GEOGRAFÍA POLÍTICO-ELECTORAL

El territorio representa una dimensión fundamental de la política. La geografía electoral hace referencia al ámbito espacial del comportamiento político y lo estudia a partir de unidades agregadas en distintas escalas de organización territorial. El sufragio universal no es solamente una decisión individual y racional, sino que también es una conducta social, interactiva, colectiva y territorial. La distribución geográfica de los comportamientos electorales se podrá observar el próximo 7 de julio cuando se llevarán a cabo comicios en catorce entidades de nuestro país: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En conjunto, podrán votar cerca de 30 millones de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores, quienes representan al 37% del electorado nacional.

Con excepción de Hidalgo, en todas las entidades habrá renovación de ayuntamientos, y excluyendo a Coahuila, en ellas también se celebrarán comicios para reemplazar al poder legislativo. El único gobernador que se elegirá será el de Baja California. En su conjunto, el proceso electoral ha resentido acusaciones de clientelismo político y de inoperancia de las autoridades electorales quienes actuarían subordinadas a los poderes locales. Lo cierto, es que estas elecciones serán el primer ejercicio general después de la modificación de los equilibrios políticos opositores producto de los resultados de la elección federal de 2012.

Una de las desventajas de nuestro “federalismo electoral” se refiere a la duración de las campañas, que son variables dependiendo de la entidad en que se realicen, y que van desde los 10 días en los municipios cuya lista nominal no exceda los 20 mil ciudadanos, como en Coahuila, hasta los 60 días como ocurrirá en Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo. Otro aspecto discordante es que en algunas entidades la toma de posesión demoraría hasta siete meses, como en Puebla, mientras que en otras, como Durango, la transición ocurrirá 30 días después de las elecciones. Estarán en juego 1,348 ayuntamientos, 441 diputaciones locales y una gubernatura. Los estados en donde se disputarán más cargos son Oaxaca con 612 puestos, entre alcaldes y diputados, y Tlaxcala con 483, de los cuales 391 son candidatos a presidentes de comunidad. Para elegir representantes populares en México es necesario, como lo establece nuestra Carta Magna, hacerlo a través del voto libre, secreto, directo y universal, siendo para ello indispensable la organización de las elecciones dependiendo de su determinación territorial, es decir, atendiendo a la geografía electoral.

La geografía electoral estructura la división política del territorio, y su estudio corresponde a un campo interdisciplinario de las ciencias sociales, cuyo objetivo consiste en analizar la dimensión espacial de los procesos político-electorales. La geografía electoral involucra un conjunto de recursos, normas, tecnologías, políticas, marcos legales, administrativos y organizacionales que son necesarios para la efectiva creación, recopilación, manejo, acceso, distribución y uso de datos sobre el territorio. La geografía electoral mexicana deriva de los tres niveles de gobierno, y señala cuántos distritos conforman cada uno y que elección es la que determinan, para llegar a conclusiones sobre las fuerzas político-electorales que actúan en el territorio. La geografía electoral representa un método cartográfico para describir el reparto regional de las fuerzas partidarias. Beneficiándose del desarrollo de bases informáticas de datos, de la cartografía automatizada y de sistemas de información geográfica cada vez más sofisticados, actualmente, diversos estudios politológicos se encuentran explorando las nuevas dimensiones espaciales del voto en México.

A nivel federal, nuestra geografía electoral obedece a la división político-administrativa que establece la Constitución en sus artículos 52 y 53, referidos a la conformación de la representación política electa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y de circunscripciones de representación proporcional, así como el artículo 41, que faculta al IFE para que tenga a su cargo la geografía electoral a través del Registro Federal de Electores, debiendo mantener actualizada la cartografía electoral nacional, clasificada por entidad, distrito, municipio y sección electoral. Para garantizar el principio de igualdad del voto, la autoridad electoral federal tiene el mandato de ajustar periódicamente la división del territorio para llevar a cabo los comicios, e integrar permanentemente el registro de ciudadanos con derecho a voto. El factor poblacional constituye el criterio, tanto para determinar la distribución de los 300 distritos uninominales entre las 32 entidades federativas, como para delimitar geográficamente las cinco circunscripciones plurinominales en las que se elige la representación proporcional. La movilidad de la población obliga a realizar una revisión periódica de la división política del territorio, lo que todavía está pendiente. La redistritación debe reflejar los cambios sociodemográficos del último lustro. Necesitamos consolidar un sistema electoral modelo, constantemente perfeccionado y a prueba de intervenciones indebidas, que logre garantizar los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La importancia de lo anterior radica en que la delimitación del espacio geográfico asociado a la representación política, es la base organizativa de los modernos procesos electorales.

