesora, y en este mismo año se eligió por primera ocasión y para un periodo de tres años a un Jefe de Gobierno. En 2000 se eligió a un nuevo titular del Ejecutivo local, ahora por seis años, y por primera vez a los Jefes Delegacionales con un periodo de tres años. Así poco a poco los capitalinos hemos ido recuperando la facultad de elegir a nuestras autoridades por lo que es tiempo de ampliar y perfeccionar nuestros derechos ciudadanos.

UNA LUCHA CONTRA EL PODER

 

Hoy concluye la campaña electoral para elegir al nuevo presidente de Venezuela. Una campaña que buscó incentivar la participación de, aproximadamente, 19 millones de electores y que fue, también, la campaña electoral más corta en la historia de ese país, con tan solo diez días, pero que se caracterizó por su intensidad y su carga emocional. Se acudirá a las urnas para elegir a quien tomará las riendas del país hasta el 2019. La muerte del presidente Chávez, quien contaba con una elevada popularidad, cinco meses después de haber obtenido su tercera reelección con el 55% de los votos, ha cambiado los equilibrios políticos inamovibles por largo tiempo. Estas elecciones se llevan a cabo en función del artículo 233 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela que establece: “cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. Su fallecimiento el pasado 5 de marzo creó una situación política inédita en la que existió un golpe de “Estado constitucional” porque el poder no fue depositado en el Presidente de la Asamblea Nacional, como establece la Constitución, sino en manos del Vicepresidente Nicolás Maduro quien es, al mismo tiempo, el delfín que Chávez escogió públicamente como su heredero político antes de morir, el líder en funciones del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, y que ejerce, además, como Presidente encargado.

 

El candidato de la alianza opositora, Henrique Capriles, cuenta con el enorme capital político que representa el haber obtenido 6.4 millones de votos, el 44% del total, en las pasadas elecciones presidenciales de octubre. Es la más fuerte candidatura opositora que se pudo desarrollar en los 14 años que duró la era chavista y que se aglutina en torno a la Mesa de Unidad Democrática, una heterogénea coalición de partidos y agrupaciones que abarca un amplio espectro ideológico desde socialdemócratas y democristianos, hasta centristas y laboristas. Al grito de “Yo no soy la oposición, soy la solución”, Capriles cerró su campaña en Caracas, en la que se ha considerado la mayor concentración opositora e independiente desde 1999. Para utilizar simbólicamente a Chávez, las elecciones se celebrarán un día después de la conmemoración del “Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y la Revolución de Abril”, una jornada de “Júbilo Nacional” que representa la fecha en la que Chávez regresó al poder, tras el golpe de Estado ocurrido el 12 de abril de 2002 que lo depuso del cargo durante tres días. Sin embargo, a pesar del uso faccioso del poder, las elecciones de este domingo serán muy competidas, con alta participación, y dada la polarización política y social existente, sus resultados difícilmente serán aceptados por el candidato perdedor.

Usando los ritos, símbolos y mitos nacionales, Nicolás Maduro afirma que un voto por él representa un asunto de lealtad al comandante fallecido. Su lema de campaña lo dice todo: “Chávez, te lo juro, voto por Maduro”. Apoyado en las instituciones del Estado y en los programas sociales de ayuda directa a los pobres, creados por Chávez, ha logrado desarrollar un refinado clientelismo político. No obstante, el candidato oficial no posee el carisma de Chávez ni tampoco su liderazgo social. En los comicios regionales de diciembre para renovar gobernadores, con Chávez ya hospitalizado en La Habana, la participación del electorado no llegó al 54%, por lo que la apuesta de la oposición es conservar el 100% del voto obtenido por Capriles en octubre y confiar en que Maduro pierda al menos un tercio de los que obtuvo Chávez en esa ocasión. Esta apuesta puede generar muchas sorpresas.

