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25 julio 2005


Justicia Política Posted by Picasa

Justicia Política

“El mejor gobernante es quien comprende y busca implantar la justicia”: Platón

Isidro H. Cisneros


Diversos fenómenos asociados a nuestra democratización plantean el problema del desajuste que existe entre el mundo formal del orden jurídico y la cambiante realidad social en los tiempos que corren. Esta separación entre el “mundo real” y el “mundo jurídico” cuestiona la vigencia del actual sistema normativo frente a las nuevas dinámicas de nuestro proceso político. Desde la antigüedad la mejor política ha sido aquella que nace como el arte de la convivencia en común y en donde impera la justicia. La mejor política es aquella que tutela la “cosa común, la cosa de todos” o para decirlo con el gran jurista romano Cicerón, la cosa del pueblo. La transición mexicana busca reivindicar a la justicia haciendo prevalecer la confianza en el derecho y en las instituciones. Pero en lugar de impulsar una “buena política” aparecen los rasgos preocupantes de una “política precaria”, oscura y conspirativa, caracterizada por una estrategia de mutuo descrédito que se lleva a cabo entre los diferentes grupos políticos, quienes aprovechando del poder a su disposición están promoviendo un tipo de política que busca eliminar a quienes consideran sus potenciales enemigos. Esta política oscura y conspirativa representa uno de los mayores lastres de nuestra incipiente democratización. Una política basada en la idea de la conspiración propicia que las diferencias se resuelvan a través de los "ajustes de cuentas". Además de que la política conspirativa representa un enorme agravio al orden jurídico en la medida en que la fabricación de culpables produce al mismo tiempo profundos daños a la cohesión social. La política conspirativa genera imágenes en blanco y negro, construyendo binomios para identificar a las relaciones políticas y presentando una realidad maniquea en la que solo existen amigos y enemigos, buenos y malos. La antítesis política que deriva de la oposición amigo-enemigo muestra el peor rostro de la política que se presenta cuando la lucha por el poder es descarnada, abierta y total. Se suele decir que la política tiene dos dimensiones: una hace referencia a la búsqueda del consenso mientras que la otra considera que la política es sobre todo lucha intensa y apasionada, y que es pura y simplemente una expresión del poder: enemigos que solo encuentran enemigos. Quien mejor explica la contraposición amigo-enemigo es el filósofo del derecho Carl Schmitt para quien la oposición "amigo-enemigo" resulta superior a cualquier otro binomio social, económico o cultural. Un aspecto importante de la relación amigo-enemigo es que el elemento determinante no es el amigo sino que por el contrario lo es el enemigo, de tal forma, que un conflicto social se transforma en conflicto político cuando es lo suficientemente fuerte para producir una distinción entre amigos y enemigos. Esta forma de relación política se caracteriza por una dinámica polarizante y conflictiva que solo evidencia la sed de poder de los gobernantes y la tendencia antidemocrática de la lucha de todos contra todos. En estos momentos convendría tener presente que existen otras formas de relación política basadas en la tolerancia y la cooperación. En el sentido de la "mutua conveniencia política" el consenso representa un tipo de interacción en donde los actores políticos se reconocen mutuamente como actores legítimos. Las reglas del juego que nuestro proceso de cambio político aún debe construir solo serán eficaces si se orientan a relativizar los valores políticos y a sustituir el desencuentro físico y violento por el voto y el debate. Los guardianes de los derechos en una democracia son los ciudadanos y los jueces. No es el poder político el que debe garantizar la vigencia de los derechos ciudadanos ya que por su propia naturaleza el poder muy frecuentemente representa más bien una amenaza para los mismos derechos. Los ciudadanos constituyen la base de cualquier control de las leyes en las sociedades democráticas. El ciudadano es el componente activo de una sociedad civil pluralista caracterizada por una riqueza de grupos e identidades que se encuentran en conflicto. Por su parte, el papel de los jueces o más concretamente del poder judicial, es el de la administración e impartición de la justicia garantizando los derechos preestablecidos. Nuestro poder judicial debe fortalecer su independencia dado que solo de esta manera podremos afrontar uno de los problemas más importantes de los sistemas políticos en transición que es el de privilegiar la justicia política por sobre la politización de la justicia.

18 julio 2005


En defensa del mundo Posted by Picasa

Acceso a la Justicia Ambiental

“El mundo no pertenece a una determinada especie, pertenece al mundo”: Libro de Lüh-Shih, IV siglo a.C.

