FIN DE UN PONTIFICADO

Hoy concluye el pontificado de Benedicto XVI, una jefatura de la Iglesia católica apostólica romana que se mantuvo en el poder durante casi ocho años. Su “renuncia voluntaria” fue un hecho excepcional que no sucedía desde 1294, cuando Celestino V decidió retirarse para hacerse ermitaño. El Papa renunciante, que a partir de esta noche será denominado “Papa emérito”, deja la institución que representa a una de las religiones más extendidas del planeta, con cerca de 1.2 mil millones de feligreses -el 17,4% de la población total- en medio de una profunda crisis de la fe y rodeada por una serie de escándalos de pedofilia, pederastia y corrupción. Es la “estructura del pecado” a la que Benedicto XVI se refirió en sus últimos días de pontificado, afirmando que el poder es la gran tentación de la Iglesia. La sucesión papal se da en una coyuntura marcada por los escándalos de Vatileaks y las filtraciones de documentos reservados de la Santa Sede, los polémicos manejos financieros del Instituto para las Obras de Religión, conocido como el banco del Vaticano, que según las autoridades regulatorias no respeta las reglas contra el lavado de dinero, hasta la renuncia y remoción de distintos jerarcas eclesiásticos como los casos del cardenal estadunidense Roger Mahony, arzobispo emérito de Los Ángeles, quien ha sido acusado judicialmente por ocultar y manipular información sobre los casos de 122 sacerdotes acusados por molestias sexuales, y del cardenal escocés Keith O’Brien, quien ha debido renunciar a su ministerio, con lo que ha dejado fuera a Inglaterra en la elección del nuevo Pontífice, al ser acusado ante los tribunales por “comportamiento inapropiado” en relación con cuatro sacerdotes. En el mismo tenor se encuentran otros cardenales acusados de encubrir casos de pederastia como el irlandés Seán Brady, el belga Godfried Daneels, el argentino Leonardo Sandri, el polaco Stanislaw Dziwisz, entre otros.

En su corto pontificado, Benedicto XVI enfrentó estos delicados temas ajustando las normas canónicas, escribió una carta dirigida a los católicos irlandeses, se reunió públicamente con diversos grupos de víctimas, hizo dimitir a numerosos obispos e invitó a los episcopados a colaborar con la justicia civil. Ya antes había intentado indagar, entre muchas resistencias de diversos ambientes de la Curia wojtyliana, sobre el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, a quién obligó, una vez electo Papa, a una vida de penitencia en el retiro hasta su muerte. La línea dura con que el cardenal Joseph Aloisius Ratzinger marcó su pontificado suscitó el aplauso de algunos y la crítica de otros. Benedicto XVI fue un Papa-teólogo, tímido y revolucionario que no defraudó.

Reflexionar sobre el fin de un pontificado es importante porque la religión es una actividad humana que abarca creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial y moral. En nuestros tiempos, la identidad religiosa representa un tipo de identidad colectiva que comparte un complejo simbólico-cultural a partir de la interiorización de un sistema de credos, dogmas y valores ético-religiosos inculcados a través de un amplio sistema de rituales. La identidad religiosa engloba un conjunto de representaciones imaginarias mediante las cuales la sociedad, los grupos y los individuos confieren sentido a su experiencia cotidiana sobre la base de la pertenencia a una creencia particular. Es preciso estudiar la dinámica de las religiones, su presencia y la función que tienen en la vida social porque este papel puede configurarse como un elemento capaz de imprimir a la sociedad orientaciones culturales que condicionan su desarrollo. El gran sociólogo alemán Max Weber afirmó que la religión tiene un papel importante en el proceso de racionalización del mundo, entendido como proceso de clarificación y sistematización de ideas, vistas en su fuerza vinculante, por lo que se convierten en motivaciones eficientes del obrar social. En este sentido, la religión puede jugar un papel innovador y ser un factor de cambio social. El Cónclave para designar al sucesor de Benedicto XVI iniciará formalmente en los próximos días. El Papa le dejará el informe secreto que integró la comisión especial para investigar, con la máxima discreción, los problemas internos que involucran, en esta especie de conspiración, a personajes de alto grado eclesiástico. Este informe, que difícilmente se hará público, no debe ser ignorado porque refleja las causas de una profunda crisis que se desarrolla en medio de una lucha por el dinero y el poder. En unas horas, el Papa Benedicto XVI se reunirá con los cardenales que se encuentran en Roma para el Cónclave sucesorio, más tarde en compañía del Decano de ellos se dirigirá a su residencia de descanso, desde donde saludará a los fieles, terminando su pontificado en privado. ¿Podrá la Iglesia católica dirimir sus problemas internos con la existencia de dos papas? No se debe perder de vista que en su último acto público Benedicto XVI afirmó: “no regreso a la vida privada, ni abandono la cruz”.