¡QUÉ HONOR PODER CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS!

En 2008 la Secretaría de Educación Pública de México invitó a un grupo de ciudadanos a brindar asesoría sobre los contenidos y alcances de los libros de texto gratuito de primaria, desde primero hasta sexto grado, en la materia de educación cívica y ética.

Participamos los siguientes ciudadanos:

Isidro H. Cisneros, Germán Dehesa, Enrique Krauze (El Colegio Nacional), Cecilia Loría Saviñón, Armando Manzanero, Eduardo Matos Moctezuma (El Colegio Nacional), Mario José Molina Henríquez (El Colegio Nacional), Carlos Monsiváis y Adolfo Sánchez Vázquez.

La democracia es precisamente uno de los valores más antiguos que la historia nos ha heredado y su perfeccionamiento no puede lograrse si se pierde la oportunidad de reflexionar sobre los acontecimientos que permitieron su paulatina consolidación en México. Desde la educación se ha de fomentar la reflexión crítica y el diálogo entre los ciudadanos. Ello posibilita entender la visión de los otros de una manera responsable. Se hace viable la comprensión mutua como una forma de ejercer la tolerancia y la democracia plenamente.

Es necesario tener muy claros los valores que se pretenden fomentar y realizar una socialización consciente en la que dichos valores estén presentes. La participación debe considerarse un compromiso solidario con la comunidad. Los principios democráticos se fundamentan en la noción de que los ciudadanos tenemos igual valor y así lo reconocemos, sin importar las condiciones económicas o sociales de los individuos.

La democracia entendida en un sentido amplio, más allá de las reglas para la transmisión pacífica y legal del poder definida por las mayorías, es un ideal de asociación política. La búsqueda de ideales como elementos asociativos. Reconocer la importancia que tiene la decisión de la mayoría es también reconocer un valor fundamental de la democracia: que el poder político tiene sustento en la colectividad, en la deliberación y en el respeto a la pluralidad.

 

Hemos avanzado al perfeccionar el sistema normativo que regula la elección de los gobernantes. Hemos desarrollado el primero de esos valores o conceptos que incluye la democracia. La educación cívica es el mecanismo ideal que nos permitirá fortalecer y profundizar la democracia en el sentido más amplio que señalamos. El mismo que la Constitución marca: como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

GENOCIDIO MAYA Y MEMORIA COLECTIVA

En un fallo histórico de la justicia guatemalteca, el pasado 10 de mayo el ex dictador Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, perpetrados entre 1982-1983, contra la población indígena Maya-Ixil. Basado en la Doctrina de la Seguridad Nacional, su gobierno cometió innumerables violaciones a los derechos humanos a través de la estrategia militar denominada “tierra quemada”, consistente en destruir cualquier cosa que pudiera ser de utilidad al enemigo. Esta política produjo más de 10 mil ejecuciones extrajudiciales, cerca de 45 mil desapariciones forzadas y obligó a casi 100 mil personas a refugiarse fuera del país.