¿Existe chavismo después de Chávez? El uso del poder del Estado para apoyar a un candidato no garantiza la continuidad del régimen. El próximo domingo sabremos si perdura el sistema vigente, caracterizado por un liderazgo personalista con tintes izquierdistas, pero que posee un modelo eficaz de gestión y control social. Un régimen político populista que censura, limita las libertades, persigue a la disidencia y que controla al Estado y a los poderes que lo integran. El partido en el gobierno define su ideología como una mezcla de “socialismo del siglo XXI”, marxismo, guevarismo, bolivarianismo, nacionalismo, antiimperialismo y anticapitalismo. En Venezuela conviven los logros sociales generados por los ingresos de las exportaciones de petróleo, con graves problemas de desarrollo humano, entre los que destacan, la elevada criminalidad, la creciente inflación y la escasez de productos básicos en amplias zonas del país. Este escenario se complica por las recientes devaluaciones de la moneda. La importancia de Venezuela para la región es evidente, dado que representa el quinto país exportador de petróleo y el poseedor de las mayores reservas de crudo pesado del mundo, pero sobre todo, porque es un país en busca de la democracia.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

En México es peligroso defender la libertad de expresión y los derechos humanos. Este es uno de los temas que afectan al Estado de Derecho y que forma parte de la agenda pendiente de nuestra democratización. En los últimos tiempos diversos informes de organizaciones de la sociedad civil, han documentado un aumento de los actos de hostigamiento contra periodistas y organismos defensores de los derechos humanos. Este acoso tiene distintas manifestaciones que van desde amenazas, intimidaciones anónimas, vigilancia de sus domicilios, hasta el homicidio. Los amagos, la intervención telefónica, los allanamientos de oficinas, los constantes robos y los atentados contra periodistas y defensores de los derechos humanos están a la orden del día, sobre todo, en el ámbito local. Llama poderosamente la atención que la mayoría de estos actos de hostigamiento nunca son esclarecidos del todo. Hasta ahora el elemento distintivo es el muro de impunidad prevaleciente y la ineficiencia del gobierno para garantizar su trabajo. Además, existe la fundada sospecha de que, en muchos casos, son las mismas autoridades quienes promueven el acoso y la persecución. Los niveles de hostigamiento abarcan la desinformación que se genera entre las dependencias gubernamentales sobre la labor de los periodistas y de los organismos civiles de derechos humanos, creando un ambiente hostil y muchas veces riesgoso para su profesión. En este escenario, destaca la vulnerabilidad de los defensores indígenas que deriva de los contextos en donde deben realizar su labor enfrentando cacicazgos, operativos policiacos y, en ocasiones, la tortura y el asesinato. En la misma situación se encuentran los defensores de derechos humanos que trabajan con migrantes irregulares, principalmente de Centroamérica, quienes se encuentran expuestos a diversas amenazas. Las intimidaciones ocurren en distintas partes de México, pero se acentúan en aquellas regiones como Oaxaca, Veracruz, Guerrero o Chihuahua en donde la pobreza extrema, la desigualdad y la corrupción a nivel local provocan protestas sociales. Por su parte, los periodistas representan un grupo extremadamente indefenso que sufre secuestros y desapariciones forzadas y, por si esto fuera poco, también se han llevado a cabo atentados contra las instalaciones de los medios de comunicación.

Los defensores de los derechos humanos actúan de muchas formas para hacer realidad las libertades fundamentales y los derechos reconocidos internacionalmente. Ellos parten del principio de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. La ONU tiene desde 1998 una Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos en la que sus Estados Miembros, incluido México, reafirman que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos”. En virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, el Estado debe rendir cuentas de los ataques y homicidios perpetrados por funcionarios o particulares contra periodistas y defensores. El Estado tiene la obligación de actuar contra quienes los amenazan, y si no interviene con la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar estos abusos, es responsable de acuerdo con el derecho internacional. En México, recientemente se han emitido una serie de procedimientos e iniciativas para proteger a las personas que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión. Es el caso del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, establecido por la ley en la materia que fue aprobada recientemente. Una vez que se instaló el Mecanismo, procede la evaluación del desempeño de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, en cuanto instancias responsables ante la sociedad.

Este Consejo podrá realizar evaluaciones independientes sobre la atención brindada desde las instituciones del Estado, a la problemática de la violencia contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, así como contra los defensores de los derechos humanos. Se prevé que el Ejecutivo Federal publique el reglamento de esta ley a mediados de diciembre, una vez que Enrique Peña Nieto tome posesión como nuevo Presidente de México, con lo que se espera que se fortalezcan las instituciones democráticas y se formulen políticas públicas en derechos humanos que reviertan el deterioro de las garantías constitucionales producto del combate a la delincuencia organizada. La sociedad civil debe aumentar su presencia en la vida pública nacional, para exigir a las autoridades que brinden las garantías que establecen nuestras legislaciones, para garantizar la integridad física y psicológica de los defensores de los derechos humanos, así como de los periodistas. Es necesario aumentar el reconocimiento social y la importancia crucial del trabajo que llevan a cabo. En la situación actual debemos considerar prioritaria esta tarea.