LE PRINTEMPS DU POLITIQUE

Alain Touraine: "El siglo de las identidades".

En el Siglo 21 los movimientos sociales muestran su fuerza en América Latina. Ya no con el lenguaje de la revolución de hace algunas décadas, sino con el ideal de las identidades como bandera. Esos movimientos, que son a la vez sociales e indigenistas, actúan para defender los derechos culturales de las minorías preservando las identidades de quienes son explotados y oprimidos tal y como pretenden hacerlo los movimientos indígenas en Guatemala, Ecuador o los zapatistas en México. Es el desafío entre igualdad y diversidad porque las identidades culturales se contraponen a la manipulación de quienes ostentan el poder. Querer abolir la desigualdad social negando la diversidad es dar vida a un absolutismo renovado. El subcomandante Marcos en México es quien lleva el mensaje, el que quiere extender la palabra, que hablen los que no han hablado, que participen los que han sido marginados. Somos iguales porque queremos ser diferentes. Igualdad en la diferencia. Podremos seguir juntos como naciones en el momento que se reconozca la diversidad. Esa puede ser la democracia del Siglo XXI, una democracia que permita alcanzar la igualdad. El ideal democrático debe consolidarse en la lucha contra las diferencias sociales y la defensa de las identidades colectivas. El multiculturalismo democrático permitirá la unidad política garantizando el diálogo entre individuos y grupos.

El vacío detrás del muro.

Con la caída del sistema soviético desaparece una visión polarizada del mundo y una concepción bipolar de la política. Empezamos a vivir por necesidad de una forma totalmente opuesta. Es necesario definir de la manera más precisa posible lo que fue el cuadro ideológico, el cuadro de referencia de estos últimos diez años. Como sabemos todos, eso está expresado por una palabra: globalización.

 

UNA INVITACIÓN A COMPRENDER LA POLÍTICA Y EL PODER

DÉFICIT DE LA POLÍTICA

¿Es posible gobernar democráticamente una sociedad compleja como la mexicana? Desde que la democracia fue inventada en la antigua Grecia ha sido declarada como imposible y su historia se encuentra constelada por oscuros vaticinios. El argumento fundamental de los pesimistas, antiguos y modernos, desde Platón hasta Max Weber, es que los problemas del gobierno son muy complicados como para dejar las decisiones en manos del pueblo. Otras escuelas de pensamiento consideran que la democracia es un sistema muy simple que ofrece pocas oportunidades para gobernar la diversidad. En nuestro tiempo la tesis sobre las imperfecciones democráticas aparece nuevamente bajo el signo de la antipolítica. Cada vez es más frecuente escuchar que la democracia mexicana se encuentra en crisis y con ella sus actores, procesos e instituciones.

Se afirma que poseemos una democracia ingobernable caracterizada por una crisis de representación y del sistema de partidos, además de una crisis de la seguridad pública y del Estado en cuanto monopolio legítimo de la fuerza, una crisis moral y de ideas, una crisis de objetivos sociales y de medios para alcanzarlos. La discusión es en torno a si estos problemas críticos que enfrenta nuestro país pueden ser resueltos reduciendo la democracia a un mero formalismo para adecuarla a las exigencias del momento, o si más bien, se requiere imprimir un renovado impulso para desarrollar un tipo de democracia que le permita gobernarse así misma. Paradójicamente, después de que la transición política mexicana logró el establecimiento de un sistema dual de administración y justicia en materia electoral, pareciera que al mismo tiempo, están desvaneciéndose algunas de las características que identifican a nuestra democracia formal. Entre ellas destaca la genuina competencia entre partidos alternativos y con horizontes diferentes en cuanto a ideologías y programas de gobierno, lo que explica porqué en las elecciones tenemos distintos candidatos presidenciales y partidos en competencia. Nuestro régimen político ha producido un sistema de coaliciones electorales en donde los partidos-membrete se alían al mejor postor o con quien les garantice el mayor número de votos con el menor esfuerzo. Los vemos en una elección apoyando a un partido y en la siguiente a otro, creando solo confusión entre el electorado. Y que decir de la inexistencia entre nuestras elites de una cultura política de la responsabilidad como ilustra el comportamiento de candidatos y líderes de partido en las elecciones de Michoacán. El aspecto formal de la democracia en donde a través de procesos electivos resultan ganadores y perdedores en México pareciera no funcionar. De que sirve un sistema electoral tan sofisticado y costoso si los partidos políticos no aceptan los resultados. Se suele decir que el demócrata siempre lo es, tanto en el triunfo como en la derrota.

