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28 marzo 2013

GOBIERNOS DE MINORÍA


En nuestros días el mundo de las democracias se caracteriza por la existencia de electorados que no producen mayorías. Este fenómeno es tan común, que los analistas políticos han llegado a contabilizar un tercio de los gobiernos en el mundo occidental, como gobiernos de minorías. Ha ocurrido así en países de gran tradición democrática como Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Italia, Portugal e Irlanda. Incluso, al interior de los regímenes parlamentarios, se considera que un gobierno de minoría puede llegar a funcionar mejor que un gobierno de mayoría. Esto es así porque las mayorías en una democracia representan, más bien, coaliciones temporales, heterogéneas y fragmentadas. Otra característica que permite identificar a los gobiernos de minoría, en este tipo de regímenes políticos, es que son casi por definición “gobiernos puente” con una duración breve. Es en esta perspectiva, que el politólogo Giovanni Sartori considera que, entre un gobierno de mayoría heterogénea y un gobierno de minoría homogénea, es preferible este último. El gobierno de minoría representa, también, aquella situación en la que el gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para lograr la mayoría absoluta, lo que favorece cierta inestabilidad política, ya que los partidos de la oposición, si suman sus fuerzas, pueden bloquear las actuaciones del Ejecutivo. Estas reflexiones vienen a colación en referencia con el caso mexicano, que puede ser caracterizado como un sistema de gobiernos de minoría con mayorías variables, dadas las posibles coaliciones que se desarrollan entre los principales partidos de oposición al interior de las Cámaras Legislativas. Para ponderar las repercusiones que sobre nuestra forma de gobierno tienen los gobiernos de minoría debemos recordar que el sistema presidencial mexicano surge con la Constitución de 1824, como un experimento político sobre la base de los modelos que ofrecían tanto la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, como la Constitución de España promulgada por las Cortes Generales en 1812. Por lo que se refiere al sistema mexicano, no fue sino hasta 1917 cuando adquirió su actual configuración institucional.


El constituyente de Querétaro formuló el ideal de una república presidencial y federal, articulada sobre los principios de la rígida separación de poderes y de autonomía de los estados miembros de la federación. Se optó, en consecuencia, por otorgar al Presidente de la República un poder preeminente respecto al Congreso de la Unión y de los estados miembros de la federación. En relación con las Cámaras de Diputados y Senadores, les fueron conferidas importantes atribuciones: a la primera el poder de juzgar y eventualmente destituir por motivos graves al presidente, imponer tributos fiscales, contraer deudas internacionales y declarar la guerra; mientras que a la segunda se le otorgó influencia en materia de política exterior y para la aprobación de las designaciones diplomáticas, de los jefes de las Fuerzas Armadas y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, y no obstante los amplios poderes conferidos al Congreso, hasta el día de hoy éste no ha logrado llevar a cabo plenamente el rol institucional que le asignó la constitución de 1917. Las razones de su histórica dependencia en relación con el Poder Ejecutivo residen, en gran parte, en el papel que desempeñó el PRI al interior del sistema político, que se tradujo en una profunda imbricación entre este partido y el Estado. El PRI se consolidó como una organización mayoritaria y de carácter oficial que aparecía como titular de un ininterrumpido monopolio del poder gubernamental de decisión. Tal fenómeno transformó el rol del Presidente de la República, en el de un líder absoluto de todo el sistema, que representaba el centro indiscutible de la pirámide política. El PRI fue históricamente acusado de perpetuar su propio monopolio a través de la continua adaptación de la legislación electoral, así como del control de las operaciones de voto. El desarrollo de elecciones altamente competidas hace que hoy esta caracterización del sistema político mexicano no funcione más.



