AUSCHWITZ: LA FÁBRICA DE LA MUERTE

“Cancelar el pasado es el primer paso hacia el autoritarismo”, afirma con justa razón el sociólogo italiano Franco Ferrarotti. Mañana se cumplirá medio siglo del mayor juicio por genocidio de la moderna historia judicial. Fue la primera vez que los alemanes se enfrentaron al horror del Holocausto, ya que en los Juicios de Núremberg celebrados a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial habían sido los aliados quienes habían sentado en el banquillo de los acusados a los criminales nazis. Ahora era la justicia alemana la que entraba en acción. A partir del 20 de diciembre de 1963 y hasta el 10 de agosto de 1965, un tribunal procesó en Fráncfort a una veintena de mandos del campo de exterminio de Auschwitz. El juicio cristalizó el esfuerzo de castigar a los responsables de la barbarie y también, de impulsar desde la justicia la regeneración moral de la sociedad. Doscientos once sobrevivientes del temido campo de Auschwitz acudieron al llamado del fiscal Fritz Bauer para dar fe de lo ocurrido. El resultado fue la condena de 22 criminales a cadena perpetua y a otras penas menores, pero el significado mayor de este juicio fue sobre todo simbólico al reconocerse que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La fábrica de la muerte llamada Auschwitz pasó a la historia como un emblema del odio y del racismo entre las personas.

Aunque existieron numerosos campos de concentración, reclusión y exterminio en contra del pueblo judío por parte del régimen nazi, destaca por sus atrocidades Auschwitz-Birkenau, establecido en 1940 y en donde los muertos fueron casi 2 millones, que se sumaron a los 4 millones que fueron asesinados en otros campos de la muerte. En total un tercio de todos judíos existentes en ese momento a nivel mundial fueron eliminados. A partir de 1942 Auschwitz representó el más grande campo de exterminio nazista en toda Europa. Aquellos que lograban evitar las cámaras de gas eran utilizados como fuerza de trabajo esclavo en las fábricas que la industria de guerra había instalado en ese lugar. Los sobrevivientes fueron liberados por los rusos el 27 de enero de 1945 y de acuerdo con testimonios directos, las condiciones de vida en estos campos eran extremadamente difíciles para los prisioneros. De aquí la necesidad de una pedagogía de la memoria -o mejor dicho, de una tiranía de la memoria- que no permite perdonar y que marcó a nuestras generaciones en modo definitivo y para siempre.

Comúnmente se piensa que los campos de concentración fueron iguales, lo cual es falso. Se distinguen por sus funciones, objetivos y estructuras, por lo que pueden identificarse campos de concentración o internamiento, de exterminio, de tránsito, de trabajos forzados, de reeducación política, para la expansión colonial, de detención, de castigo y de seguridad. La privación de la libertad, la arbitrariedad, el terror, la crueldad, los horrores, la deportación, el trabajo obligatorio, la explotación, el asesinato masivo, el genocidio y las fosas comunes, son todas caras de la misma moneda. Los campos de concentración se distinguen de las prisiones porque sus internos no han sido condenados por un delito tras un juicio apegado a una cierta normatividad, sino que, por el contrario, han sido arrestados por decreto u orden militar sin auto de procesamiento y en virtud de su pertenencia o simpatías con determinados grupos políticos, étnicos, religiosos o ideológicos. Los campos de concentración aparecen como un instrumento de dominación y muerte bajo la administración centralizada del Estado. Son un refinado producto de la modernidad que se caracteriza por el uso planificado y científico del terror.

El ascenso de Hitler evidenció varios tipos de antisemitismo, así como distintos niveles de virulencia en la animadversión y el odio hacia los judíos. El nazismo retomó estas posiciones transformándolas en un programa político de persecución y genocidio sistemático promovido desde las instituciones del Estado. Con el final del conflicto armado el mundo conoció detalladamente sobre el exterminio de los hebreos y la persecución que sufrieron los gitanos, armenios, homosexuales, minusválidos, comunistas y en general, de todos aquellos que un grupo que se consideraba “superior” había señalado como “inferiores”. Sin embargo, a pesar de Auschwitz, el racismo no ha declinado, sino que se ha reinventado, y aparece nuevamente desviándose de sus formulaciones más elementales para hacerse más sutil, imperceptible, cultural y «diferencialista», al decir de los expertos. Después del Holocausto la conciencia universal no ha sabido impedir otras formas de barbarie demasiado próximas a nosotros en Camboya, América Central, la ex-Yugoslavia, Timor Oriental, Ruanda, Sudán, Afganistán o Siria. Con pesimismo constatamos que a pesar del progreso económico, el aumento impresionante de la producción, el crecimiento, el desarrollo científico y tecnológico que hemos logrado, nuestro planeta aún continúa a ser el teatro de grandes injusticias y persecuciones que debemos evitar, y de aquí la importancia de la obligación ética de la memoria.