DEMOCRACIA LÍQUIDA

El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, acuñó el término “modernidad líquida” para referirse al tiempo actual, caracterizado por grandes transformaciones sociales, sin certezas, con miedos y angustias existenciales. Estudioso de la posmodernidad, Bauman explora aquellos atributos de las sociedades contemporáneas que se han mantenido en el tiempo, destacando el acentuado individualismo en nuestras relaciones tornándolas precarias y volátiles. La modernidad líquida, sostiene Bauman, es una figura del cambio dado que los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo, es decir, “duran”; mientras que los líquidos son informes y se transforman constantemente, es decir, “fluyen”. La moderna sociedad líquida exige a los individuos flexibilidad y fragmentación de sus intereses, lealtades y afectos. La pertenencia a “ningún sitio”, la ausencia de raíces y de anclajes sumerge a nuestras sociedades en el desasosiego y el miedo. Todos nos aferramos a seguridades, a espacios que no se mueven, a salvaguardas virtuales de la angustia. Nuestras sociedades son metrópolis del miedo. Los temores son muchos y variados, reales e imaginarios: violencia, desempleo, hambre, terremotos o epidemias. Lo “líquido” de la modernidad se refiere a la conclusión de una etapa de “incrustación” de los individuos en estructuras sólidas, como el régimen de producción industrial o las instituciones democráticas.

La política, obligada a ofrecer respuestas a estos escenarios, se mueve desorientada entre las masas de electores que expresan una fluctuante geografía del consenso. Para darle sentido a estas profundas transformaciones, en distintas partes del planeta surgen nuevas e imaginativas formas de participación ciudadana para hacer congruentes estos cambios sociales con las instituciones democráticas.

¿Cómo otorgar a los ciudadanos más poder del que poseen actualmente? Esta pregunta reclama una redefinición de los objetivos de la política, porque en todas sus formas, ideales o empíricas, ésta conserva siempre su capacidad para producir acciones orientadas al progreso de la sociedad. En este contexto, aparecen nuevos modelos de democracia. Junto a la democracia representativa, se desarrolla una “democracia líquida” que facilita una relación directa entre electores y elegidos.

La democracia líquida, también llamada democracia 4.0, es una forma de democracia delegativa que se desarrolla a través de la participación digital de carácter directo. Es un sistema en el que cualquier ciudadano puede ser su propio representante. A través del voto por internet puede opinar, realizar propuestas y manifestar sus decisiones de manera directa. Es el “ciudadano total” que expresa sus necesidades e intereses a los políticos en tiempo real, a través de las redes sociales o de medios electrónicos y digitales, integrando una representación virtual de carácter permanente. No es necesario sustituir a los representantes políticos tradicionales, ni a esperar el final de las legislaturas, dado que el voto delegado puede expresarse en cualquier momento y lugar. En algunos países como Alemania, Italia, Austria, Suiza y Brasil se desarrollan distintas formas de democracia líquida, a través de sistemas online como el denominado “LiquidFeedback”, que es un programa de código abierto para la formación de opiniones y para la toma de decisiones, que permite una interacción positiva entre democracia directa y democracia representativa.

Este sistema permite tomar decisiones sin dejar de reflejar la voluntad de los usuarios de los servicios públicos. El LiquidFeedback, que funciona desde 2010, es un sistema para discutir y votar propuestas, y está dirigido a los partidos, asociaciones y grupos de ciudadanos, ámbitos en donde la enorme cantidad de integrantes dificulta conocer su opinión directamente. Este tipo de participación fortalece a la democracia representativa y es mucho más dinámica, pues el voto se puede modificar en todo momento.