La novedad de nuestros días está representada, justamente, por un Poder Legislativo que incidentalmente se encuentra frente al espíritu de su original encomienda constitucional. La idea de la separación de poderes y de un gobierno republicano resulta fundamental para consolidar nuestra democracia. El adecuado equilibrio entre los poderes es un componente indisoluble de la gobernabilidad. La legalidad no es posible sin la existencia de claras reglas de juego que garanticen los intereses de la colectividad. La legitimidad, por su parte, requiere del consenso de los ciudadanos para que el “monopolio legítimo de la fuerza” garantice la solución pacífica de los, siempre presentes, conflictos sociales. El Congreso debe estimular y garantizar un “nuevo acuerdo general”, es decir, un pacto político-institucional que establezca con claridad las reglas del juego político que hoy requerimos. Nuevas reglas que sean de todos y que valgan para todos. Hacer juntos las reglas del juego político, es en lo que actualmente consiste la democracia.


26 marzo 2013

AMINA TYLER: "MI CUERPO ES MÍO Y DE NADIE MÁS"

AMINA TYLER, JOVEN DE 19 AÑOS FUE CONDENADA A MUERTE EN TÚNEZ POR UN CLÉRIGO MUSULMÁN, QUIEN ORDENÓ SU LAPIDACIÓN A TRAVÉS DE UNA FATWA

EL MOTIVO: ESTA FOTOGRAFIA EN DONDE DEFIENDE LOS DERECHOS DE LA MUJER




LA LEYENDA EN ARABE DICE: "MI CUERPO ES MÍO Y DE NADIE MÁS"




FATWA


En el mundo musulmán, la Fatwa es una condena a muerte por motivos religiosos. Ha sido dictada contra distintos intelectuales, como el escritor británico Salman Rushdie autor de "Los Versos Satánicos" cuya publicación en 1988 provocó la ira de los intolerantes. Un libro que fue prohibido en la India, Sudáfrica, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladesh, Sudán, Malasia, Indonesia y Qatar. El 14 de febrero de 1989, un edicto religioso o "Fatwa", instando a su ejecución fue leído en Radio Teherán por el ayatolá Ruhollah Jomeini, líder religioso en Irán. El edicto acusaba al libro de blasfemo contra el Islam. Jomeini ofreció una recompensa de 3 millones de dólares por la muerte de Rushdie.


21 marzo 2013

RAÍCES DEL ODIO: DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA



APARTHEID


Hace 53 años, el 21 de marzo de 1960, ocurrió la matanza de Sharpeville, en Sudáfrica, cuando la policía abrió fuego contra una manifestación pacífica en oposición al régimen político de segregación racial conocido como “apartheid”, dejando un saldo de 69 personas muertas, incluyendo mujeres y niños, así como 180 heridos. Días después, el gobierno racista declaró estado de emergencia y fueron detenidas 11,727 personas. Como resultado de esta persecución, el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricano, que eran las más importantes organizaciones defensoras de la población negra en ese momento, fueron prohibidas y sus miembros obligados a pasar a la clandestinidad o al exilio. A la matanza de Sharpelville le sucedió una oleada de protestas en todo el mundo, incluida la condena de las Naciones Unidas. Esta situación de discriminación racial provocó que Sudáfrica quedara aislada de la comunidad internacional durante 30 años. En el idioma “afrikaans”, apartheid significa, literalmente, “separación” que asigna tareas y responsabilidades en función del color de la piel de las personas. El apartheid fue uno de los casos más significativos de discriminación en la historia contemporánea, por el grado de institucionalización que logró alcanzar el racismo en ese sistema político. La minoría racista que se adueñó del poder hizo del apartheid una política de Estado, alegando la necesidad del dominio y del control sobre “las razas no blancas que se encuentran en un nivel más bajo de civilización”, pretendiendo justificar el desarrollo separado como un medio eficaz para evitar tensiones y conflictos. El apartheid representó una forma de organización económica, política y social basada en una distinción racial que fue diseñada específicamente para mantener la supremacía de un pequeño grupo sobre el resto de la población. Para no olvidar esta masacre y al tipo de régimen político que la hizo posible, la ONU proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Dicha tragedia marcó un hito importante en la lucha contra el racismo, pero esta lucha aún no ha terminado. Después de más de medio siglo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas asociadas de intolerancia continúan siendo problemas extremadamente serios en nuestras sociedades.