UNA LEY PARA LOS PARTIDOS

La reforma política recientemente aprobada, estableció modificar el artículo 73 de la Constitución para “expedir las leyes generales que distribuyan las competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales”, fijando como fecha límite para estos propósitos el próximo 30 de junio de 2014. En este contexto, es necesario resaltar la importancia que tiene una ley de partidos para nuestro proceso de transformaciones políticas. Una ley que limite la opacidad, la carencia de democracia interna y la escasa transparencia en el manejo de los recursos públicos. Una ley de partidos para “democratizar a los democratizadores”, a través de una intervención legislativa que permita ampliar los espacios de la democracia interna, respetar los derechos de la militancia, fortalecer la cultura de la legalidad en sus procedimientos, estableciendo mecanismos eficaces de justicia intrapartidista, así como de rendición de cuentas. En el momento actual, una ley de partidos políticos podría contribuir a estos objetivos estableciendo claramente tanto los derechos y obligaciones de los militantes, como la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia interna. De esta manera, se contribuiría a la consolidación de los procedimientos democráticos para la integración de sus órganos directivos y la postulación de sus candidatos, así como de los mecanismos para garantizar el acceso directo a la información de los partidos políticos y sus obligaciones en materia de transparencia.

Los partidos se caracterizan por un elemento común y esencial, representado por la búsqueda del poder. Son una proyección representativa del conjunto de la comunidad política de la cual permiten su libre expresión, sometiéndose competitivamente a recurrentes pruebas electorales. Su aparición como actor de la democracia, fue un elemento indispensable para el funcionamiento de los modernos regímenes políticos. Desde Moisey Ostrogorski y “La democracia y los partidos políticos” de 1902, hasta Angelo Panebianco y sus “Modelos de partido” de 1993, en todos los casos, el partido político aparece como una respuesta organizativa al desarrollo de la competencia electoral. Los antiguos partidos de notables y poco estructurados que existían en el pasado, hoy representan pujantes agrupaciones que se caracterizan por la presencia de un personal político profesional y de tiempo completo. Los partidos pertenecen a la “instrumentalidad” de la representación democrática por el importante papel que desempeñan en la intermediación entre los ciudadanos y el Estado. Además de que representan un medio eficaz a través del cual la sociedad manifiesta sus demandas a quienes tomas las decisiones políticas. Esto ha permitido su desarrollo como una de las principales instituciones de la democracia. El termómetro del cambio en las sociedades contemporáneas, lo determina la confrontación política que se sustenta en el sistema de partidos, los cuales no sólo representan la conflictualidad social latente, sino que también desempeñan un importante papel en términos de gobernabilidad y cohesión política de la población. Las continuas reformas que han intervenido a nuestro sistema electoral, permiten sostener que ya no es el viejo sistema hegemónico que Giovanni Sartori caracterizó a principios de los años setenta del siglo pasado, sino que actualmente aparece en la perspectiva de un régimen fundado en el pluralismo organizativo. Para fortuna de México, la rotación pacífica en el poder entre los distintos grupos que integran nuestra vida política se encuentra indisolublemente vinculada a los procesos electorales.

México ha escogido el camino de las urnas para promover el cambio político. Dado que un sistema de partidos democrático solo puede ser resultado de la competencia electoral entre diversas opciones políticas, los partidos deben consolidarse a través del perfeccionamiento de los procesos electorales. Este componente reformista ha sido típico de nuestro sistema político y representa el elemento distintivo de la estabilidad que hemos conocido en las últimas décadas. Se ha desarrollado un sistema en donde los partidos aparecen como organizaciones unificadoras de las tendencias centrífugas que caracterizan a la clase política y, al mismo tiempo, como organizaciones estructuradoras del voto que muestran versatilidad y capacidad de inclusión, difícil de encontrar en otras agrupaciones. Esta capacidad incluyente aparece tanto en la representación política como en la agregación de los intereses sociales. En este sentido, los partidos deben atender el enorme consenso ciudadano en torno a las obligaciones democráticas de los partidos. La reciente reforma electoral promueve una ley de partidos políticos, complementaria al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que resulta necesaria en el actual contexto de grandes transformaciones. Esperamos que se apruebe una ley de partidos que establezca los mecanismos adecuados para que las agrupaciones y las organizaciones partidistas rindan cuentas públicas de su quehacer cotidiano y del uso de los recursos públicos que les son asignados, y que al mismo tiempo, facilite, promueva y amplíe los procesos de democratización al interior de los partidos, garantizando los derechos de sus militantes y candidatos como una parte sustantiva, que no se había abordado, de nuestro proceso de cambio político.