Las transformaciones mexicanas han producido una “despolitización” de lo público, una pérdida de sentido político y un clima de escepticismo e indiferencia hacia las ideas y valores democráticos. No es el desorden generado por la complejidad el que hace necesaria la renuncia a la política, sino que más bien ha sido la renuncia a la política la que generó el desorden en las sociedades. Aparece un déficit de la política que resulta evidente frente a la poco constructiva búsqueda de soluciones individuales a problemas que son comunes. El déficit de la política se corresponde con un déficit de la democracia en todos sus niveles produciendo un desgaste de la política que impacta la legitimación del poder. En sus orígenes la política se presentaba como arte y virtud, como amor por la “cosa pública”, la “cosa común”, la “cosa de todos”, por lo que es urgente que la acción política recupere el prestigio que alguna vez tuvo. Se hace necesaria una reconstrucción del universo político, en una palabra, una nueva construcción del otro y de la alteridad. La política surge vinculada con las capacidades fundamentales para una mejor convivencia, donde “mejor” significa sobre todo una convivencia más justa, tolerante y libre. Se requiere de un nuevo impulso ideal y ético de la política. Una sociedad despolitizada, pobre de orientaciones ideales, de sentimientos de solidaridad y de interés público, tarde o temprano, se convierte en el espacio ideal para las tentaciones autoritarias. Los medios prevalecen sobre los fines y la competencia política se convierte en un ritual destinado solamente a la sobrevivencia de la partidocracia. No basta con establecer reglas y procedimientos en el juego democrático, es necesario que los jugadores persigan diferentes objetivos. Es justamente sobre los contenidos y alcances de la democracia que las distintas fuerzas políticas se diferencian. Un sistema de reglas democrático, moderno y eficiente solo puede consolidarse a través de una radical y profunda “repolitización” de la sociedad, es decir, de la introducción de mecanismos que faciliten, amplíen y hagan realmente efectiva la participación y la representación ciudadanas lejos de las simulaciones cotidianas.

EL CLIMA SE TRANSFORMA: ¿Y LA POLÍTICA?

La democratización mexicana ha encontrado en el tema de los derechos humanos una de sus más importantes debilidades. Respetarlos constituye el fundamento para el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía, dentro de los que también podríamos incluir otro tipo de derechos que se vinculan con el desarrollo sustentable y la calidad de vida. Nacen así los denominados “derechos de la naturaleza” relacionados con la necesidad de preservar el medio ambiente en todas sus expresiones. Numerosos estudios científicos demuestran que los fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes y destructivos a causa de las transformaciones globales del clima: inundaciones, temperaturas extremas, prolongadas sequías y crecientes desertificaciones son una constante a lo largo del planeta. En México esta temática cobra angustiante actualidad frente a la degradación de los recursos y del entorno natural que limitan nuestro potencial de desarrollo presente y futuro, además de comprometer el bienestar de la población y el destino del país. En este contexto, termina en Durban, Sudáfrica, la 17 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en la que se reunieron cerca de 20 mil delegados y observadores de 195 países para abordar las amenazas que representa el cambio climático cuyos efectos observamos prácticamente todos los días. Uno de los más importantes acuerdos internacionales en la materia es el Protocolo de Kioto, firmado en 1997 y en vigor desde 2005, que estableció compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados, con excepción de EU que no asume responsabilidades concretas.

El Protocolo vence el próximo año y los negociadores intentan llegar a otro acuerdo que sirva de transición hacia un nuevo pacto internacional jurídicamente vinculante. Rusia, Japón y Canadá han adelantado que no renovarán el tratado en tanto que China, EU y la India no adquieran compromisos similares dado que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. La Unión Europa ha propuesto un nuevo convenio que, firmado en 2015 y vigente en 2020, obligue por igual a países desarrollados y emergentes. Mientras todos se ponen de acuerdo, el deterioro del medio ambiente continúa. Nunca antes la catástrofe del ecosistema planetario fue tan meticulosamente anunciada. Desde hace tiempo, las amenazas de “geocidio” y de asesinato de la tierra se multiplican. No son profecías apocalípticas sino fríos reportes científicos.

En México la problemática ecológica todavía no se ha convertido en un asunto que involucre al conjunto de la población. No existe en la sociedad civil y ni siquiera en la clase política y los partidos, una seria preocupación al respecto. Se requieren ciudadanos sensibles a la tutela de la naturaleza en virtud de que defender el ambiente no sólo es responsabilidad del Estado. Una política de carácter democrático asume en la cultura ecológica un fin social y el bienestar colectivo. Todos los habitantes desean gobiernos democráticos pero también aire limpio, agua suficiente y protección al medio ambiente de alta calidad. Ante el dramático deterioro ambiental en nuestro país es necesario impulsar programas que defiendan a la naturaleza de los “imperativos del progreso”. El filósofo alemán Hans Jonas señala que la supervivencia humana depende de nuestros esfuerzos para cuidar el planeta y su futuro. Ha propuesto una ética de la naturaleza y un principio de responsabilidad en donde las normas morales induzcan a los individuos a renunciar a sus intereses inmediatos para abrazar los intereses colectivos.