El racismo aparece en sus orígenes como una formulación “naturalista” que considera las características biológicas de los grupos humanos y sus rasgos fisonómicos, como si expresaran alguna cualidad espiritual o cultural específica de las personas. El racismo provoca distinciones y exclusiones que anulan el ejercicio de los derechos humanos en las distintas esferas de la vida pública. Se ha llegado, incluso, a teorizar una “pigmentocracia” que clasifica a los individuos, formula jerarquizaciones y construcciones sociales de acuerdo con la pigmentación de la piel, produciendo asignaciones distintas en función del linaje. Claro está que en los seres humanos, a diferencia de otras especies, la adaptación no es sólo biológica sino también cultural. A lo largo de su historia la especie humana se ha convertido, desde el punto de vista biológico, en un grupo que presenta múltiples biotipos o variedades perfectamente distinguibles a simple vista, ya sea por el color del cabello, los ojos, o por la estructura corporal, la estatura o el peso. Los humanos no somos los únicos seres que presentamos tal diversidad, como ejemplo, es posible mencionar la enorme variedad en las razas de perros o caballos. Sin embargo, es sólo en el caso humano donde tales diferencias se han utilizado para establecer categorías sociales y políticas, de superioridad e inferioridad, de inclusión y exclusión, que se han tratado de justificar en varias épocas y momentos históricos desde el esclavismo, la encomienda, el exterminio, el holocausto y más recientemente, las limpiezas étnicas.



La intolerancia como comportamiento, expresión o actitud que viola los derechos del otro o incita a violarlos o negarlos, marcó al siglo XX, el “siglo del odio”, y amenaza con dejar su marca indeleble en el siglo XXI. La intolerancia comienza con la estigmatización del otro, la difamación, la marginación, la privación de derechos y la discriminación en su condición de ciudadano, y culmina con la persecución, el ataque físico, la agresión, el asesinato, la matanza y el exterminio. Así, observamos la siguiente paradoja: por un lado, nuestras sociedades requieren urgentemente de una pedagogía de la tolerancia que permita proyectarla como una cultura cívica, como una “educación para la democracia”, como un valor político que debe enseñarse y radicarse culturalmente entre las personas, mientras que, por el otro lado, la intolerancia forma parte de la misma naturaleza humana dando vida al “Homo Impatientes”, ese ser violento, agresivo y dogmático que todos llevamos dentro y que despierta de su letargo a la primera provocación. Por tal razón, el derecho humano a la no discriminación constituye el concepto clave para establecer un nuevo marco ético de convivencia en un mundo convulsionado por las nuevas intolerancias, la violencia, la guerra y el caos.




15 marzo 2013

GÜNTER GRASS: LA OSADÍA DE DECIR

Por publicar su poema “Lo que hay que decir” el escritor alemán y Premio Nobel de Literatura 1999, Günter Grass, ha sido declarado por el gobierno de Israel “persona non grata”.


Autor de obras maestras de la literatura universal como “El tambor de hojalata” o “Años de perro”, la producción intelectual de Günter Grass es muy amplia e incluye novelas, teatro, poesía, ensayos, escritos autobiográficos, e incluso dibujos y esculturas. Lo que le ha valido otros importantes reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Además de sus compromisos en el campo del arte y la cultura, también destaca en el de la política democrática y la defensa de los derechos humanos. Declarar “persona non grata” a Günter Grass ha sido la dura respuesta de Eli Yishai Ministro del Interior del Estado hebreo, perteneciente a la ultraderecha religiosa de su país. A las acusaciones contra Günter Grass, intelectual y símbolo de la vida literaria y civil de Europa, pero también del mundo, se han sumado el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el Ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman quienes lo señalan como un ejemplo “del egoísmo de los pseudo-intelectuales occidentales dispuestos a sacrificar por segunda vez al pueblo judío en el altar del antisemitismo solo para vender algunos libros más”. La institución de la “declaración de persona non grata” forma parte del derecho diplomático positivo y se aplica a personas cuya presencia en el país no es aceptable por lo que se les impide el ingreso o se les expulsa.