La democracia líquida es el futuro de la democracia en México, es una democracia interactiva que devuelve el poder de decisión a los ciudadanos en su calidad de usuarios de los servicios públicos. Los usuarios pueden enviar propuestas para que sean votadas por los demás. El emisor de la propuesta la clasifica en un área temática adecuada o puede crear una nueva. También se pueden formular propuestas alternativas a las ya existentes. Nuestra clase política debe frenar la erosión de la participación y para hacerlo debe regresar a pensar desde abajo, porque los grandes desafíos al consenso encuentran respuesta, solamente, en un sistema difuso de participación de la sociedad en la toma de decisiones. Las reformas institucionales, incluidas las electorales, pueden hacer mucho, pero no son suficientes si no se articulan positivamente con iniciativas que sean capaces de recuperar una amplia dimensión participativa. La democracia líquida es una forma de democracia directa en donde la idea central es que el ciudadano se represente a sí mismo. La democracia líquida ayuda a que el viejo ideal político de la plena participación de los individuos en los asuntos que les incumben sea una realidad. Las nuevas tecnologías están cambiando la relación entre instituciones y usuarios de los servicios públicos abriendo una formidable ventana de oportunidades a la participación en las distintas esferas de nuestra vida cotidiana.

¿DEBATIR O DIALOGAR?

No es lo mismo debatir que dialogar, ya que cuando predomina la confrontación aparecen situaciones asimétricas que interrumpen la comunicación, mientras que por el contrario, cuando prevalece el diálogo surge la búsqueda de entendimientos racionales, acuerdos y pactos. Actitudes que en la política democrática debieran ser comunes. Gracias al diálogo, los candidatos pueden ser vistos como ciudadanos en igualdad de condiciones. Sin embargo, es posible que se presente una vieja enfermedad de la política en donde la única relación posible con el adversario es su exclusión. O dicho de otra manera, una situación en donde la eliminación, real o aparente, del contrincante aparece como una condición para la propia sobrevivencia política. Sería verdaderamente preocupante que el debate entre los candidatos se convierta en un espacio solo para la confrontación cuando lo que la política mexicana necesita con urgencia en estos momentos es un diálogo para la democracia.

Un diálogo a propósito de las soluciones que los distintos partidos ofrecen a los ciudadanos, un diálogo que defienda las condiciones y los presupuestos para el desarrollo en nuestro país de una convivencia política democrática. Recordemos que uno de los principales enemigos del diálogo está representado por las restricciones a la libertad de expresión e información. El diálogo no debe privilegiar una sola posición, ni puede escoger entre este o aquel interlocutor. Al contrario, el diálogo debe promover la más amplia participación garantizando el derecho de expresión del conjunto de las propuestas existentes en igualdad de condiciones. El diálogo debe estar abierto a la diversidad evitando que se endurezcan las diferentes posiciones y que se impongan las certezas típicas del dogmatismo de otros tiempos.

En donde no hay reciprocidad no existe política desinteresada y por lo tanto, la función del diálogo desaparece. El diálogo debe permitirnos conocer todos los argumentos antes de arribar a una conclusión definitiva. En consecuencia, el diálogo se contrapone al monólogo y se relaciona con la integración de los distintos puntos de vista. El diálogo ayuda a valorar realísticamente las posiciones y las razones del adversario. El diálogo libera a la política de las ataduras ideológicas. Para distinguir los distintos tipos de interacción en política conviene recordar al filósofo alemán Jürgen Habermas quien ha propuesto una distinción entre lo que denomina acción comunicativa y acción estratégica. La acción comunicativa estaría representada por un comportamiento lingüístico que se dirige a los otros en la búsqueda de un acuerdo fundado sobre una convicción racional y en la perspectiva de acciones comunes o concordadas. Mientras que la acción estratégica estaría representada por aquella acción que busca realizar ciertos fines, incluso a través de comportamientos que no derivan de un intercambio racional de posiciones sino del uso de otros medios como pueden ser la amenaza, la demagogia o el engaño. La esperanza de obtener un verdadero triunfo para cada una de las fuerzas políticas que se confrontarán en el debate está en que los diferentes candidatos logren, verdaderamente, superarse a sí mismos en todas sus versiones anteriores, rechazando de una vez por todas, la vieja lógica de los campos contrapuestos.

En una democracia cualquier ejercicio de esta naturaleza debe respetar el pluralismo, el equilibrio informativo, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades para que los candidatos presenten ante la opinión pública sus ideas. Debatir significa dar al ciudadano la ocasión para conocer de primera mano las diferentes alternativas.