Isidro H. Cisneros

Los recientes derrames de petróleo en Veracruz y Tabasco como consecuencia del mal estado en que se encuentran los oleoductos de Pemex han provocado importantes daños en el ecosistema de la región. Hasta el momento no existen culpables y a pesar de que el desastre ambiental ha sido calificado por algunas organizaciones como “ecocidio” sólo han sido clausurados algunos ductos y pozos petroleros. La empresa estatal ha minimizado el accidente y se ha limitado a justificarlo señalando que su infraestructura es obsoleta dado que la ausencia de “reformas estructurales” le han impedido realizar inversiones para renovarla. Como si fuera posible reducir todo a cuestiones meramente económicas, ha anunciado que limpiará las lanchas y manglares y que indemnizará a pescadores y residentes cuyas viviendas se mancharon del combustible. Es preocupante la irresponsabilidad de Pemex ante los impactos nocivos que provoca. Esta situación se agrava por la indiferencia de los funcionarios a distintos niveles, empezando por el titular de la Semarnat, quien considera que el derrame no representa graves daños “dado que fue de petróleo ligero del que queda por encima de la superficie y por lo tanto no baja a los mantos freáticos”, y por la ineficacia de la autoridad representada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se encarga de la aplicación de las leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en la materia. El Procurador ha brillado por su ausencia. Es de resaltar el trabajo del Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat, y de muchos voluntarios, quienes se dieron a la tarea de auxiliar y limpiar a las aves que quedaron presas del hidrocarburo. Aproximadamente 350 pelícanos y 130 aves de otras especies están siendo rehabilitadas y reintegradas a su entorno. Pemex tiene un promedio de tres accidentes por semana y al de Veracruz se han sumado en los últimos días otro derrame en Tabasco y un incendio en Michoacán. Observamos devastación ecológica y alteraciones ambientales en diversas regiones del país con deforestación, erosión de suelos, contaminación de cuerpos de agua, mortandad de peces y desertificación creciente como principales características. La política de aprovechamiento de los recursos naturales se ha fundamentado en el uso de tecnologías que afectan las cadenas biológicas y los ecosistemas. Además el deterioro ambiental ha impactado en la autosuficiencia alimentaria ocasionando una creciente presión sobre los recursos naturales. Por estas razones es que la democratización mexicana ha encontrado en el tema del medio ambiente una de sus más importantes debilidades. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano que plantea el derecho a la vida, a la salud, al bienestar y a vivir con calidad de vida adecuada manteniendo las condiciones de sustentabilidad. El derecho a un medio ambiente sano exige la protección de las tierras y territorios contra la degradación ambiental y el uso irracional de los recursos por parte de particulares o del gobierno. El derecho al medio ambiente sano representa un derecho colectivo que implica la obligación del Estado de promover la calidad de vida y de la sociedad civil la oportunidad de reivindicarla. En nuestro país no existen prácticamente procesos judiciales en los que se ventilen intereses ambientales. Esto denota la existencia de fuertes obstáculos para la participación social y para acceder a la justicia administrativa, civil y penal en demanda de la aplicación de la legislación ambiental, y además, evidencia fuertes restricciones al reconocimiento por parte del Estado del derecho que tienen los ciudadanos o grupos para la defensa y protección del medio ambiente. La injusticia ecológica se produce cuando la explotación de los recursos no incluye la reparación del daño ambiental ocasionado. El respeto a los derechos humanos constituye la base y el fundamento para el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía, y dentro de ellos es posible incluir también los “derechos de la naturaleza” que se relacionan con la necesidad de preservarla en todas sus expresiones tanto de fauna y flora como de medio ambiente en general. Esta temática cobra angustiante realidad en el caso mexicano en donde la pérdida y degradación de nuestros recursos y del entorno natural no sólo limitan nuestro potencial de desarrollo presente y futuro, sino que comprometen el bienestar de la población y el destino del país. Que el tema de los derechos humanos esté en la agenda política de nuestros días debería inducir al gobierno a reconocer que la democracia no es solamente un sistema electoral sino que es fundamentalmente un modo de vida en donde la cultura de la legalidad y de la civilidad, así como del respeto de los derechos de la naturaleza, son aspectos centrales de la vida democrática del país.