 



 








La decisión de declarar “persona non grata” a pensadores críticos no es nueva, resulta una constante que otros intelectuales han padecido, como José Saramago, también Premio Nobel de Literatura 1988 quien afirmó que “Palestina es como Auschwitz” al criticar la hipocresía de Occidente sobre los excesos perpetrados por Israel en contra del pueblo palestino. También fue el caso de algunos intelectuales norteamericanos de origen hebreo como el lingüista, filósofo y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Noam Chomsky, o el politólogo experto en asuntos sobre judaísmo, Norman Finkelstein egresado de la Universidad de Princeton, quienes han sido objeto de dicha sanción en el pasado por sus opiniones y escritos polémicos en torno al país hebreo. Al poeta Günter Grass se le acusa de atentar contra el Estado de Israel por la publicación de su poema en diarios de diferentes países criticando a Alemania por vender armas y submarinos atómicos al gobierno judío y por considerar la política bélica de ocupación como un peligro para la paz mundial. En el mismo poema se declara amigo del pueblo y del Estado judío. Lo sorprendente de la reacción de los gobernantes de Israel es que nunca antes se había observado una condena tan dura en contra de un intelectual acusándolo de nazista por el hecho de haber sido obligado a formar parte a los 17 años, como otros millones de jóvenes, del ejército nazi en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Günter Grass ha respondido que su deseo era censurar a través de la poesía la política del actual gobierno hebreo y de ninguna manera al pueblo de Israel. Incluso el escritor israelita Abraham Yehoshua, crítico en relación con Grass, excluye que las opiniones del escritor alemán puedan ser calificadas de antisemitas.




 






 





Aunque el Premio Nobel de Literatura no necesita defensa, muchos intelectuales han manifestado su apoyo, algunos de ellos perseguidos por fundamentalismos de otro tipo como Salman Rushdie prófugo de una condena a muerte por su obra “Los Versos Satánicos”, otros de la talla de Mario Vargas Llosa también han expresado su defensa del escritor y con ello de la libertad de expresión.


No se puede olvidar y ni siquiera perdonar el genocidio cometido contra los seis millones de hebreos asesinados en los campos de exterminio nazi.

La Sho'ah representa la imagen de una civilización que "traicionó a sus dioses y erigió campos de exterminio como si fueran templos". La Sho'ah o el Yom Hashoá se conmemora el próximo 19 de abril, aniversario del Levantamiento del Ghetto de Varsovia en 1943. Esta sería una magnífica oportunidad para que la comunidad judía reconsidere, junto con sus dirigentes, las acciones que se aplican contra la cultura y la libertad de pensamiento. Muchos entre ellos consideran que por la gravedad de los crímenes cometidos contra los judíos no es admisible crítica alguna en contra de Israel.

Pero esta es la mejor forma de aislar al pueblo hebreo.

















La judeofobia y el neonazismo se combaten con apertura y diálogo democrático, y con una incesante búsqueda de la paz. Todos nos encontramos en deuda con el enorme legado de la cultura hebrea. Defenderla es preservar la tolerancia, la libertad de crítica y de opinión.



Por ello, afirmo: Günter Grass, por romper los tabúes y decir lo que es necesario decir, te consideramos persona muy grata.


14 marzo 2013

DIMENSIÓN URBANA DE LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA



Hoy 14 de marzo 2013 se cumplen los primeros 100 días de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con una aprobación de los capitalinos del 57% a este tramo de su gestión. En las elecciones del primero de julio de 2012 tuvo un triunfo tan holgado, que en su campaña no requirió ni de la presencia, ni del apoyo, de López Obrador o de Marcelo Ebrard. Este último obtuvo en las elecciones de 2006 poco más de 2.2 millones de votos que representaron el 46.3% del total, mientras que Mancera ganó abrumadoramente, obteniendo casi un millón más de sufragios que su antecesor. Siendo candidato de la izquierda recibió poco más de 3 millones de votos, equivalentes al 63.5% de la votación.




