ABSTENCIONISMO Y FEDERALISMO ELECTORAL

Nuestro sistema de federalismo electoral muestra signos de agotamiento. Más allá de las evaluaciones que se puedan realizar sobre el pasado proceso electoral, destacan los elevados niveles de abstencionismo, que con ligeras variaciones quedaron como sigue: Aguascalientes (51%), Baja California (60%), Chihuahua (64%), Coahuila (46%), Durango (57%), Hidalgo (60%), Oaxaca (49%), Puebla (55%), Quintana Roo (68%), Sinaloa (53%), Sonora (72%), Tamaulipas (54%), Tlaxcala (46%), Veracruz (60%) y Zacatecas (43%). Nacidos para organizar y fomentar la participación ciudadana, los órganos electorales locales han demostrado que falta mucho por hacer para cumplir con esta tarea.

A ellos corresponde la delicada función de la capacitación electoral y la educación cívica, para vincular a la sociedad con el fortalecimiento del régimen democrático. La promoción del voto y la participación ciudadana, tienen por objetivo combatir el abstencionismo porque representa una de las enfermedades que aquejan a la democracia. Es claro que el abstencionismo en materia electoral constituye un problema de educación cívica y responsabilidad social. Sin embargo, si una persona no acude a las urnas, también puede ser producto de una decisión libre y razonada. Consecuentemente, lo primero que hay que distinguir en el abstencionismo, es la presencia de una voluntad consciente de no acudir a las urnas, estando calificado para ello. Este es el abstencionismo activo, que expresa una voluntad manifiesta de no votar, y debe distinguirse del abstencionismo pasivo, en donde el elector enfrenta obstáculos técnicos y estructurales que imposibilitan la votación, como en los casos de quienes se encuentran en el extranjero, cambian su domicilio y no se actualizan en el padrón, o los que simplemente han extraviado su credencial de elector. Una inadecuada organización electoral, condiciones naturales, meteorológicas o el estado de salud del votante, hacen que el resultado sea el mismo: la abstención.

El abstencionismo activo tiene varias explicaciones. Unos lo ven como síntoma de un progresivo desencanto hacia la forma de gobierno, otros como una modalidad de protesta contra el sistema o como inconformidad respecto a las opciones que representan los partidos. El abstencionismo activo es la exteriorización de un malestar social respecto a la clase política en su conjunto, que desincentiva el sufragio. En los sistemas electorales en los que el voto es concebido como un derecho, su no ejercicio es legítimo y debe respetarse como una condición necesaria del régimen de derechos fundamentales. Es el caso de los sistemas electorales de Colombia, Guatemala, Panamá y Venezuela. En otros países, el derecho al voto es un deber, pero la norma que lo impone carece de sanción, como en México, Costa Rica y Ecuador. También hay ordenamientos en los que el voto es un deber cuyo incumplimiento implica una sanción como en Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. No obstante, el voto se ejerce en función de la convicción del ciudadano de que su voluntad decidirá el destino de los asuntos públicos de su comunidad, y no el miedo a ser sancionado.

El abstencionismo expresa falta de representatividad en el arreglo democrático, puesto que puede reconocerse cierta homogeneidad de características de ingreso, de género o de origen regional en los abstencionistas. Las soluciones para enfrentar el abstencionismo, deben ser, por lo tanto, amplias y diversas. Los órganos electorales que cuentan con la facultad de operar leyes de participación ciudadana tienen posibilidades de convencer a la ciudadanía de que su voto hace una enorme diferencia para el sistema político en su conjunto. El abstencionismo refleja falta de credibilidad en los políticos, alejando al ciudadano de la participación, incrementando la apatía y la indiferencia. El elevado abstencionismo que observamos, es prueba de un desempeño de los partidos por debajo de las expectativas de los ciudadanos. El agotamiento de su capacidad renovadora, las dificultades para el acceso de los ciudadanos a la contienda electoral, los exagerados gastos de campaña, las tendencias oligárquicas, así como la ausencia de democracia interna en los partidos, son señales preocupantes de nuestro tiempo. El escenario se complica con la percepción ciudadana de que las autoridades electorales se han convertido en apéndices de la partidocracia y de que existen deficiencias en nuestro sistema de justicia electoral. La transición mexicana prometió la integración de un sistema de partidos eficaz, eficiente, moderno y acorde con los reclamos de una sociedad cansada del autoritarismo de los gobernantes.

Actualmente, las luchas internas, la corrupción, la manipulación, la demagogia y el clientelismo, han marginado las aspiraciones ciudadanas de una mejor representación política y de una democracia participativa. El resultado ha sido que las oligarquías partidarias han logrado expropiarle al país su soberanía popular, y a los ciudadanos, su capacidad de decisión. Se fortalece así, la indiferencia ciudadana frente a una política fundada en el espectáculo y sin propuestas, que sólo contribuye a aumentar la separación entre el desarrollo democrático del país, y una clase política que no se encuentra a la altura del momento histórico que vivimos.

