REFORMA ELECTORAL: ¿MÁS LIBRES O MÁS IGUALES?

El tema cardinal de la democratización mexicana hoy, es la igualdad política. Sobre nuestro sistema electoral se han llevado a cabo infinidad de diagnósticos independientes e institucionales acerca de la situación que guarda, los problemas que enfrenta y las soluciones para mejorarlo. Ha llegado el momento de tomar decisiones, en un contexto en el cual el punto central de la discusión se articula sobre la necesidad de un órgano nacional electoral que sea garante de la equidad política. La equidad está establecida como mandato constitucional y legal en materia electoral, y es un principio esencial de la contienda electoral que se debe garantizar a través de la determinación de estrictas reglas para el financiamiento público y privado de la política. Sin embargo, en los hechos se observa que la equidad política en México no es adecuada a los objetivos de la democratización. El tipo de fiscalización electoral vigente no contribuye al propósito de promover la equidad política, ni a legitimar los resultados de los procesos electorales. La experiencia reciente muestra un desfase entre la entrega del informe consolidado de fiscalización y la calificación jurisdiccional de la elección. Si las elecciones no garantizan la equidad, la democracia no avanza. En México existen muchas inequidades, hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que en los últimos años ha aumentado la desigualdad social dado que actualmente existen 53.3 millones de pobres. Si nuestro proceso de cambio político aún no ha encontrado la respuesta al problema de cómo reducir los niveles de pobreza y ampliar la igualdad socioeconómica entre los ciudadanos, entonces, como país tenemos la obligación ética y moral de contribuir a ampliar los espacios y los instrumentos de la igualdad política. La inequidad es uno de los pendientes de la “gran transformación mexicana”.

Del conjunto de valores que acompañan a los procesos de cambio hacia la democracia, uno muy importante es la equidad política. Prácticamente todas la transiciones a la democracia de los últimos decenios, frente a la imposibilidad de resolver en lo inmediato la desigualdad socioeconómica, han debido abrir las puertas y las ventanas del sistema político, ampliando la participación de los ciudadanos y la igualdad de condiciones en la contienda por el poder entre los diferentes actores. Así ocurrió en las transiciones políticas de América Latina, del sur de Europa, de Asia y del norte de África, así como en los sistemas que se democratizaron después de la caída del muro de Berlín. Ahora mismo, frente a la crisis financiera que enfrentan algunas democracias consolidadas en Europa Occidental, la respuesta ha sido la ampliación de oportunidades para acceder al poder político para los actores emergentes. Así es como funcionan las democracias modernas.

Lo único que no podemos permitir es que se profundice tanto la desigualdad social como la desigualdad política. Si nuestros gobernantes no toman esta tarea seriamente, se estaría ampliando el espacio del malestar social y reduciendo la legitimidad de nuestro ordenamiento político. Ampliar la igualdad política involucra distintas problemáticas, como la participación ciudadana o la centralización de la organización electoral, pero quizá el tema más relevante sea la fiscalización de los recursos como uno de los indicadores de la igualdad democrática que debe existir entre los actores políticos y sus electores. La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación ética y política de los partidos. Pero también una obligación legal. La fiscalización de los recursos se encuentra establecida en el COFIPE y el punto nodal es la reducción de los plazos previstos en los artículos 83, 84 y 85 del mismo ordenamiento. Los plazos actuales afectan la legitimidad del candidato ganador y del partido que lo postuló, dado que no permiten conocer, en las fases previas a la calificación de la elección, los resultados sobre cómo se ejercieron los recursos que los partidos políticos utilizaron para llevar a cabo sus campañas electorales.

La creación del Instituto Nacional de Elecciones puede contribuir a cerrar esta brecha de desigualdades. Un órgano nacional que pueda fiscalizar en tiempo real, a través de un sistema de registro en línea, mucho ayudará a la democratización mexicana. La igualdad no es un mero postulado para enaltecer los discursos políticos, sino que es la condición para una mejor realización de los derechos de libertad. Si en una sociedad se llega a una distribución más equitativa de la riqueza, los individuos serán también más libres. La equidad política es la precondición para el desarrollo de los derechos político-electorales. La justicia es el medio y la libertad es el fin, en cuanto la plena libertad solo puede asegurarse garantizando la equidad política. Este es el punto: los derechos nacieron para hacer más libre a la persona y para dar más fuerza a la equidad. Si nos resignamos a las desigualdades las haremos más grandes.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA LA REFORMA ENERGÉTICA