Mancera representa, en la Ciudad de México, una voz nueva y una imagen pública ciudadana alejada de las formas tradicionales de hacer política. En su primer día de gobierno delineó 40 compromisos articulados en torno a programas sociales, seguridad pública, escuelas de tiempo completo, internet gratuito, transporte y movilidad urbana eficientes, así como simplificación de trámites y servicios en todo el gobierno. Pero quizá uno de sus principales aciertos, en este corto período al frente de la administración pública capitalina, ha sido la creación de la Agencia de Gestión Urbana, a partir de la cual se pretende dar consistencia práctica a su principal proyecto político para la ciudad, sintetizado en la frase: Decidamos Juntos. El establecimiento de este órgano desconcentrado constituye una importante transformación de las modalidades, tiempos, contenidos y formas de administrar y proveer los servicios públicos en el Distrito Federal. Representaría una nueva forma de gestión pública orientada a producir importantes instrumentos de legitimación y reorientación de las políticas de gestión del territorio. Ahora el City Manager tiene el enorme desafío de concretar iniciativas participativas para hacer realidad la cercanía con los ciudadanos.


La participación ciudadana es un método para conocer las exigencias de la gente, para cooperar en la gestión de los servicios y para hacer posible la creatividad social. Los habitantes de la ciudad nos encontramos cada vez más desligados de nuestro entorno, incapaces de entender, arreglar y transformar, aceptando lo que se nos presenta como incontestable porque no somos conscientes de la complejidad de los procesos, causas y consecuencias que implica cada decisión. El espacio público ha dejado de ser un lugar para el encuentro y se ha convertido en un espacio marginal, diseñado conforme a los requerimientos privados. Impera un modelo de ciudad en el que prevalece el interés económico, con un ocio limitado basado primordialmente en el consumo, ligado a la movilidad motorizada y que da como resultado un espacio público carente de calidad ambiental. En este problemático contexto, el mandato electoral que recibió el Jefe de Gobierno se encuentra estrechamente articulado con la idea de la participación ciudadana. Decidir juntos quiere decir socializar la toma de decisiones. En nuestras sociedades masificadas y complejas, el ejercicio real del poder ciudadano pasa necesariamente por diversos mecanismos de consulta y democracia directa.






Es necesario romper los vínculos feudales de dependencia, a la larga paralizantes, de la acción de gobierno respecto de los grupos políticos. La integración de un gabinete alejado de las tribus perredistas, sin cuotas de poder y con mayor autonomía para gobernar ha sido otra característica de este periodo. La Ciudad de México requiere de una izquierda renovada, moderna y democrática que acepte todas las críticas y que no se encierre en su mundo, sino que se abra lo más posible a la sociedad civil. El Jefe de Gobierno sabe que el gran apoyo ciudadano que respalda su gestión representa, también, una oportunidad para modernizar al PRD en su principal bastión político, para dejar de ser un partido clientelar y convertirse en una organización en perfecta sintonía con sus electores. En esta ruta se encuentra la necesidad de otorgar a la capital del país de una Constitución Política propia que establezca nuevas instituciones, reglas y garantías para el conjunto de los actores que aspiran a gobernarla. El Distrito Federal siempre ha sido una entidad con características específicas dado que no forma parte de los 31 estados a pesar de que es parte integrante de la Federación. No cuenta con el mismo régimen jurídico porque nuestra norma suprema sigue conservando disposiciones que otorgan facultades de carácter local a órganos federales. La reforma política para el Distrito Federal debe ser una prioridad. Debido a la magnitud de los problemas que enfrenta la ciudad, impulsar el proceso de democratización significa hacerlo no solamente en torno a su sistema de gobierno, sino también en función de las diversas formas de participación como instancias de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. Es necesario disminuir la distancia entre gobernantes y ciudadanos, creando espacios deliberativos y participativos para mejorar la calidad de la democracia en la capital del país.