NUEVA GEOMETRÍA DE LA POLÍTICA

La volatilidad electoral que observamos en la pasada contienda presidencial, muestra al mexicano como un sistema político en movimiento y en continua adaptación. Este proceso dinámico está reconociendo en la alternancia un valor fundamental de la democracia. El análisis de los desplazamientos electorales permite anticipar cambios en los equilibrios políticos del actual régimen. Ejemplos que ilustran la nueva geometría política que generó la alternancia electoral, salvo resoluciones definitivas e inatacables del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son que el PRI haya ganado la Presidencia, tres gubernaturas, 52 senadores, 207 diputados federales, 464 ayuntamientos, una delegación en el Distrito Federal y 167 diputados locales de mayoría. Además será la primera fuerza en siete de los 15 congresos estatales que se renovaron. También para el PRD el saldo es positivo, al haber ganado en Morelos y Tabasco, además de consolidar su enorme influencia en la capital del país, en donde ganó 15 de 16 delegaciones políticas y la mayoría en la Asamblea Legislativa. Esta es una oportunidad de oro para la izquierda mexicana, ya que si la coalición logra mantener su unidad política y programática, será la segunda fuerza en la Cámara de Diputados con 136 representantes y la tercera en el Senado con 28 legisladores, lo que le permite una buena posición hacia las elecciones del 2015 y 2018. El gran perdedor de la contienda electoral fue el PAN al haber sido desplazado de la Presidencia, así como de las gubernaturas de Jalisco y Morelos. Sin embargo, será la segunda fuerza en el Senado de la República con 38 representantes y la tercera en la Cámara de Diputados con 114 legisladores. Todo esto permite observar las nuevas preferencias electorales y evaluar las ganancias y las pérdidas para cada partido en las pasadas elecciones.

La fragmentación de los monopolios políticos en México es definitiva. La cultura política está siendo más proclive al incremento de la participación ciudadana y a la evaluación del comportamiento “racional” del electorado, lo que explica la volatilidad observada en distintas regiones del país. La fluctuación del sufragio implica un juego político racional, en donde el elector tiene conciencia del valor de su voto y de la oportunidad de expresar su consenso o disenso con una determinada orientación política. Las pérdidas panistas y perredistas se pueden relacionar con la diferencia que existe entre ser oposición y ser gobierno. En los sistemas electorales en los que existen sólo dos partidos la confrontación es a “suma cero”, es decir, lo que pierde un partido lo gana el otro. Pero dado que el sistema electoral mexicano funciona sobre la base de una competencia entre múltiples partidos, para analizar la volatilidad del sufragio podemos recurrir al enfoque politológico denominado “democracia económica”, que analiza el cambio en las preferencias del votante, y en donde la volatilidad representa el desplazamiento de sectores del electorado de un partido a otro. Para este enfoque, la política funciona como un intercambio en donde se relacionan los comportamientos entre quienes ofrecen posibles soluciones y quienes demandan bienes y servicios. Esto produce un comportamiento electoral en el que confluyen, por un lado, los políticos, es decir, quienes “ofrecen” políticas públicas y, por el otro, los ciudadanos-electores quienes demandan soluciones a sus problemas. El proceso de cambio en las preferencias políticas estaría provocado, principalmente, por la actividad de los partidos y por el comportamiento sus élites.

Nos encontramos frente a la puesta en práctica de evaluaciones del electorado que se fundan no sólo en aspectos específicos del partido, como son su ideología o programa, sino que dan gran importancia a la eficacia en el gobierno, y a la capacidad de la autoridad para ofrecer respuestas a las necesidades cotidianas del ciudadano. La nueva geometría de la política implica el desafío democrático de hacer respetar las decisiones de la mayoría, pero permitiendo que también cuenten las posiciones de las minorías. Las pugnas entre los líderes de los partidos tienen un costo político en muchos lugares, en donde los votantes esperan soluciones concretas. Los estudios tradicionales sobre los sistemas electorales se encontraban fuertemente vinculados con el criterio numérico, según el cual la fluctuación de los votantes tenía una relación directa con la consolidación del sistema de partidos. Esta perspectiva consideraba que entre más viejo era un sistema, menor era la volatilidad electoral. Tal hipótesis sostenía la idea de que los sistemas más viejos y consolidados eran “más maduros”, y por lo tanto, menos sujetos a oscilaciones. Aunque estudios recientes consideran que el número de partidos existentes tiene un rol secundario en la fluctuación de los votos, lo importante hoy es que los ciudadanos son más sensibles en sus evaluaciones políticas cuando se debe renovar el consenso hacia el gobierno. Además el México de nuestros días debe saber encontrar en la alternancia un valor democrático, ya que la alternancia implica, sobre todo, responsabilidad política.