Hasta ahora se han podido documentar 669 masacres masivas. Conducida desde el Estado, incluyó destrucción de comunidades, quema de cosechas y muerte de animales para someter a los indígenas, acusados de apoyar a la guerrilla. La estrategia incluyó violaciones multitudinarias de mujeres frente a maridos e hijos, además el desplazamiento obligado de 29 mil familias. La guerra produjo 200 mil muertos y alcanzó su máxima violencia durante los 17 meses en que el general Efraín Ríos Montt detentó el poder. Según la ONU, casi todos los asesinatos fueron cometidos por el ejército y las fuerzas paramilitares. Persecución, tortura y exterminio alcanzaron a comunidades indígenas, líderes sindicales, estudiantes y sacerdotes considerados opositores. Ríos Montt implantó un gobierno castrense que llevó a cabo un genocidio sistemático como política de Estado. El terror fue parte de un plan de reorganización del país que incluyó la militarización del campo y la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil que llegaron a sumar 500 mil integrantes, para aislar al movimiento guerrillero y controlar a las comunidades indígenas. El genocidio maya fue obra de militares y paramilitares quienes habrían cometido el 90% de los crímenes. De los miles de asesinatos, el 98% quedó en la impunidad, ya que pocos se atrevieron a interponer denuncias judiciales. Pese a todos los señalamientos, Ríos Montt se mantuvo durante décadas en un primer plano de la política guatemalteca. En el 2003 quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales, y sólo hasta el 2012 perdió la inmunidad legislativa, por lo que se le pudo juzgar.

El concepto genocidio proviene del griego “genos” -estirpe- y del latín “caedere” -asesinar-, y se refiere a una serie de actos sistemáticos orientados a eliminar enteramente, o en parte, a un grupo étnico, racial o religioso. El genocidio es la destrucción metódica de un grupo humano a través del exterminio de las personas, pero también de la anulación de sus testimonios culturales. En 1944 el concepto entró en uso, sugerido por el jurista polaco Raphaêl Lemkin, para describir los crímenes producidos por el nazismo: “entendemos por genocidio la destrucción de una nación o de un grupo étnico bajo un plan coordinado, cuya finalidad es eliminar a esos grupos”.

El genocidio está dirigido contra minorías nacionales, pero sus acciones afectan a los individuos, no en razón de sus cualidades personales, sino por su pertenencia al grupo nacional. La ONU adoptó el concepto genocidio para definir el “rechazo violento a la existencia de grupos humanos” y promulgó la “Convención Internacional para la Prevención y la Represión del Genocidio”, declarándolo un delito contra la humanidad e invocando la cooperación internacional para liberar a nuestras sociedades de este odioso flagelo.

El genocidio es un sistema elaborado, casi científico, de eliminación social dirigido contra minorías que sufren opresión y persecuciones de distinta naturaleza. Los criminales responsables de genocidio son culpables de delicta juris gentium que es una categoría jurídica para los delitos equiparables a la esclavitud, el tráfico de personas o la venta de órganos. El genocidio plantea el tema del Estado como sujeto de infracción. La represión del crimen de genocidio es un asunto de interés internacional que comporta responsabilidades para individuos y Estados. Debemos usar la memoria colectiva contra los genocidios porque “sólo así la muerte sirve a la vida”. El genocidio produce una clasificación jerárquica de los grupos humanos y establece actitudes de “rechazo al otro”. En 1998, los participantes en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional votaron a favor de crear una corte permanente con jurisdicción sobre los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, fue hasta el 2002 que el Tribunal Penal Internacional entró en funciones. Evitemos repetir los errores de la historia y las terribles experiencias del pasado: el holocausto nazi, el gulag estalinista, las dictaduras salvajes de América Latina, África y Asia, los distintos apartheid, las limpiezas étnicas, las atrocidades en Camboya y Afganistán, así como los genocidios en la antigua Yugoslavia, Ruanda y Chechenia. Ríos Montt enfrentará un juicio 31 años después de cometidos los crímenes. Finalmente, empieza a verse luz al final del túnel de la impunidad que prevaleció durante décadas.

