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17 enero 2014

LA JUSTICIA Y SUS ENEMIGOS SEGÚN NORBERTO BOBBIO

El 9 de enero de 2004, hace una década, muere el filósofo y teórico de la política Norberto Bobbio, y como cada año, recordamos su magisterio moral con una reflexión sobre su enorme obra intelectual y sus intensas pasiones cívicas. El profesor representa una de las figuras más eminentes del pensamiento democrático de todos los tiempos, siendo sus principales campos de estudio el derecho y la política. Esto de acuerdo con su doble trayectoria, como catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Camerino y de filosofía política en la Universidad de Turín. Su reflexión abarcó temas relacionados con la filosofía jurídica, en su triple dimensión de teoría del derecho, teoría de la ciencia jurídica y teoría de la justicia, y con la filosofía política disciplina en la que estudió los valores y los principios desde el punto de vista del poder y del Estado. En ambas perspectivas, el horizonte último de su reflexión fue la libertad, la igualdad y el desarrollo moral de las personas. Esta vez recordamos sus contribuciones para una teoría de la justicia, sobre todo por sus aportaciones para caracterizar a la justicia democrática y definir su relación con los derechos humanos. Tema en el que propone una ética de la razón contrapuesta a la tradicional ética de la autoridad, por lo que hoy más que nunca sus reflexiones sobre la justicia y los derechos resultan pertinentes.



Siempre preocupado por las profundas desigualdades sociales, Norberto Bobbio afirma que la justicia es un ideal a perseguir, para lo cual los derechos humanos deben ser un elemento central de la cultura jurídica, así como uno de los principales indicadores del progreso histórico y de la legitimidad de los sistemas democráticos. La justicia es un valor progresista y como la libertad tiene en el lenguaje político un significado positivo. El filósofo italiano afirma que la desigualdad entre las personas es por su gravedad, un amenazante y peligroso desafío para la estabilidad de las democracias. La injusticia siempre aparece cuando se alteran las relaciones de igualdad y cuando se rompe el principio de legalidad. Las injusticias que derivan de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, hacen que la justicia se presente como un reclamo democrático.



¿Cómo se construye una sociedad justa? Esta pregunta ha encontrado una variedad de respuestas en el tiempo. Bobbio recuerda que durante siglos se mantuvo vigente y sin grandes desarrollos el concepto de justicia, tal y como originalmente lo había planteado Aristóteles en el libro V de su Ética a Nicómaco escrita en siglo IV a.C., la cual consideraba dos posibles concepciones de justicia: como legalidad, según la cual una acción es justa si se realiza conforme a las leyes, y como igualdad, según la cual una acción es justa cuando se establece y perdura una relación de trato igualitario. Con ellas distinguía entre las diversas formas de justicia que pueden ser correctivas o conmutativas y distributivas, agregando la distinción entre justicia estrecha y equidad. La igualdad entre las partes y el respeto de la legalidad son dos condiciones necesarias para actuar con justicia. En la edad moderna, desde Locke y Kant, hasta Hegel y Marx, la mayor parte de los clásicos de la filosofía política y jurídica no dedicaron mucha atención al concepto de justicia. La situación cambió con la publicación en 1971 de la Teoría de la Justicia de John Rawls donde plantea una concepción de la justicia como equidad.



A partir de entonces, se desarrollaron dos formas de entender el tema de la justicia: uno en función de los poderosos y otro de acuerdo con los inermes y los indefensos. Para los primeros, la justicia se encuentra vacía de contenido o vale solo como justificación de su poder; por el contrario, para los segundos la justicia tiene un contenido representado por un reclamo de igualdad. Para que una sociedad funcione, sostiene el maestro Bobbio, todos sus componentes deben ser educados en las ideas de la semejanza lo que significa “igualdad-equivalencia”, de la independencia lo que proyecta la “igualdad-autonomía” y de la ciudadanía expresada por el binomio “igualdad-participación”. De la confluencia de estos valores deriva la idea de la “igualdad-relación” entre los individuos que alimenta una visión del bien común.




Norberto Bobbio ofrece explicaciones al laberinto de nuestra contemporaneidad, con racionalidad y pasión, con imparcialidad y participación, con claridad y fuerza de pensamiento. Con sus reflexiones sobre los dilemas, antinomias y desafíos de una época compleja contribuyó al desarrollo de una teoría de la justicia democrática. En cuanto pensador universal, diseña un itinerario crítico para comprender los desafíos de nuestro tiempo y propone un léxico civil para orientarnos en la nueva realidad global. Debemos honrar la memoria del profesor sin limitarnos, conforme al significado de sus ideas, a repetir su lección científica y moral e intentando llevarla más allá, haciéndola fructificar en nuestras latitudes.