07 marzo 2013

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: IMPUNIDAD CRECIENTE


Mañana 8 de marzo se celebra el “Día Internacional de la Mujer” cuya primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, para reclamar respeto por sus derechos humanos. Han pasado poco más de cien años y la violenta realidad aún se impone a nivel planetario: el 40% de las mujeres sufre algún tipo de violencia en sus vidas, y se calcula que, actualmente, 600 millones de mujeres viven en países en donde la violencia doméstica no es un crimen. La violencia que es física, psíquica, sexual y económica, acontece en las relaciones de pareja y en la familia, y frecuentemente, termina en suicidio o feminicidio. Las mujeres son el grupo mayoritario por excelencia ya que constituye el 52% de la población mundial, y no obstante, representa uno de los sectores sociales mayormente violentados. Justo ahora, la ONU está tratando de consensar, para la próxima semana cuando concluirá la 57 sesión de su Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, una declaración que sirva como instrumento para avanzar en la prevención de todas las formas de violencia de género. Sin embargo, países como Irán o Rusia han manifestado su desacuerdo con la afirmación de que: “la religión, las costumbres y las tradiciones no deben ser una excusa para que los gobiernos respondan a la obligación de eliminar la violencia contra las mujeres”. Es necesario reiterar, una y otra vez, que la violencia contra las mujeres es una cuestión de derechos humanos, y que no tiene nada que ver con la cultura, la religión, las costumbres o las tradiciones.



En la India es asesinada una mujer cada 90 minutos, en Guatemala dos mujeres son asesinadas diariamente en promedio, en Sudáfrica una mujer es asesinada cada 6 horas por su pareja, y qué decir de los feminicidios en México que van escandalosamente en aumento. En Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Sonora es en donde, sobre todo a partir de 2008, se aprecia un notable incremento de hechos violentos contra las mujeres. En nuestro país dos de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. De acuerdo con el “Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres”, presentado en el Senado de la República hace unos días, y que fue elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el riesgo de muerte por homicidio se incrementó en estas entidades entre un 200 y un 400 por ciento en los últimos años. Al mismo tiempo, los fallecimientos de mujeres por golpes se incrementaron de 8.2 a 18.7 por ciento.


La igualdad de género es muy difícil de lograr en nuestras sociedades porque siguen existiendo niveles inadmisibles de violencia contra las mujeres. Históricamente, su situación ha sido de un gran rezago en los diferentes espacios de la vida social, además de que padecen una amplia gama de discriminaciones que van desde la indiferencia, el rechazo y el desprecio, hasta el sexismo y la misoginia. Las mujeres son víctimas de múltiples prejuicios, estigmas y estereotipos como formas de dominación en las sociedades patriarcales. Es un fenómeno esencialmente antidemocrático porque vulnera los principios de solidaridad, equidad e inclusión produciendo barreras sociales y privilegios en base al sexo.


La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico y mental. La violencia contra las mujeres presenta distintas manifestaciones e incluye actos que causan sufrimiento, daño, chantajes, amenazas, coerción y privaciones de su libertad. La violencia de género es un problema que puede incluir asaltos o violaciones sexuales, prostitución forzada, explotación laboral, el aborto selectivo en función del sexo, infanticidio femenino, tráfico de personas, y violaciones sexuales durante períodos de guerra, entre otros. Quizá uno de los campos en donde la desigualdad humana se manifiesta prepotentemente es en la relación entre los géneros, y tiene que ver con el conjunto de características psicológicas, políticas, económicas, sociales y culturales asignadas a los sujetos según su sexo biológico. Lo anterior significa que lo que es válido y obligatorio para ellos, es inaceptable y prohibido para ellas y viceversa. De esta manera, se crea y reproduce la primera y más profunda de las desigualdades entre las personas representada por la inequidad de género, en la que confluyen todas las desigualdades sociales. La ONU sostiene que la comunidad mundial tiene a su disposición recursos, conocimientos y tecnologías con las que es posible fomentar el desarrollo humano a condición de que se promueva la equidad de género. Los mexicanos debemos reconocer como principios fundamentales la igualdad entre los sexos y los derechos de la mujer, así como castigar cualquier tipo de violencia en su contra.