LA SOCIEDAD DE LOS CIUDADANOS

El 10 de diciembre se conmemoran 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que debemos recordar la importancia que tienen para el orden democrático. Sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia, y sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos. Esto era claro en 1948 cuando la Asamblea General de la ONU formuló dicha Proclamación, pero era ya bastante evidente el 4 de julio de 1776 cuando Thomas Jefferson escribía en la Declaración de Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica del Imperio Británico: “nosotros consideramos como incontestables y evidentes por sí mismas, las siguientes verdades: que todos los individuos han sido creados iguales, que ellos han sido dotados de ciertos derechos inalienables; y que entre estos derechos ocupan el primer lugar: la vida, la libertad y la búsqueda del bienestar; y que para asegurarse el goce de estos derechos, han establecido entre ellos gobiernos cuya justa autoridad emana del consenso de los gobernantes”. Es justamente la línea de continuidad entre dichas Declaraciones -sin dejar fuera la de los Derechos del Hombre y del Ciudadano producto de la Revolución Francesa de 1789- la que da vida a la democracia moderna. La democracia es la sociedad de los ciudadanos y los súbditos sólo se convierten en ciudadanos cuando les son reconocidos sus derechos fundamentales. Aunque el ciudadano hizo su aparición histórica en la antigua Grecia, la idea de los derechos humanos, como inalienable y originaria atribución de la persona, es una conquista de los tiempos modernos. La afirmación de los derechos humanos deriva de un cambio radical de perspectiva que es impuesto por la modernidad. Esta transformación aparece cuando se pasa de otorgar la prioridad a los deberes de los súbditos, a la prioridad de los derechos de los ciudadanos.

El maestro Norberto Bobbio recuerda que los derechos humanos siguen un itinerario histórico que va desde su proclamación hasta su inclusión en las leyes, teniendo como fin, su plena realización. La transformación de la relación soberano-súbdito por la de estado-ciudadano, es provocada por las guerras de religión que se producen al inicio de la edad moderna y a través de las cuales, se afirma el derecho de resistencia a la opresión, lo que presupone un derecho todavía más sustancial y originario que es el derecho del individuo aislado a no ser oprimido, es decir, el derecho a gozar de ciertas libertades que son fundamentales porque son naturales, y son naturales porque pertenecen a la persona en cuanto tal, y no dependen del beneplácito del soberano, siendo la principal la libertad de pensamiento. En efecto, los derechos del ciudadano son, sobre todo, derechos de libertad. Cada derecho de libertad representa una afirmación contra el abuso del poder. Los derechos humanos son también derechos históricos dado que nacen gradualmente, y no todos de una vez y para siempre. Esto porque se han dado de modo secuencial: en el siglo XVIII los derechos civiles, en el XIX los derechos políticos y en el siglo XX los derechos sociales. En el siglo XXI tenemos el compromiso de pensar y actuar en favor de los derechos colectivos, del medio ambiente y de los animales.

Los derechos humanos nacen en determinadas circunstancias históricas caracterizadas por la lucha y la defensa de nuevas libertades y en contra de los viejos privilegios. El carácter distintivo del ciudadano moderno está en el reconocimiento del valor absoluto y universal de sus derechos, los cuales el Estado democrático está obligado a respetar y garantizar. La democracia constituye un sistema ético-político, es decir, un régimen que además de representar un conjunto de instituciones, procedimientos y técnicas de gobierno para la toma de decisiones políticamente significativas, también encarna un conjunto de valores, principios y normas de convivencia que le otorgan una superioridad moral respecto de otros regímenes políticos. Entre estos valores destacan la moderación, el libre debate de las ideas, la equidad, la libertad, la persuasión, la ausencia de cualquier tipo de violencia, el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los individuos y, quizá el más importante, el respeto de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial se afirmó que sin paz no existen derechos humanos. El reconocimiento de la no violencia entre las personas y de la existencia de sus derechos fundamentales, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, permitió que los principios en que se sustenta la democracia ampliaran sus espacios, reconociéndole un papel importante en la solución de los conflictos que vulneran los derechos de las minorías que son débiles en la esfera pública. En México, la democracia expresa el espacio en donde se confrontan, y se confrontarán con mayor fuerza en el futuro, los diferentes proyectos acerca del orden social que es necesario para resolver las tensiones generadas por nuestra compleja convivencia política.