06 enero 2014

AUTONOMÍA INDÍGENA


Ayer se cumplieron veinte años de la insurrección indígena en Chiapas, un movimiento que fue político antes que militar. Veinte años en los que casi nada ha cambiado para los indígenas y que planteó a nuestro régimen político el dilema fundamental de la calidad de la democratización que se ha venido construyendo. No sólo puso en entredicho las promesas de justicia social y modernidad política emanadas de la Revolución mexicana, sino que también evidenció la situación de aguda pobreza que padece este importante sector de la población calculado en aproximadamente 16 millones de personas. El principal postulado de este movimiento social fue un reclamo de autonomía, al poner sobre la mesa el problema de cómo hacer compatible un único y mismo Estado para diversas naciones, y por lo tanto, el desafío sobre cuál estatuto político puede reconocerse para las minorías indígenas en nuestro país. En el contexto de un diálogo suspendido, en 2003 un conjunto de comunidades se declararon autónomas como una muestra de organización indígena contraria al sistema ordinario de gobierno. Nacieron así los Caracoles como sedes de la Juntas de Buen Gobierno en Chiapas.


La cuestión de la autonomía ilustra uno de los temas centrales en la construcción de los sistemas políticos democráticos en distintas partes del mundo, y México no es la excepción. Un análisis crítico sobre lo que actualmente representa la cuestión indígena en nuestro país, se expresa en un conjunto de problemas dentro de los que destacan: la reconstitución de las identidades políticas tradicionales, los reclamos de las minorías para su inclusión en el espacio público, la definición de estrategias novedosas para el diseño de políticas públicas orientadas al combate contra las formas cambiantes de discriminación y exclusión, y la ampliación de los derechos de ciudadanía. La cuestión étnica concierne al estatuto jurídico y social de los pueblos y comunidades originarias y, por lo tanto, a la necesaria extensión de los derechos ciudadanos para amplios grupos de la población mexicana, hasta ahora sólo ejercidos parcialmente.


El conflicto étnico proyecta las tensiones existentes en nuestras sociedades que son pluralistas, complejas y multiculturales. El reclamo de distintos proyectos de autonomía y de libertad presentes al interior de la nación, plantea el problema de la convivencia a través de la autonomía entre pueblos diferentes que viven en un mismo territorio y tienen una misma organización política. La autonomía es el ejercicio del derecho a la libre determinación en el marco de un Estado nacional y comprende la autoafirmación, la autodefinición, la autodelimitación y la autodisposición del sujeto que la ejerce. A lo largo de la historia bajo el nombre de autonomía hemos visto florecer tanto importantes tradiciones democráticas como feroces regímenes autoritarios. De acuerdo con Jean-Jacques Rousseau, autonomía significa gobernarse sin intermediarios y bajo leyes que la misma comunidad se impone. En nombre de la autonomía se han construido grandes proyectos y nuevas ideas acerca de la inclusión de los individuos como sujetos con iguales derechos en la vida política. La autonomía plantea las nuevas dimensiones de la ciudadanía pluriétnica en los tiempos de la globalización. Si por política se entiende la esfera relativa al poder y al gobierno, la “globalización de la democracia” debiera permitir la inclusión de las minorías en el espacio público.


El reconocimiento de los derechos indígenas en las diferentes constituciones políticas de la región inició en Panamá (1971), y prosiguió en Brasil (1988), Colombia (1991), El Salvador, Guatemala, México y Paraguay (1992), Perú (1993), y Argentina, Bolivia y Ecuador (1994). En dichas reformas se incluyeron elementos característicos de la diversidad étnica con la idea central de fortalecer el reconocimiento positivo de derechos específicos sobre la identidad, uso y tenencia de la tierra, lenguas indígenas, educación, procuración y administración de justicia, y valoración general de las culturas desde una perspectiva multiétnica y pluricultural. La ola reformista surgió a causa del agotamiento del tradicional esquema liberal-democrático de los derechos individuales. Hoy más que nunca, es necesaria una nueva concepción pluralista de los derechos indígenas que ponga el acento en sus derechos colectivos.




Este tema representa uno de los mayores desafíos que debe atender el proceso de transformaciones por el que transita México. Debemos incorporar en la agenda pública, la problemática relacionada con el pleno reconocimiento de los derechos de ciudadanía hacia grupos excluidos y discriminados históricamente. La autonomía requerida por el movimiento indígena parte del rechazo de una larga tradición de asimilación cultural etnocéntrica que efectivamente colocó los derechos indígenas en una segunda categoría. Ha llegado el momento de corregir esta desigualdad. Tenemos una enorme deuda social y política con los indígenas de nuestro país y es necesario saldarla a la brevedad posible. Pero todo este debate que se ha desarrollado sobre la “calidad de la democracia”, es indispensable mencionarlo, no habría sido posible sin el levantamiento zapatista en Chiapas y el reclamo de justicia que hizo al conjunto de la sociedad mexicana.