Resulta pertinente promover un diseño político-institucional de carácter incluyente, una forma de cooperación social en defensa del medio ambiente, que complemente las obligaciones del Estado y haga sentir a los individuos que forman parte de una colectividad. La preocupación ecológica debe formar parte de la vida diaria de las personas evitando que se reduzca a un tema de moda o de campañas electorales. Entre más pospongamos la generación de una conciencia ecológica entre los ciudadanos, más perderemos riqueza y biodiversidad. El debate debe abarcar diversos temas como ahorro de energía, reciclaje de desechos y ampliación de zonas verdes. En la lucha contra la contaminación y en defensa de nuestro entorno ambiental la sociedad civil tiene que desempeñar un rol activo. Por ello, en el tema de los derechos de la naturaleza es de vital importancia que prevalezca el acceso a la justicia ambiental, es decir, la obtención de soluciones expeditas e integrales por parte de las autoridades judiciales a conflictos jurídicos que involucran al medio ambiente. Que el tema de los derechos humanos esté en la agenda política de nuestros días debería inducir a reconocer que la democracia no es solamente un sistema electoral sino que es, fundamentalmente, un modo de vida en donde la cultura de la civilidad y el respeto por la naturaleza son aspectos centrales de la vida cotidiana.

Es por eso que aplica a México la demanda social expresada en Durban: “El clima cambia. La política debe cambiar”.

UN SISTEMA POLÍTICO QUE CAMBIA

En tres días se llevarán a cabo elecciones generales en Italia en donde participarán poco más de 47 millones de ciudadanos, además de los 3.5 millones de electores que residen en el extranjero. Se renovarán 630 miembros de la Cámara de Diputados y 315 del Senado. La política en ese país se basa en un sistema parlamentario de tipo multipartidista. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno y existe además un Presidente, quien es el Jefe de Estado y que actúa como árbitro entre las distintas fuerzas políticas, es elegido por un periodo de siete años y tiene la tarea de nombrar al Primer Ministro quien debe ser aceptado por el Parlamento. Estas elecciones se llevan a cabo tras la dimisión, el pasado mes de diciembre, del Primer Ministro Mario Monti después de permanecer trece meses al frente de un gobierno de tecnócratas que buscaba reconstruir las finanzas y la economía del país, la cual está atravesando por una de las más graves crisis de su historia. El sistema electoral italiano favorece a las mayorías, por lo que los partidos políticos forman grandes coaliciones para presentarse en las elecciones. En estos comicios se confrontan seis formaciones políticas y de acuerdo con las últimas encuestas, la coalición de centroizquierda ganaría los comicios. Los indecisos, en este momento, representan al 30% de quienes podrían votar.

En este proceso electoral compiten dos grandes coaliciones y cuatro partidos-movimiento. La coalición de centroizquierda denominada “Italia. Bien Común” tiene un 34% de la intención de voto, y está integrada por el Partido Democrático (una vertiente del histórico Partido Comunista Italiano), los socialistas y la agrupación “Izquierda, Ecología y Libertad”. Esta coalición busca una síntesis entre los postulados socialdemócratas, ambientalistas y del socialismo liberal, y plantea la defensa del empleo y el rechazo al costo social de los planes de austeridad para enfrentar la crisis. Por su parte, la coalición de centroderecha se colocaría en segundo lugar, con el 29% de las intenciones de voto. Está integrada por “El Pueblo de la Libertad” del magnate de la televisión Silvio Berlusconi, quien ha sido un polémico Primer Ministro durante una década, y la “Liga Norte” un movimiento conservador y anti-inmigrante, que propone transformar a Italia en un Estado Federal otorgando amplia autonomía a las regiones. La principal novedad se encuentra en la tercera fuerza política, con un 16% de las intenciones de voto, representada por el “Movimiento 5 Estrellas” del carismático activista político, Beppe Grillo, quien dirige una agrupación anti-europeísta, populista y de rechazo a los políticos tradicionales, creada hace solo tres años ha tenido un importante crecimiento electoral. Le sigue una organización centrista denominada “Con Monti por Italia” con el 14% de los posibles votos. El ex­Primer Ministro Mario Monti propone un “enfoque técnico” a la crisis económica, social y política, es un experto en temas financieros, se manifiesta lejano a cualquier ideología política y es apoyado por un movimiento que rechaza las tradicionales distinciones entre izquierda y derecha. Le sigue la agrupación “Revolución Civil”, con una intención de voto del 4%, y que representa una federación de agrupaciones de la izquierda tradicional aliadas al ex­juez, Antonio di Pietro con su movimiento “Italia de los Valores”, que postula un gobierno de la transparencia y la honestidad. Finalmente, con un estimado del 2% de los consensos, aparece el movimiento “Parar la Decadencia” dirigido por Michele Boldrin cuya plataforma electoral busca impulsar a la iniciativa privada frente a la “ineficiencia del aparato público” por lo que propone la privatización de los bienes y las empresas públicas.