06 marzo 2013

VENEZUELA: UN PAÍS SIN PRESIDENTE


De acuerdo con la Constitución, el pasado 10 de enero Hugo Chávez debió tomar posesión como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, hasta la fecha esto no ha ocurrido. Sin importar la ideología, los actores políticos frecuentemente olvidan que la solemnidad y la forma son componentes imprescindibles de todo acto jurídico en cualquier Estado democrático de derecho. La reelección es un mecanismo contemplado por el máximo ordenamiento legal de ese país, que fija una fecha precisa para la toma del cargo y sin este acto jurídico no se puede ejercer legalmente el poder político. La legitimidad de los gobernantes proviene tanto de la voluntad popular como del respeto a la legalidad. No hay ningún artículo constitucional que hable de continuidad, pero si hay un artículo, el 231, que establece: “El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”. Este artículo ofrece la posibilidad de modificar el lugar en caso de una contingencia, pero no para la fecha. Lugar y fecha no son dos aspectos independientes, sino uno solo que establece con precisión cuándo y dónde deberá tomar posesión el Presidente electo: ¿cuándo? el 10 de enero; ¿dónde? en la Asamblea Nacional, o frente a eventualidades, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Aplazando indefinidamente la toma de protesta de Chávez, el Tribunal abdicó a su función de control de la constitucionalidad. Bajo la tesis de la “continuidad administrativa del gobierno”, y ante la ausencia del Presidente quien se encuentra hospitalizado en Cuba desde hace más de un mes, también la Asamblea Nacional tomó la decisión de postergar su juramento hasta que el propio mandatario “de constancia del cese de los motivos sobrevenidos” que forzaron su ausencia. Se afirma que, dado que el Presidente electo es el mismo Presidente saliente, no hace falta un acto protocolario como la juramentación y, por lo tanto, Chávez es automáticamente el Presidente en ejercicio. Así mismo, estableció que el vicepresidente, ministros y demás integrantes del actual Poder Ejecutivo seguirán en el cumplimiento cabal de sus funciones. De esta forma, se produjo una cobertura jurídica a la extensión “de facto” que las autoridades han dado a sus propios cargos.


Sobre la autonomía del Poder Judicial en Venezuela, la organización de derechos humanos Human Rights Watch afirma que con Chávez inició un proceso de subordinación de la magistratura. En 1999 la Asamblea Nacional, al redactar la nueva Constitución, declaró que el Poder Judicial se encontraba en estado de emergencia por lo que creó una comisión para reformarlo que provocó la destitución de cientos de jueces. En 2000 se integró un nuevo Tribunal Supremo de Justicia con 20 magistrados entre aliados y opositores de Chávez con un relativo equilibrio de fuerzas. Pero en 2002 Chávez sufrió un intento de golpe de Estado, y con ese pretexto, desarmó nuevamente los controles constitucionales para restar influencia al Poder Judicial. En 2004 se aprobó otra reforma que incorporó a 12 jueces chavistas, con lo que obtuvo mayoría para convertir al Tribunal en un apéndice del Ejecutivo.


La oposición denuncia esta interpretación de la Constitución como una usurpación de funciones y de la voluntad popular. Agrupada en la Mesa de Unidad Democrática dirigió una carta al titular de la Organización de los Estados Americanos presentando sus argumentos legales sobre “la violación de la Constitución”. La OEA señaló que respeta la decisión tomada por los poderes constitucionales de ese país, lo que fue calificado como impertinente, irrespetuoso e indebido. En este contexto, Brasil, Colombia y EU anunciaron que apoyarían nuevas elecciones en 30 días si Chávez fallece, lo que “garantizaría una transición democrática y pacífica”. Otro factor es el papel que desempeñará el régimen cubano ante una eventual sucesión en Venezuela, en donde tiene 50 mil operadores que actúan en las misiones de asistencia social, apoyo que es correspondido por el gobierno con envíos subsidiados de 100 mil barriles diarios de petróleo. Es de esperarse que en esta coyuntura internacional el gobierno mexicano pugne por un respeto a la legalidad. Hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre el llamado hecho por la oposición para que intervenga por el aplazamiento de la asunción del Presidente Chávez. Mal haríamos como país si mantenemos los postulados del pasado, según los cuales, la mejor política exterior es la que no existe. A la luz de lo que se observa en Venezuela, debemos recordar al gran jurista Luigi Ferrajoli, quien considera que la democracia constitucional requiere del respeto de la legalidad en cuanto condicionante de la validez y eficacia de los actos que prevé la misma ley. La democracia es, ante todo, un “Estado legal”.