CIUDAD DE MÉXICO: REFORMAR LAS INSTITUCIONES

La Ciudad de México es una de las megalópolis del mundo y la zona metropolitana más grande del sistema urbano nacional. El crecimiento de la ciudad, en todos los campos, es uno de los más veloces del país, sin embargo, las desigualdades socioeconómicas y las condiciones de pobreza y exclusión social en las que viven grandes sectores de su población, se ven ampliadas por los procesos de segregación residencial que impiden que la ciudad cumpla con una de sus funciones básicas, que es ser un mecanismo de integración. Por el contrario, estos procesos generan condiciones propicias para la desintegración familiar, el incremento de la violencia y la inseguridad social. Para modificar esta situación se requiere de una reforma política de las instituciones. Cuando se habla de “ciudad” la referencia es a un espacio habitado, con variados usos públicos, con una vocación racionalizadora y organizadora del mundo. Se refiere tanto al espacio físico, como al ámbito simbólico en cuya carga de significados destaca el de centralidad urbana. La ciudad, denominada polis por los griegos y civitas por los romanos, es el resultado de una asociación previa, que como tal elabora el mito de su fundación para compartirlo con sus habitantes quienes poseen la categoría de ciudadanos. La ciudad es el espacio de la política, el gobierno y la ciudadanía. El principal patrimonio de una ciudad son sus ciudadanos y es en la ciudad, en donde la política se constituye como actividad propia y el individuo define su pertenencia al conjunto social.

La ciudad se ha convertido en el espacio público donde alcanza su plenitud la autoridad del Estado, la participación organizada, así como la comunión de derechos y deberes que son marcas distintivas de la ciudadanía.

La historia de la ciudad es la de su espacio público, en donde las relaciones entre el poder y la ciudadanía, se materializan y se expresan en la conformación de calles, plazas, monumentos, parques y otros lugares de encuentro social. El espacio público no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. La ciudad es un sistema de redes que ordenan cada zona de la metrópoli y le dan sentido, son el ámbito físico de la expresión ciudadana y de la diversidad social y cultural. Es un espacio físico, pero también político que representa un derecho ciudadano de primer orden, ya que garantiza, en términos de igualdad, su apropiación por parte de los diferentes grupos sociales.

El espacio público es un indicador de calidad urbana y un instrumento de la política para “hacer ciudad sobre la ciudad”, es decir, para mantener y renovar los antiguos espacios y producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las infraestructuras. El ciudadano debe reivindicar su papel como actor principal, trascendiendo su rol de mero espectador. A través de su capacidad crítica y creativa, el ciudadano es el constructor activo de su ciudad. Lo que le pase a nuestras ciudades, le sucede a sus habitantes. En este contexto, uno de los principales aciertos de la administración pública capitalina, ha sido la pretensión de dar consistencia práctica a su principal proyecto político para la ciudad, sintetizado en la frase: Decidamos Juntos.

La reforma política del Distrito Federal es una prioridad para sus habitantes. Las democracias contemporáneas se apegan cada vez más a la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben ser iguales por lo que no caben las distinciones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad. El ciudadano moderno ha ganado derechos que le permiten acceder en igualdad de oportunidades a la función política. Que el poder se distribuya entre los ciudadanos es una de las aspiraciones de la democracia de todos los tiempos. Es una aspiración que permite imaginar el diseño de una sociedad más libre y más igualitaria. Sin instituciones fuertes y representativas no hay ciudadanía. La Ciudad de México ha hecho progresos en su democracia local que, históricamente, han contribuido al progreso de la democracia política del Estado moderno nacional. Siendo la Ciudad de México la aglomeración urbana más importante del continente americano y la ciudad hispano-hablante más poblada de la tierra, requiere de un cambio en su estatus jurídico y político.

En esta ruta se encuentra la necesidad de dotar a la capital del país de una Constitución Política propia que establezca nuevas instituciones, reglas y garantías para el conjunto de los actores que aspiran a gobernarla. Debido a la magnitud de sus problemas, impulsar el proceso de democratización de la Ciudad de México significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las diversas formas de participación ciudadana.

LA DEMOCRACIA EN AMERICA

  

Ayer inició la cuarta visita del presidente Barack Obama a México desde que asumió su investidura por primera vez en 2009. Para el presidente Peña Nieto sería su segundo encuentro con el mandatario norteamericano después de haberse reunido en la Casa Blanca, ya como presidente electo, en noviembre de 2012. La especial situación geográfica que compartimos ambos países y la intensa relación económica hacen única nuestra vecindad en el mundo. Los vínculos giran en torno a múltiples temas, aunque se han focalizado en asuntos relativos a seguridad, narcotráfico y migración indocumentada. Desde la perspectiva mexicana, el principal aspecto que enmarca la visita del presidente Obama, es el incremento de la presencia política de los 30 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos, quienes representan al 10% de la población total. De ellos, poco más de 23 millones tienen un estatus de residente legal, mientras que en situación de inmigrantes “no autorizados” se encontrarían alrededor de 7 millones de personas.