En este complejo escenario, el sistema político italiano se presenta como una democracia representativa en donde la función de legislar recae en un Parlamento conformado por dos asambleas: la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Sus funciones esenciales, además de legislar, son controlar la función del gobierno y de la administración pública, y servir como medio idóneo de expresión de las fuerzas políticas. Además de las típicas funciones de un sistema parlamentario, en el que se vota para hacer o deshacer gobiernos, aprobar o desaprobar leyes, el Parlamento italiano cuenta con poderes adicionales: reunido en Colegio Electoral elige al Presidente de la República, escoge a un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, y hasta puede enmendar la Constitución mediante un proceso especial. Asimismo, dado que el gobierno es responsable ante ambas cámaras, un voto de censura puede ser aprobado en el Senado o en la Cámara de Diputados para forzar la dimisión gubernamental. El enorme pluralismo social y político existente en ese país, se combina con una gran solidez institucional, demostrando que el sistema parlamentario es una buena proyección representativa de la sociedad civil, y una opción política que permite la alternancia, así como el arraigo de los valores, las instituciones y las prácticas democráticas.

DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU a partir de 1994 con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en cuestiones como derechos humanos, procuración de justicia, participación política, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. México tiene la población indígena más numerosa del Continente Americano.

De acuerdo con datos del último Censo de Población y Vivienda, la población indígena en México es de 15.7 millones personas que representan el 14% de la población total. Los indígenas se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional y cada vez tienen mayor presencia en las zonas urbanas. Sin embargo, cerca del 80% de la población indígena se concentra en ocho entidades: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Yucatán, Campeche, Veracruz y San Luis Potosí. En México existen más de 156 mil asentamientos dispersos en 803 municipios en los que más del 30% de la población habla una lengua indígena. Si se toma en consideración el criterio lingüístico se estiman 62 pueblos y comunidades indígenas, aunque en el país se hablan más de 85 lenguas y sus variantes dialectales. Al referirse a estos pueblos y a sus derechos humanos resulta inevitable hablar de situaciones de inequidad, marginación, desigualdad, pobreza extrema, injusticia y persistente discriminación. Los indígenas viven en desventaja frente al resto de la población, son víctimas frecuentes de la exclusión social, económica, política y cultural. En pleno siglo XXI más del 95% de las localidades donde viven los pueblos indígenas son de alta y muy alta marginación. En estas regiones, generalmente apartadas de los grandes centros económicos, se mantiene con frecuencia una agricultura de subsistencia. A pesar de que cuentan con recursos naturales, la falta de asesoría técnica y apoyos económicos no les permite aprovecharlos. Los pueblos indígenas representan el sector social que registra los mayores índices de pobreza y marginación en nuestro país. Se calcula que el ingreso de la mayoría de ellos es de poco más de 3,000 pesos al año, lo cual significa 250 pesos al mes y 8.30 por día, con lo que deben satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y vestido. Esta situación se remonta al tiempo de la colonia.

En materia de derechos humanos el principal problema es la falta de reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos. No contamos con un adecuado marco normativo para salvaguardar estos derechos colectivos de los pueblos indígenas y es notoria la ausencia de políticas públicas específicas para ellos. Las reformas legales no han propiciado soluciones estructurales a las violaciones de estos derechos que afectan a los indígenas. Precisamente los problemas que sufren estos pueblos, como la secular pobreza extrema, los conflictos agrarios, la disputa por el uso preferente de los recursos naturales, el ejercicio de su autonomía, entre otros, no pueden solucionarse con el marco jurídico existente. La razón es que dicha normatividad establece para los indígenas sólo políticas de asistencia social, pero no los reconoce como sujetos colectivos de derecho, y menos aún reconoce sus derechos fundamentales como la libre determinación a través de la autonomía. Además, la información que existe sobre ellos, aún es precaria. No se fomenta la investigación sobre su historia, su vida presente, su cosmovisión, sus formas de organización, sus recursos, sus demandas y sobre los problemas que enfrentan. Poco se ha avanzado en el reconocimiento de sus formas de gobierno y de sus “usos y costumbres” en los procesos de participación política.