TECNOPOLÍTICA

La tecnopolítica representa el uso táctico y estratégico de los instrumentos electrónicos para la comunicación y la acción colectiva. Es la capacidad de apropiación de las herramientas digitales para el libre acceso a la información. La tecnopolítica es resultado de la presencia avasalladora de la tecnología en las sociedades modernas, lo que impacta el funcionamiento tradicional de los procesos políticos. Representa transformaciones en la esfera del poder y en las relaciones entre Estado y sociedad. La tecnopolítica es parte de la denominada “revolución tecnológica”, que se caracteriza por el creciente número de decisiones técnicas concernientes a cuestiones políticas que modifican los contenidos del proceso gubernamental y legislativo, por el desarrollo de los aparatos administrativos públicos y privados a través de técnicas dirigidas a maximizar la eficiencia, y por la conformación de nuevos grupos sociales formados por técnicos, managers y expertos en informática, quienes a pesar de su distinción y fragmentación objetiva, tienden a asociarse con el poder. El encuentro entre tecnología y política es resultado tanto del patrón civilizatorio que caracteriza a la modernidad, como de los procesos de racionalización de las diversas esferas de la vida social. El internet ya no es, solamente, el sujeto central de la revolución tecnológica, sino que se ha convertido en una herramienta de transformación del marco cultural, simbólico e identitario de nuestras sociedades. Las nuevas tecnologías permiten la reconstrucción de la acción colectiva y del espacio político, al mismo tiempo, hacen posible la socialización en gran escala de la información. La tecnopolítica expresa la capacidad de las multitudes conectadas, de los cerebros y cuerpos en red, para crear acción colectiva.

Las formas de organización nacidas en internet se multiplican por doquier y se extienden en el tejido social. La tecnopolítica fortalece a la democracia, como evidencian los distintos movimientos sociales contemporáneos que han hecho uso de ella, desde la oleada democratizadora de la primavera árabe, hasta las distintas versiones de protesta social tipo Occupy Wall Street alrededor del mundo. Presenciamos nuevas formas de acción política que se desarrollan en red. La tecnopolítica ha jugado un papel importante en la caída de distintos regímenes autoritarios, y continuará haciéndolo, en otros donde las redes sociales impiden el silencio informativo sobre las atroces violaciones a los derechos humanos. Representa la apropiación masiva de las redes sociales y la aparición de “nuevas herramientas de libertad” con objetivos de organización y comunicación política. Expresa el poder de la cooperación en red y la apertura hacia nuevos horizontes de acción colectiva. En suma, la tecnopolítica constituye un desafío a los tradicionales sistemas de representación política y apunta hacia un posible desarrollo de los regímenes democráticos.

Peligrosos enemigos de las sociedades de nuestro tiempo, son la censura y el espionaje al que son sistemáticamente sometidas las redes sociales, tanto por gobiernos como por entidades privadas. El debate global sobre la regulación en internet busca limitar los derechos democráticos. Los cada vez más frecuentes intentos de censura, incluyen procedimientos implementados con la finalidad de controlar o suprimir determinados contenidos en la red. La cuestión que debemos plantearnos es si los gobiernos deben restringir el libre acceso a la información. El escándalo sobre la dimensión, extensión y sistematicidad de las redes de espionaje que la inteligencia militar estadounidense y británica han llevado a cabo, y que fueron denunciados por el ex empleado de la CIA Edward Snowden, plantean nuevamente este dilema. El espionaje viola las legislaciones que en muchos países prohíben la intromisión gubernamental en la privacidad de los ciudadanos. Se trata de un espionaje cibernético a escala planetaria.

El internet como espacio de libertad e interacción social permite una nueva distribución de la actividad política, del debate y de la toma de decisiones. Es un instrumento alternativo frente a la hegemonía centralizada en pequeños grupos de poder. La red se configura como un espacio cohabitado y compartido que por su carácter abierto permite la comunicación entre singularidades, hasta ahora, aisladas y atomizadas. La política virtual permite la agregación social sin necesidad de intermediarios partidistas y plantea el tema de los “derechos digitales”. Existe, incluso, una Declaración de Independencia del Ciberespacio, presentada en 1996 en el Foro Económico Mundial de Davos, que rechaza las indebidas interferencias de los poderes políticos que afectan internet. Con el desarrollo de la tecnopolítica, la tesis de los “pesos y contrapesos” se desplaza desde la distinción clásica de la doctrina jurídico-política entre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, a una nueva distinción entre administradores-administrados, elegidos-electores o gobernantes-gobernados. En la medida en que se generaliza el uso y acceso a internet, se produce también una reapropiación de la política y una mayor conectividad entre los ciudadanos, por lo que debemos defender este espacio de libertad paradigmático. La intromisión del Estado a través del espionaje es un ataque a este universo de construcción colaborativa del que disfrutamos y somos partícipes.