NEVADO DE TOLUCA: ¿GENOCIDIO AMBIENTAL?

Quizá la principal característica de nuestra imperfecta democracia, sea la costumbre ancestral de nuestros políticos de tomar decisiones socialmente significativas sin consultar a los ciudadanos. En esta ruta, el pasado primero de octubre el presidente Peña Nieto expidió un decreto, que entró en vigor ese mismo día, para el cambio de la situación legal del Nevado de Toluca que pasó de ser considerado un Parque Nacional a convertirse en un Área de Conservación de Flora y Fauna, abriendo la puerta a distintas formas de especulación de la tierra y a proyectos privatizadores. Protegido desde 1936, el “Xinantécatl”, como también se le conoce, es un volcán cuyos bosques son fundamentales: “debido a su enorme capacidad de captación de agua, el Parque Nacional es estratégico para el abasto de agua a la ciudad de Toluca, su zona metropolitana y parte del Valle de México”, como reconoce el Estudio Justificativo para la Modificación de la Declaratoria del Área Natural Protegida elaborado por el gobierno. El impacto que esta decisión tendrá, afectará a la ciudad de Toluca y al Distrito Federal. El cambio de categoría abre la puerta a la recategorización de la protección ambiental para permitir actividades económicas no necesariamente sustentables. Desde hace tiempo se han intentado llevar a cabo proyectos “ecoturísticos” como la construcción de un centro de esquí en 1990, o cuando en 2003 se proyectó un campo de golf, cabañas y un centro corporativo, que no se pudieron realizar por las limitaciones legales entonces existentes. El cambio en su estatus legal ocurre en un momento en el que se observa un incremento de la devastación ecológica y de alteraciones ambientales: deforestación, erosión de suelos, contaminación, sobreexplotación de cuerpos de agua y desertificación creciente.

El acceso al medio ambiente sano representa un derecho común de la humanidad que está constituido por un conjunto de elementos naturales que en modo alguno pueden ser mercantilizados, privatizados o patentados, pues al ser propiedad colectiva no se encuentran bajo custodia de una persona en particular. El acceso universal a esos bienes es un derecho humano. La sustentabilidad ecológica es la base de la reproducción de la vida y un requisito imprescindible de solidaridad para con las generaciones futuras. El derecho al medio ambiente sano contempla el derecho a la vida, a la salud y a vivir con calidad de vida, el reconocimiento del acceso y disfrute, así como la protección de las tierras contra la degradación ambiental y el uso irracional de los recursos. Representa un derecho colectivo que implica obligaciones para el Estado. México cuenta con 176 áreas naturales protegidas bajo distintos regímenes establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las cuales van desde reservas de la biósfera hasta santuarios. Estas áreas representan 25 millones de hectáreas equivalentes al 12.9% de la superficie del territorio nacional. La mayor parte de la superficie protegida se encuentra como reserva de la biósfera e incluye manglares, bosques, arrecifes, dunas, selvas y algunos de los ecosistemas más emblemáticos del país, como los hábitats de la mariposa monarca y el tiburón ballena, los Montes Azules y el Pinacate, recién nombrado Patrimonio Mundial por la Unesco. Sin embargo, en materia ambiental México tiene dos pendientes: los derechos de los pueblos originarios y la participación democrática.

En efecto, por un lado, las principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios indígenas, que son además, zonas sagradas y ceremoniales, con presencia de sitios arqueológicos que los pueblos indígenas custodian y reclaman como suyos. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas identifica 127 áreas prioritarias, de las cuales 51 se encuentran en zonas indígenas. No obstante, la riqueza generada no los beneficia dado que han visto afectadas sus tierras de cultivo, no reciben compensaciones por obras de utilidad pública, y en ocasiones, sufren despojos y expropiaciones de sus tierras y territorios. Por el otro, el ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano se ve obstaculizado por la falta de democratización del proceso de toma de decisiones en la materia. Si en el pasado existía la necesidad de centralizar la política sobre el medio ambiente, hoy es urgente promover la descentralización democrática de la gestión pública ambiental.

Las políticas públicas sobre el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental deben complementarse con la participación social. La democratización implica la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos en el manejo sustentable de la naturaleza. Las comunidades deben hacerse cargo del control, conservación y regeneración de los recursos naturales de su entorno, tomando en consideración las culturas, usos, costumbres, formas de organización y de toma de decisiones en el diseño y aplicación de los programas para su aprovechamiento. Un tema que reclama nuestro proceso de cambio político, es la creciente participación ciudadana en los diferentes espacios de la vida colectiva. Por tal razón, en el caso del Nevado de Toluca es necesaria una consulta ciudadana.