Todo esto a pesar de existir un amplio marco de derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que México ratificó desde 1990. Este Convenio es uno de los principales instrumentos internacionales para la defensa, promoción y reconocimiento de los derechos indígenas. Incluye definiciones importantes respecto al término “pueblo” como sujeto de derecho. Es deseable que ante esta grave situación, el Poder Ejecutivo que asumirá próximamente la conducción del país, instrumente y ponga en marcha un amplio programa de “acciones afirmativas” contra la discriminación estructural que padecen los pueblos indígenas. Esta estrategia antidiscriminación debe garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. México es una nación pluricultural y pluriétnica y, por tanto, es prioritario construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en el diálogo entre culturas y en el respeto de las diferencias. Ésta es la única manera como podrán erradicarse formas ancestrales de desigualdad y discriminación que tanto han lastimado la libertad y la dignidad de las personas. La temática de los derechos colectivos plantea para México la necesidad de imaginar un nuevo pacto social y político que reconozca el pluralismo jurídico y los derechos humanos, no sólo individuales, sino también colectivos de los pueblos indígenas.

NORBERTO BOBBIO: MILITANTE DE LA RAZÓN

Se cumplieron nueve años de la desaparición del último de los clásicos del pensamiento político. El 9 de enero de 2004, Norberto Bobbio, a la edad de 94 años falleció dejando un rico legado intelectual y político. Una vida entera dedicada lucidamente a los estudios. Autor de cerca de dos mil escritos entre libros, ensayos, prefacios, reseñas, entrevistas y artículos varios, los intereses académicos del profesor de la Universidad de Turín, abarcaron distintos campos del saber: desde la filosofía del derecho a la filosofía política, desde los estudios culturales a la teoría de los derechos humanos, desde las investigaciones sobre la paz y la guerra hasta sus propuestas sobre el socialismo liberal, desde la sociología a la ciencia política. Maestro severo, implacable y riguroso, pero al mismo tiempo, afable y paciente, siempre mostró una gran pasión por la docencia y la investigación. En 1979 fue designado profesor emérito de la Universidad, en 1984 el Presidente de la República lo nombró uno de los cinco senadores vitalicios que prevé la Constitución Italiana por haber “enaltecido a la Patria por sus altísimos méritos en el campo social, científico, artístico y literario”. En 1994 su libro Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, cuyos contenidos son de gran actualidad, generó un importante debate alrededor del mundo, lo que provocó que en pocos meses se editaran cerca de quinientas mil copias. Esta obra ha sido traducida a veinte idiomas. Además, distintas universidades le otorgaron doctorados honoris causa, entre las que destacan la de Nanterre en París, la Complutense de Madrid, la Universidad de Bolonia y la de Buenos Aires. En 1994 recibió el Premio Balzan en la categoría “Derecho y Ciencia de la Política” por sus escritos sobre el gobierno de los sistemas democráticos.

Existe un “modelo bobbiano de la política” que se caracteriza por una serie de temáticas que son constantes en la historia de las instituciones y de las doctrinas políticas. Esta perspectiva aborda los problemas, contradicciones y tensiones que afectan a la democracia desde sus orígenes más remotos. Las reflexiones del politólogo turinés, representan un punto de referencia obligado para entender la naturaleza de la democracia, en cuanto forma de gobierno y en cuanto sistema de valores. A través del ejercicio de la razón crítica identifica el impulso que los valores políticos dan a la democracia en su función de sistema institucional que produce decisiones vinculantes para el conjunto de la sociedad. En este sentido, los valores son considerados como un complemento imprescindible de las reglas del juego que identifican a la democracia. Otras problemáticas que plantea el análisis politológico de Bobbio parten de la desconfianza hacia cualquier ideología que divida al universo político en partes que se excluyen mutuamente, refrendando una defensa del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los individuos, un elogio de la educación civil y de la moderación, y finalmente, una exaltación de una cultura política laica contra los dogmatismos de todo tipo. Para Norberto Bobbio la democracia representa un sistema ético y político. Es decir, un sistema que encarna un conjunto de valores, principios y normas de convivencia social sin los cuales la confrontación política de carácter pacífico sería imposible. Estos ideales democráticos se refieren a la no-violencia, el libre debate de posiciones contrastantes, la justicia y la igualdad política, la transparencia y, desde luego, el principio de la tolerancia.

Otro elemento importante del análisis que Norberto Bobbio realiza sobre la acción política, es la función que desempeña el “mediador” y el “crítico del poder” quien establece una relación de autonomía frente a cualquier tipo de poder, ya sea económico, político, ideológico o social. En este sentido, el vínculo con el poder debe ser asumido con absoluta independencia, que no indiferencia, por parte de cada persona. Por independencia, Bobbio no entiende el escepticismo puro, sino más bien, “la adhesión intima a un sistema de principios y valores que son aceptados a través de la persuasión y no por la imposición externa”. El criterio de independencia debe ser entendido no como una prohibición al ciudadano para adherir a alguna ideología política, sino como el deber de expresar en cada adhesión, no razones de comodidad, sino más bien, convicciones fundadas en un marcado compromiso civil. El filósofo italiano tiene razón cuando evidencia las enormes dificultades que la democracia enfrenta para encontrar una solución satisfactoria, a la tensión que existe entre la vocación de los individuos por la libertad y la absoluta necesidad que tienen de instaurar una sociedad con un poder eficaz y eficiente, y por lo mismo, legítimo. Norberto Bobbio fue un promotor incansable de la duda sistemática y del pensamiento crítico. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo siempre lo recordaremos por su grandeza intelectual, por su sencillez y modestia, por su magisterio moral, así como por su disposición permanente al diálogo.