El número de residentes de origen mexicano se ha multiplicado en las últimas décadas, representando al principal grupo de la comunidad hispana, cuyos integrantes se estiman en 48 millones de personas, mismas que fueron un factor determinante para que Obama asegurara su reelección. El 71% de este sector de la población votó por él, mientras que sólo el 27% apoyó al candidato republicano. Aunque el peso demográfico de las comunidades de origen mexicano aún no se refleja cabal¬mente en la representación política norteamericana, los nuevos equilibrios que se establecieron a partir del segundo triunfo electoral de Obama, dieron prioridad al imperativo político de apoyar la reforma migratoria que actualmente se discute en los Estados Unidos.

Desde que Obama fue elegido presidente han sido deportados casi dos millones de migrantes. En este momento, el Senado de los EU se encuentra preparando las negociaciones de la reforma migratoria que tentativamente beneficiaría a 11 millones de personas. La migración entre México y EU no debe abordarse sólo desde la perspectiva económica, sino como un complejo fenómeno que es impulsado por la interacción de factores históricos, sociales y culturales, que tienen sus raíces en ambos lados de la frontera.

Aunque con cambios en su intensidad y modalidades, el movimiento migratorio ha sido una constante histórica en nuestras relaciones. Durante los últimos años, la migración se ha posicionado como uno de los asuntos más preocupantes y conflictivos de la agenda bilateral. Aunque para nuestro vecino los temas de política exterior se concentran en terrorismo, crisis económica y narcotráfico, los 3,185 kilómetros de frontera que compartimos hacen del tema migratorio un aspecto urgente de la agenda bilateral. México y EU son importantes socios comerciales con transacciones que, actualmente, suman cuatro veces más de lo que se registraba cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, siendo nuestro país el segundo mercado más grande para las exportaciones estadounidenses. Por estas razones, se resaltan los aspectos económicos del encuentro entre los mandatarios, sin embargo, el presidente Peña Nieto debe insistir en una solución al tema migratorio desde la perspectiva de los intereses mexicanos.

Se trata de una alianza estratégica para que EU pueda transitar de una democracia de migrantes a una democracia de ciudadanos. El politólogo e historiador Alexis de Tocqueville escribió en 1835 su obra “La democracia en América”, en donde analiza a la formación de este sistema representativo en los Estados Unidos. En ella resalta el impulso del movimiento democrático que promueve una transformación social que antecede al cambio político. Afirma que el pluralismo democrático da forma al gobierno, a las leyes y a la vida política en su conjunto, lo que le permite incidir sobre el futuro de la democracia. Tocqueville no niega el compromiso democrático y la importancia de la libertad en el sistema político estadounidense, en donde las distintas fuerzas políticas han asumido como valores centrales de su actuar, la libertad y la igualdad, además de hacer trascendental la figura del ciudadano, a quien se concibe como un individuo con derechos y obligaciones frente al Estado. Desde entonces, la democratización de América ha sido un proceso irreversible. En este escenario, la visita del presidente Obama acontece en medio de un debate sobre el rumbo de la democracia en nuestros países. En la mayoría de ellos se han establecido sistemas de Estado de derecho con elecciones competidas, oposiciones fuertes, y libertades civiles y políticas para la población. Sin embargo, persisten problemas que obligan a revisar los obstáculos al desarrollo democrático en América Latina.

Para activar nuestro liderazgo en la región necesitamos establecer una cooperación con nuestro vecino bajo nuevos paradigmas, proyectando al México de la estabilidad macroeconómica, que promueve la competitividad industrial, que es capaz de reformar sectores ineficientes y que cuenta con gobernabilidad política. Es momento de hacer constar que la democracia mexicana es capaz de aportar soluciones a los desafíos de nuestro tiempo.