03 marzo 2013

MAQUIAVELO, 500 AÑOS DESPUÉS























El nuevo escenario mexicano exige una alta dosis de realismo político, por lo que no existe mejor manera de iniciar este año 2013, que recordando a Nicolás Maquiavelo, quien hace exactamente 500 años concibió un libro que cambió la historia del pensamiento político. En 1513 escribió “El Príncipe” como un tratado de doctrina política en el cual expuso las características de los principados y los métodos para mantenerlos o conquistarlos. Nicolás Maquiavelo, introduce la palabra Estado, para indicar lo que los griegos llamaron Polis y los romanos Res-publica. Con Maquiavelo la política se convierte en una técnica –y en un “arte”- para la conquista y el mantenimiento del poder, un poder que debe ser, al mismo tiempo, fuerte, estable y duradero, y que está representado por el Príncipe, y más precisamente, por el Estado. Maquiavelo sostiene que la mayor virtud del gobernante es garantizar la paz a través de un poder centralizado para conservar su propia posición y el bienestar de sus súbditos. En su obra ofrece consejos a los gobernantes para tener un Estado seguro, y a los ciudadanos, para tener un Estado libre.

















 


La noción de política en Maquiavelo fue determinante para comprender las nuevas claves de la modernidad. Los alcances de su contenido inauguraron toda una tradición de pensamiento fundada en el realismo político y la Razón de Estado. Maquiavelo fue uno de los más grandes visionarios de su tiempo y su sabiduría política ha llegado hasta nuestros días. El contenido central de sus trabajos fue por mucho tiempo incomprendido: a su realismo político, a todas luces producto de su época, pero fundamental en la formación de la fama que hasta hoy mantiene de despiadado y pragmático, habría que sumar la otra cara de la moneda, es decir, sus escritos sobre el republicanismo y las virtudes cívicas. Introduce los conceptos de virtud, fortuna y Estado, y aborda el estudio de la política desde la perspectiva de la objetividad histórica, realizando comparaciones entre la comunidad italiana de su tiempo con la antigua República Romana.




Maquiavelo lleva a cabo una clasificación de los gobiernos: primero, los que se heredan y se transforman en poder despótico; segundo, la República en donde el poder reside en la voluntad jurídica; tercero, el aristocrático que es un gobierno colegiado y restringido; cuarto, el democrático representado por el poder de la asamblea; y finalmente, una combinación entre las diferentes formas, que denomina gobierno mixto. De acuerdo con el pensador florentino, el único modo a través del cual una comunidad puede renovarse, y de este modo escapar a la decadencia y a la ruina, es el de regresar a los orígenes, es decir, a los principios fundadores de la comunidad. Pero este regreso exige que los orígenes históricos y las condiciones materiales en que el poder actúa sean claramente reconocidos y entendidos. Por un lado, se dirige a la historia buscando verla en su objetividad y en su fundamento permanente, que es la sustancia inmutable de la naturaleza humana; y por el otro, se dirige a la realidad política que lo circunda y a la consideración de la vida asociada en su verdad efectiva, renunciando a Repúblicas ideales que “nunca se han visto o conocido”.


Para Maquiavelo, el límite de la actividad política se encuentra en su propia naturaleza. La tarea política no tiene necesidad de derivar del exterior su moralidad, es decir, la norma que la justifica y le impone límites. La actividad política se justifica por sí misma, a través de la exigencia que la caracteriza para conducir a las personas hacia una forma ordenada y libre de convivencia, y encuentra su único límite en las posibilidades de éxito de los medios adoptados.



Maquiavelo no olvida que ciertos medios extremos y repugnantes son antipolíticos, porque, al final, se dirigen contra quien los adopta y hacen imposible el mantenimiento del Estado. Pero aún así, el dominio de la acción política se extiende a todo aquello que ofrece la garantía de éxito, que es la estabilidad y el orden de la comunidad política.