HACIA UNA POLÍTICA MIGRATORIA BINACIONAL

Una reforma migratoria durante el segundo mandato de Barack Obama representaría un paso muy relevante en la construcción de una sociedad incluyente y multicultural. El planteamiento del presidente complementa el presentado por ocho senadores, cuatro demócratas y cuatro republicanos, ya que tanto la Casa Blanca como los legisladores colocan en el centro de sus propuestas una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de personas indocumentadas que viven en ese país. Debemos recordar que los hispanos fueron un factor determinante para que Obama asegurara su reelección: el 71% de este sector de la población votó por él, mientras que sólo el27% apoyó al candidato republicano. Aunque el peso demográfico de los hispanos aún no se refleja cabal mente en su presencia política, los nuevos equilibrios establecieron el imperativode apoyar una reforma migratoria. En las últimas décadas, al interior de la comunidad hispana,se observa la presencia cada vez más activa de la comunidad mexicana. Según datos del Pew Research Hispanic Center, el número de personas de origen mexicano residentes en ese país semultiplicó exponencialmente hasta rebasar los 31 millones, representando, actualmente, al 10% de la población total. De esos 31 millones de personas poco más de 23 millones tienen un estatus de residente legal, mientras que en situación de inmigrantes “no autorizados” se encontrarían alrededor de 7 millones.

Las estimaciones más recientes sobre la magnitud del fenómeno revelan que el 65% de la población latina en EU, que ronda los 48 millones, es de origen mexicano. Independientemente de estas cifras, que dan cuenta de la trascendencia social y política alcanzada por el tema migratorio, existe un amplio consenso en el sentido de que la migración mexicana ha experimentado cambios cualitativos que deben ser considerados en la agenda binacional. Por ejemplo, se observan modificaciones importantes en la geografía migratoria de origen y destino, así como una mayor presencia de las zonas urbanas como origen de los migrantes, de la misma forma, el espectro ocupacional ha creado nuevos ámbitos de inserción en el mercado laboral estadounidense, y se han transformado los patrones migratoriosrelativos a edad, sexo, escolaridad, posición en el hogar, tiempo de estancia y estatus legal.

La migración entre México y EU no debe abordarse sólo desde la perspectiva económica, sino como un fenómeno más complejo que es impulsado por la interacción de factores históricos, sociales y culturales, que tienen sus raíces en ambos lados de la frontera. Aunque con cambios en su intensidad y modalidades, el movimiento migratorio ha sido una constante en las relaciones entre los dos países desde el siglo XIX. Durante los últimos años, la migración se ha posicionado como uno de los asuntos más difíciles, preocupantes y conflictivos de la agenda bilateral. Además, sobre los migrantes se han desarrollado una serie de prejuicios: se piensa que no pagan impuestos, que viven a expensas del bienestar social, que envían todo su dinero a su país de origen, que roban empleos a los estadounidenses, que son una carga para la economía, que no quieren aprender inglés y que la mayor parte de ellos cruza la frontera de manera ilegal. En el tema migratorio confluyen distintos factores como el acelerado proceso de integración, la institucionalización del diálogo bilateral, las coyunturas económica y política por las que atraviesan ambos países y las cambiantes percepciones en México y EU sobre el fenómeno. Los nuevos tiempos ofrecen una oportunidad para avanzar hacia un entendimiento migratorio binacional que sea de largo alcance, y más congruente con los procesos de integración económica y de liberalización comercial.

La agenda migratoria pendiente se ha tornado más compleja tanto en México como en EU. Por nuestra parte, somos, cada vez más, un país de destino, tránsito y retorno de migrantes. El gobierno mexicano ha tratado de adaptarse a la nueva realidad migratoria, sin embargo, en sus políticas prevalece un enfoque articulado sobre la seguridad nacional en lugar del reconocimiento de la seguridad humana, concebida como el goce de los derechos inherentes atoda persona independientemente de su calidad migratoria. El fenómeno debe abordarse en su complejidad desde una perspectiva compartida, por lo que es pertinente proponer una visión integral de carácter binacional en el diseño de las políticas públicas hacia los migrantes. Este enfoque considera las dimensiones demográficas y económicas, así como las accionesnecesarias en cada una de las fases migratorias. Una agenda estratégica de política migratoriabinacional debería establecer objetivos claros, con indicadores medibles y exigibles, así como criterios de transversalidad y un amplio horizonte que trascienda a los gobiernos. Mientras esto ocurre, México tiene que orientarse hacia una verdadera política de Estado en materiamigratoria. En el marco de la reforma que ahora se discute, un gesto positivo del gobierno norteamericano hacia la comunidad migrante sería suspender las deportaciones como un primer paso en el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados.