El debate sobre la reforma energética se ha intensificado ante la presentación de las iniciativas de los partidos y el probable escenario de convertirnos en un país energéticamente dependiente. El petróleo es la mayor fuente mundial de energía y un elemento estratégico en el crecimiento de las naciones. En México ha sido el principal motor del desarrollo y el sostén de las finanzas públicas, pero este esquema se ha agotado. Es vital una reorganización de la industria petrolera que permita, entre otras cosas, tener estimaciones confiables sobre las cantidades de petróleo disponible. Aún desconocemos el alcance de las reservas que puedan estar en nuestro subsuelo, aunque se estiman 681 billones de pies cúbicos de gas natural y 44 mil millones de barriles de petróleo. A pesar de estas enormes reservas, importamos anualmente cerca de 60 mil millones de dólares en gasolinas, gas y petroquímicos, existe rezago tecnológico y en su mayoría, las plantas se encuentran obsoletas. Contamos con un organismo paraestatal que explota casi toda la cadena productiva de petróleo y gas, con un régimen jurídico restrictivo, una burocracia excesiva y costosa, así como un sindicato que representa un paradigma de la corrupción y el clientelismo. En tal contexto, la Agencia Internacional de Energía, informa que la oferta petrolera en EU crecerá durante 2012-2018. El año pasado su producción aumentó al ritmo más acelerado de su historia, superando los 7 millones de barriles diarios, sólo detrás de Arabia Saudita y Rusia. Los estadounidenses alcanzarán la autosuficiencia energética en los próximos años y con ello dejarán de importar petróleo crudo mexicano, mientras tanto, seguimos importando enormes cantidades de productos petroleros refinados.

Las propuestas de reforma energética que formulan los diferentes partidos tocan aspectos importantes sobre el futuro de México. La reforma que vendrá, requerirá de un enorme consenso social y político que sólo puede provenir de mecanismos democráticos. México debería someter estas decisiones tan relevantes, a consulta popular, para que el ciudadano participe directamente en la reforma que el país requiere. Pero para que esta consulta popular ocurra, es necesario cumplir con la reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en nuestra Constitución. Las reformas en la materia fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012. De acuerdo con los artículos transitorios, la actual legislatura federal debe reglamentar la reforma constitucional aprobada, y expedir las adecuaciones a las leyes secundarias, en un plazo que se cumple la próxima semana. La reforma no obliga a que el conjunto de modificaciones adjetivas concluyan y entren en vigor en una fecha determinada. Incluso, es jurídicamente posible que la legislación secundaria establezca fechas de aplicación que la posterguen nuevamente, sin que ello dé lugar a contravenir la reforma. Sería deseable que en este tema, tanto el gobierno como los legisladores, antepusieran el interés de México. Una vez reglamentado, el artículo 35 constitucional hace posible el derecho ciudadano de votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las cuales serán convocadas por el Poder Legislativo a petición del Poder Ejecutivo, del 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, o de los mismos ciudadanos quienes deberán representar al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Cuando la participación total en la consulta popular alcance el 40% de la votación efectiva, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. El IFE tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito del porcentaje mínimo de ciudadanos para solicitarla, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma.

Democracia representativa y democracia participativa no se contraponen, sino que se complementan. La consulta popular es una forma de democracia directa mediante la cual los ciudadanos emiten su opinión y ésta tiene consecuencias jurídicas, y puede ser sobre cualquier tema público, decisión de gobierno e incluso una ley. Las consultas populares permiten que los ciudadanos decidan sobre asuntos complejos y puedan expresar su parecer sobre los grandes temas nacionales, acercándose, de esta manera, al poder político, y permitiendo que su voz, a través del voto, sea escuchada en la construcción de la agenda pública y en la dirección que adopten las instituciones. Los instrumentos de participación ciudadana son cada vez más utilizados en las democracias representativas. Actualmente, el núcleo de la democracia consiste en que todas las decisiones importantes dependan, directa o indirectamente, de la opinión expresada por los ciudadanos. Hoy se reivindica la democracia participativa en el ejercicio tolerante y razonado, en la deliberación pública y en la solución de los grandes problemas de México. La complementariedad entre democracia representativa y democracia participativa radica en que la primera permite elegir a los gobernantes, mientras que la segunda, permite que los ciudadanos decidan sobre las políticas públicas que les conciernen.