CITY MANAGER: GOBERNAR LA CAPITAL

Gobernar la Ciudad de México es un reto porque representa el núcleo urbano más grande del país, así como su principal centro político, económico, financiero y cultural. A pesar de ser la entidad territorialmente más pequeña, concentra casi nueve millones de habitantes. Es la economía más grande del país, porque el Distrito Federal contribuye con el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, tres veces más que el resto de las entidades federativas. Además, es sede de los poderes federales, concentra las oficinas centrales de importantes empresas y más de 3.5 millones de turistas la visitan anualmente dejando derramas mayores a los 2 mil millones de pesos. Su economía se integra en un 40% servicios, 18% comercio, 15% sector financiero e inmobiliario y 12% manufacturas.

En 2011 el PIB de la ciudad ascendió a 2.3 billones de pesos, lo que representó el 16.6% del total nacional. Ese mismo año, recibió más de 13 mil millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, el 70% de la que ingresó al país. Por su PIB la Ciudad de México es la octava metrópoli más rica del mundo. Si fuera considerada un país, ocuparía el lugar veintiséis entre las naciones más ricas del planeta. El crecimiento de la ciudad, en todos los sentidos, es uno de los más veloces y se espera que su economía se triplique para el 2020. Si incorporamos la zona metropolitana, es decir, a los 59 municipios conurbados que rodean a la ciudad, la población se incrementa a más de 21 millones, siendo la segunda urbe del planeta por número de habitantes solo precedida por Tokio que tiene una población de 36 millones.

Lo anterior significa que el área metropolitana de la Ciudad de México, es la tercera aglomeración urbana más grande del mundo, la más importante del continente americano y la ciudad hispano-hablante más poblada de la tierra. Sin embargo, en esta metrópoli de apenas 1,495 kilómetros cuadrados, que representan 0.1% del territorio nacional, conviven la pobreza y la opulencia. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la ciudad tiene, por un lado, a cuatro de las diez entidades político-administrativas con mayores ingresos del país: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Azcapotzalco, mientras que, por el otro, tiene a dos entidades con los mayores niveles de pobreza: Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Además, en esta gran ciudad no se ha logrado reducir la tasa de desempleo, que actualmente se ubica en 6.2%, en relación con la Población Económicamente Activa, cuando a nivel nacional es del 5.2%. Estos desequilibrios en el desarrollo humano entre los habitantes de la Ciudad de México son un pendiente que tiene la actual administración.

Gobernar la Ciudad de México, actualmente, significa atender las necesidades de una de las metrópolis más dinámicas del mundo. En este contexto de gran complejidad social, económica y política, el Jefe de Gobierno ha propuesto la creación de la figura administrativa del City Manager que atendería los requerimientos del Distrito Federal en materia de servicios urbanos. Este gerente-administrador de la ciudad representaría una figura innovadora en materia de decisiones administrativas y de su ejecución burocrática. El City Manager o administrador municipal ha probado su eficacia acompañando, solamente desde la gestión administrativa, a los funcionarios electos para ejercer las tareas de gobierno. En 45 ciudades de los EU el City Manager ha sido concebido para independizar la función meramente administrativa de la contienda política entre los partidos. El City Manager no es un político, es un técnico. La función administrativa cotidiana que implica atender las necesidades permanentes de la ciudad, requiere de un individuo experto, que sea neutral frente a los vaivenes de la política. Crear un City Manager podría marcar un paso adelante en la consolidación de una democracia eficaz y eficiente para la ciudad.   El Distrito Federal siempre ha sido una entidad con características propias, dado que no forma parte de los 31 estados a pesar de que es parte integrante de la Federación. No cuenta con el mismo régimen jurídico ya que nuestra norma suprema sigue conservando disposiciones que otorgan facultades de carácter local a órganos federales.

El Jefe de Gobierno ha convocado a una consulta ciudadana sobre la reforma política que necesita la Ciudad de México para refundar sus órganos de gobierno y de la representación política. Mientras las distintas fuerzas partidarias se ponen de acuerdo en el tipo de cambios que se requieren, y debido a la magnitud de los problemas que enfrenta diariamente el Distrito Federal, un City Manager permitiría al Jefe de Gobierno impulsar el proceso de democratización, no solamente en torno al sistema de gobernabilidad para la ciudad, sino también en función de las nuevas modalidades para atender las necesidades de sus habitantes. De concretarse esta innovación organizativa se fortalecería la institucionalidad que necesitamos para acortar la distancia entre autoridades y ciudadanos.